Unión Hidalgo emprendió acciones legales contra la empresa Électricité de France (EDF) en su país, para exigir que se responsabilice por las violaciones al consentimiento libre, previo e informado, así como por ataques a defensoras del territorio en la implementación del proyecto eólico Gunaa Sicarú. Es la primera demanda de una comunidad indígena contra una empresa en su propio país, explica Guillermo Torres, abogado de la organización ProDESC.
Torres señala en entrevista telefónica con Desinformémonos que hay una voz que no ha sido escuchada en las discusiones en torno a la energía renovable: la de las comunidades afectadas, y denuncia que estos proyectos son fuente de despojo.
El abogado de ProDESC, una organización mexicana que desde el 2011 acompaña a comunidades indígenas en el istmo, señala que, frente a la llegada de empresas eólicas, los habitantes de la comunidad solicitaron asesoría jurídica, pues no sabían qué implicaciones tendrían estos proyectos. Además, explica que desde la entrada de EDF, Unión Hidalgo ha sido víctima de engaños y corrupción, por lo que buscan prevenir que esto suceda en otros lugares.
La empresa no informó a la comunidad de las afectaciones que traería el proyecto, además, firmó acuerdos con autoridades mexicanas y empresas productivas del estado, así cómo contratos privados de arrendamiento en lo individual, a pesar de contravenir la ley agraria, señala Torres y recalca que existe una violación del derecho a la información.
Quienes defienden su territorio en la comunidad han sido víctimas de ataques, violencias e intimidaciones, denuncia el defensor, y asegura que las autoridades no han hecho nada para evitar este contexto de violencia e inseguridad en la región.
En el 2017 y 2018, la comunidad promovió juicios de amparo para tener información sobre la empresa. En octubre del 2018, un juez falló en favor de Unión Hidalgo y ordenó que se llevara a cabo una consulta de acuerdo a los estándares del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas. El abogado explica que esta sentencia es atípica y permitirá que el proceso de consulta sea supervisado judicialmente, algo que no ha ocurrido en el pasado. Actualmente, la sentencia está suspendida debido a la contingencia sanitaria y la comunidad está a la espera de poderla reanudar.
Torres considera que el actual gobierno está a tiempo de revertir los errores, así como los agravios que se han cometido, y permitir que sea la comunidad la que decida sobre el futuro de estos proyectos. Consulta recién publicado informe: «Vigilancia sin Voltaje«, realizado por ProDESC y el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR)
AUTOR: REDACCIÓN.
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