La constructora OHL, fundada por Juan Miguel Villar Mir –bien conocido en México relacionado directamente con los gobiernos de los priistas Arturo Montiel Robles y Enrique Peña Nieto en el Estado de México, y luego con el propio EPN como Presidente de la República–, obtuvo dicha adjudicación a través de un acuerdo criminal de su consejero López Madrid y el alto directivo Rafael Martín de Nicolás, con González y el gerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, por el que estos dos últimos obtuvieron una mordida a repartir de 1.8 millones de euros, según consta en una resolución judicial, a la que tuvo acceso el citado diario español.
García-Castellón decidió abrir juicio oral contra el también exdirigente del Partido Popular (PP) de España luego de constatar “indicios racionales de criminalidad” en la concesión de las obras del tren a Navalcarnero por 360 millones de euros, adjudicadas en 2007 por el Gobierno regional e investigadas en el marco del Caso Lezo. Según la Fiscalía Anticorrupción, que pide sólo por estas pesquisas cuatro años de cárcel para el expolítico, González recibió parte de la comisión de 2.5 millones de dólares—1.8 millones de euros al cambio de entonces— que supuestamente pagó la constructora OHL a cambio del proyecto.
El Juez García-Castellón atribuye a los acusados los delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo, cohecho activo y falsedad en documentos mercantil, mientras que la Fiscalía Anticorrupción solicita que se condene a cuatro años de cárcel al exalcalde de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en ésta que es la pieza número 3 del Caso Lezo, aunque la petición más alta de condena es para el empresario Javier López Madrid: una pena de seis años de cárcel.
El 27 de octubre de 2020, esa Fiscalía adelantó que no veía indicios suficientes para acusar a Juan Miguel Villar Mir, ahora expresidente de OHL, por este escándalo que toca directamente a México. Unos meses antes, en junio también del año pasado, el Juez García Castellón pidió a la constructora OHL una aclaración de por qué un contrato de su filial en México –de 3.4 millones de dólares y sometido a investigación judicial– fue negociado desde España por Javier López Madrid, el yerno de Villar Mir.
Una investigación del periodista mexicano Alejandro Gutiérrez, publicado en la revista Proceso, detalló que de acuerdo con un auto judicial del 16 de junio de 2020, adelantado entonces por el diario digital español Vozpopuli y al que Gutiérrez tuvo acceso, el Juez pidió a la constructora que justifique “los motivos por los que la negociación de ese contrato fue realizado por Javier López Madrid, que no tenía responsabilidades ejecutivas en el grupo constructor ni en Constructora de Proyectos Viales de México (CPVM) en aquellas fechas”.
El magistrado abrió esta investigación del famoso Caso Lezo el 14 de marzo de 2018, luego de recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española, que aportó indicios de una práctica generalizada de pago de “comisiones a funcionarios púbicos por parte de responsables del Grupo OHL en relación con la adjudicación de determinadas obras públicas para su ejecución por dicho grupo en todo el territorio nacional”, planteó un documento de la Fiscalía Anticorrupción fechado el 19 de mayo de 2020.
La filial mexicana de OHL, Constructora de Proyectos Viales de México (CPVM), involucrada en esta investigación, está relacionada con la construcción y gestión del Circuito Exterior Mexiquense, del Viaducto Bicentenario, ambas en el Estado de México y cuyas concesiones se dieron entre los gobiernos de los priistas Arturo Montiel y Enrique Peña, así como en las obras de construcción del aún inconcluso Tren México-Toluca y del Tren Ligero de Guadalajara.
Sin embargo, en distintas ocasiones a lo largo de la investigación, ha negado sus ligas con el caso y también no ha permitido ser investigada, junto con OHL, por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil Española. CPVM ha expuesto que “en ningún caso el Grupo OHL o sus filiales pagan sobornos a ningún partido político ni gobierno ni particulares”, y afirmaron que OHL no tiene ninguna imputación en España.
También afirmaron que no tiene relación ninguna con el expresidente Enrique Peña Nieto, con quien fuera su titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el ya fallecido Gerardo Ruiz Esparza, ni con Emilio Lozoya Austin, quien es investigado en México por recibir millonarios sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña de Peña Nieto, para luego ser compensada con contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la que Lozoya Austin fue director general en la administración federal de Peña.
El propio Lozoya tiene abierto un expediente en la Fiscalía General de la República (FGR) que da indicios de posibles sobornos procedentes de empresas ligadas a la constructora española OHL, que se vio beneficiada con multimillonarios contratos y concesiones por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, según documentos obtenidos por el diario El País.
En esos documentos recopilados por la Fiscalía, aparecen transferencias por cerca de cinco millones de dólares a una cuenta que tenía como beneficiario final a Lozoya en el banco suizo UBS, realizadas por dos empresas que las autoridades judiciales españolas investigan dentro de la red de corrupción del Caso Lezo.
Aunque CPVM se ha desligado de esta trama, el Juez García-Castellón sigue desde entonces la liga que involucra a OHL México con el Partido Popular (PP) de España y con uno de sus representantes prominentes: Ignacio González, quien fue presidente de la Comunidad de Madrid del 27 de septiembre de 2012 al 25 de junio de 2015.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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