“Su nombre aparece en numerosas ocasiones y en varias páginas de los expedientes de la investigación abierta del caso Camarena. Si ingresa a Estados Unidos sería detenido para ser interrogado al respecto”, dice tajante a Proceso uno de los funcionarios estadunidenses.“El señor Bartlett sabe que su nombre ha sido mencionado durante las décadas que lleva esta investigación en curso del caso Camarena y por eso tendría que declarar ante un Gran Jurado”, agrega otro funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Camarena, agente de la Administración Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, fue secuestrado el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara y asesinado dos días después por pistoleros y expolicías judiciales del estado bajo las órdenes de un grupo de narcotraficantes encabezados por Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, quienes a su vez se encontraban presuntamente coludidos con autoridades federales y estatales, como ha publicado Proceso en diversas ediciones (1928, 1940, 1953, 1955 y 1975, entre otras).
Los funcionarios del Departamento de Justicia –quienes por tratarse de una investigación en curso piden el anonimato–, dicen que varios “testigos protegidos” que llevan años colaborando en el caso han insistido en mencionar a Bartlett.
“(Bartlett Díaz) tendría que hacer muchas aclaraciones sobre por qué diferentes testigos que, incluso entre ellos no se conocen, insisten en involucrarlo en el caso del secuestro, tortura y asesinato de Camarena”, sostiene uno de los dos funcionarios entrevistados.
Los documentos del caso mencionan al actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como participante en reuniones con narcos y funcionarios antes del secuestro y después del asesinato de Camarena.
Expediente oficial
La entrevista con los funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos se llevó a cabo por solicitud de Proceso para consultar sobre la autenticidad de tres fragmentos de un expediente oficial sobre el asesinato de Camarena, el cual se encuentra sellado en una corte federal en California.
Los funcionarios confirmaron la autenticidad de los fragmentos obtenidos por Proceso. En ellos, varios declarantes –cuyos nombres aparecen testados– involucran a Bartlett en el caso del asesinato del agente de la DEA cuando fungió como secretario de Gobernación de México de 1983 a 1988.
Junto a su nombre aparecen los de otros altos funcionarios del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, como el general Juan Arévalo Gardoqui, secretario de la Defensa Nacional, y José Antonio Zorrilla Pérez, director de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Uno de los fragmentos resume los cargos desempeñados por Bartlett y las responsabilidades que tenía cuando secuestraron y asesinaron a Camarena:
“3. Manuel Bartlett Díaz, gobernador de Puebla, exsecretario de Educación, exsecretario de Gobernación. Como secretario de Gobernación era el jefe responsable de la Dirección Federal de Seguridad (DFS). La DFS estaba tan profundamente involucrada con los traficantes que los testigos que han declarado dicen que era imposible encontrar la diferencia entre ellos. Hay aproximadamente 800 expedientes de la DEA que reflejan los reportes de la corrupción de la DFS entre 1980 y 1990. Bartlett Díaz estuvo presente en varias reuniones previas al secuestro en las que se habló del secuestro de Camarena… y … también lo han ubicado como uno de los que estuvieron presentes la noche del 7 de febrero de 1985 en la casa con el número 881 de la calle Lope de Vega.
“También se reportó que Bartlett Díaz participó en una reunión en la Ciudad de México, el 25 de febrero de 1985, en la que se habló sobre información filtrada a la DEA… Un testigo declaró que se le entregó a Bartlett Díaz una copia de los casetes con las grabaciones del interrogatorio de Camarena”, se lee en el fragmento.
La casa en la calle Lope de Vega a la que hace referencia el párrafo anterior pertenecía a Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Luis Echeverría Álvarez. Fue en ese inmueble donde Camarena fue interrogado con métodos atroces de tortura antes de ser asesinado.
Otro de los fragmentos del expediente oficial, señala:
“15. … declaró que tarde por la noche, el 7 de febrero de 1985, él/ella miró a una de las salas de la residencia y en la estancia estaban presentes los siguientes individuos: Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero, el secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz, Rubén Zuno Arce, el director de la policía preventiva Pablo Alemán Díaz, el gobernador de Jalisco Enrique Álvarez del Castillo, el Secretario de la Defensa Nacional Juan Arévalo Gardoqui, el jefe de la 15ª Zona Militar general Vinicio Santoyo Feria, el director la Policía Judicial Federal Manuel Ibarra Herrera, el director de la Interpol Miguel Aldana Ibarra, el director de la Dirección Federal de Seguridad José Zorrilla Pérez, Juan Matta Ballesteros, José Contreras Subias, el comandante de la IPS Sergio Espino Verdín, Juan Esparragoza Moreno, alias ‘El Azul’, Miguel Ángel Félix Gallardo, Manuel Salcido Uzeta, alias ‘Cochiloco’, y Sergio Salcido, alias ‘Pico Chulo’… Declaró que durante este periodo él/ella se dio cuenta que Fonseca Carrillo no estaba presente en la residencia, pero que regresó poco tiempo después.”
