Entre los puntos que se incluirán en la acción, adelantaron legisladores que participan en el procedimiento, se encuentra lo relacionado con la facultad que tendría el presidente de la Corte de mover y cambiar jueces de adscripción; los nuevos mecanismos establecidos para la evaluación de los juzgadores y las reglas para suspenderlos; la concentración de casos en la figura del titular del Poder Judicial, entre otros.
“El consenso es que sin duda una parte muy importante tiene que ver con el artículo 13 transitorio (que amplía de 2022 a 2024 la presidencia de Zaldívar), pero también hemos considerado la posibilidad de otros temas que tienen que ver con independencia y autonomía judiciales. Son temas muy importantes que tienen que revisarse al amparo de la Constitución”, dijo la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle.
En entrevista con Animal Político, la legisladora explicó que los nuevos puntos que serán incluidos en la acción de inconstitucionalidad son resultado de las mesas de análisis de un seminario que durante cuatro semanas se han realizado con expertos y organizaciones de la sociedad civil en este tema.
Tagle adelantó que ya han reunido las 167 firmas que como mínimo se requerían para sustentar esta acción en contra de la llamada “Ley Zaldívar”, por lo que la misma se estará presentando formalmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes del 10 de julio. Lo que falta es la actualización y verificación de alguna de las firmas y terminar de afinar el contenido del recurso.
Entre los firmantes de esta acción se encuentran diputados de oposición agrupados e el llamado “bloque de contención” que han integrado el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, pero a la que también se sumarán legisladores de Morena como los diputados Laura Villavicencio y Porfirio Muñoz Ledo.
Además de la acción de inconstitucionalidad que preparan los diputados, en la Cámara de Senadores también se encuentran elaborando la presentación de un recurso por su cuenta. Otros actores que podrían presentar también estas acciones son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República (FGR), aunque dichas instituciones no han anunciado su intención de hacerlo.
¿Y la consulta de Zaldívar?
El lunes pasado el ministro Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, presentó oficialmente ante sus colegas un recurso de consulta extraordinaria con la finalidad de evaluar si a través de este mecanismo se puede revisar si la ampliación de dos años avalada en al reforma judicial es o no inconstitucional, y si este medio es el idóneo para atender un asunto de esta naturaleza. Esto además de clarificar cual sería el procedimiento.
La solicitud de consulta fue turnada a la ponencia del ministro José Fernando Franco Salas (el de mayor experiencia entre los ministros), quien será responsable de elaborar el proyecto que da respuesta a dicho requerimiento, para ser sometido a consideración de sus colegas en una fecha próxima.
Aunque Zaldívar argumentó que la consulta que propone se resolverá mas rápido que una acción de inconstitucionalidad, los diputados resolvieron que continuarán con la elaboración del referido recurso de control constitucional, pues consideran que es el mecanismo adecuado para evaluar de fondo no solo la ampliación de su mandato, sino diversos aspectos de la reforma judicial.
“Reconocemos la disposición de Zaldívar, pero la consulta no es el medio idóneo para resolver la inconstitucionalidad de la norma. Y nos parece que es necesario analizar el fondo de la reforma judicial que también son trascendentales y se han visto opacados por el tema del transitorio. Por eso la acción de inconstitucionalidad es el recurso adecuado para ello”, dijo la diputada Tagle.
La legisladora añadió que otro factor de peso para haber optado por la presentación de la acción es que los efectos de la consulta propuesta por Zaldívar no son claros. Es decir, aun cuando de dicha consulta se resolviera que no es procedente la ampliación de dos años de su periodo, no es claro como eso se aterrizaría en los hechos.
Expertos privilegian acción sobre consulta
Expertos en Derecho constitucional consultados por este medio coincidieron en la necesidad de que la reforma judicial sea revisada a través de una acción de constitucionalidad, mas allá del resultado que tenga la consulta extraordinaria que resolverá el ministro Franco.
Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió que privilegiar solo la consulta puede ser incluso peligroso pues se trata de un procedimiento que no tiene reglas – a diferencia de una acción de inconstitucionalidad – y que debido a ello podría ser manejada a conveniencia de algún interés en particular.
“Es extraño como se han presentado las cosas y la posición del propio ministro Zaldívar quien había dicho inicialmente que se excusaría de todo el análisis, pero luego cambió de parecer con el tema de la consulta. También se había dicho que para la consulta solo bastaba con el voto de 6 ministros, pero luego se mencionó que no. Creo que es claro que algo está cambiando en la Corte y por ello es mejor que se intervengan las acciones de inconstitucionalidad que son las que nos pueden dar certeza”, apuntó.
El investigador de la UNAM insistió además en la importancia de que a través de la acción que presenten los legisladores sean revisados varios aspectos de una reforma judicial que por un lado genera dudas sobre la concentración de poderes en la figura del presidente de la Corte, y por el otro se quedó corta en temas como el fortalecimiento de la Defensoría Pública.
Javier Martín Reyes, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), coincidió con los legisladores que promueven la acción de inconstitucionalidad respecto a la poca claridad de los alcances de la consulta promovida por Zaldívar y de la aplicación del resultado, cualquiera que este sea.
“La acción de inconstitucionalidad tiene la ventaja de que permite un contraste directo entre la constitución y una ley secundaria y si se determina con una mayoría calificada de ocho ministros que hay violación dicha norma o artículo se expulsa. El resultado es claro”, señaló el especialista.
La buena noticia que Martín Reyes señaló respecto a la consulta es que esta se haya turnado al ministro Franco, quien ha sido consistente en su posición de autonomía del Poder Judicial y quien antes ya ha mostrado su posición en contra de la extensión de mandato en los cargos, como fue el caso del proyecto que elaboró sobre la ampliación que buscaba el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.
“Pero aun así persisten los problemas porque si bien, hay quienes dicen que a través de la consulta se podría invalidar este transitorio que es claramente contrario a la Constitución, esto iría mucho mas allá de los alcances que tiene esta figura. Son muchas las interrogantes y esto solo subraya la imperiosa necesidad de que se presenten las acciones de inconstitucionalidad”, concluyó Reyes.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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