El tercer fragmento del expediente, señala lo siguiente:
“Luego declaró que él/ella recuerda que unos días antes del secuestro de Enrique Camarena, se celebró una reunión en una casa de Rafael Caro Quintero que estaba localizada cerca de la Base de la Fuerza Aérea Mexicana de Santa Lucía, en Zapopan (Jalisco). Estableció que estaban presentes Santoyo Feria, Arévalo Gardoqui, Álvarez del Castillo, Bartlett Díaz, Zuno Arce, Manuel Salcido Uzueta, alias ‘Cochiloco’, Sergio Salcido, alias ‘Pico Chulo’, Miguel Ángel Félix Gallardo, Ramón Matta Ballesteros, Javier Barba Hernández, Abelardo Hernández, alias ‘El Ingeniero’, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo.”
Desacreditar testigos
“Fue en 1997 –comienza narrando con mucha calma uno de los funcionarios del Departamento de Justicia– cuando Bartlett Díaz contrató a un grupo de investigadores privados y de abogados para que averiguaran todo lo referente a la vida de los testigos protegidos que lo han involucrado en el caso Camarena.
“Su intención era desacreditar a los testigos. Sus investigadores recopilaron los pecados de éstos, denuncias sobre que eran policías corruptos, que habían cometido asesinatos por ordenes de los narcotraficantes, que violaron a mujeres, que eran infieles, que tenían hijos con diferentes esposas… en fin. Su idea era restarles credibilidad.”
–¿Cómo se enteró el Departamento de Justicia de esa investigación? –se le inquiere al funcionario.
–Porque sus abogados entregaron a la Corte en California los resultados de lo que recopilaron en México sobre los testigos, pero el Gran Jurado y el juez los rechazaron porque no había nada que no se conociera y se consideró como una treta de Bartlett Díaz para evitar que fuera interrogado al respecto.
–Desde que se le ha mencionado en el caso Camarena, ¿Bartlett Díaz ha entrado a los Estados Unidos? –se le cuestiona.
–Esa es información personal y confidencial, por lo que estoy impedido a hablar sobre el punto –revira.
Dos de esos testigos que fueron investigados por órdenes de Bartlett son José Godoy y Héctor Cervantes Santos. La prensa mexicana y estadunidense ha hecho referencia a sus testimonios que vinculan al actual director de la CFE con el caso Camarena.
Un documento del gobierno de Estados Unidos etiquetado con la leyenda “Top Secret” y con fecha del 13 de febrero de 1990, también menciona a Bartlett Díaz, pero en referencia al caso del asesinato del periodista Manuel Buendía, ocurrido en la Ciudad de México el 30 de mayo de 1984.
“Buendía llevó a cabo una investigación sobre la colusión que existía entre Manuel Bartlett Díaz, exsecretario de Gobernación, con Miguel Aldana Ibarra, excomandante de la Policía Judicial Federal, y Manuel Ibarra Herrera, exdirector de la DFS, quienes eran consortes de los narcotraficantes”, se lee en el documento, cuyo contenido dio a conocer Proceso el 6 de abril de 2014.
Trece días después –el 19 de abril de ese año– Bartlett Díaz envió a la dirección de Proceso una carta aclaratoria en la que calificó de “un auténtico galimatías” al texto y al documento, a lo que el semanario respondió publicando el documento del gobierno estadunidense.
La noche del pasado jueves 20, el reportero buscó a Luis Bravo Navarro, director de comunicación social de la CFE, quien aceptó tener una conversación telefónica al día siguiente fijando la hora al medio día de la Ciudad de México.
Cumpliendo con lo pactado, Proceso planteo a Bravo Navarro el contenido de la información respecto al director de la CFE y el vocero de la dependencia estatal pidió una hora de plazo para hablar con Bartlett Díaz sobre el asunto y determinar si habría alguna declaración o reacción.
Pasado el tiempo convenido Bravo Navarro ya no contestó la llamada del reportero y se limitó a enviar un mensaje de texto en el que anotó: “No he podido hablar con él”. Por la misma vía se solicitó al portavoz que avisara cuando ya hubiera sostenido la conversación con el director de la CFE para así poder llamarle. Al cierre de esta edición la vocería de la paraestatal mexicana no había respondido al pedido.
Es del conocimiento público que Bartlett Díaz niega cualquier referencia suya que lo relacione con el caso del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA.
Hay, sin embargo, dos cosas inapelables al respecto: la primera, que mientras no se cierre la investigación del caso Camarena, si ingresa a Estados Unidos sería detenido para ser sometido a un interrogatorio.
La segunda, que su nombre es mencionado en muchas ocasiones y en diferentes circunstancias en documentos desclasificados de la investigación, los cuales están en la Corte Federal de Los Ángeles, California, bajo la referencia número CR-87-422.
Este reportaje se publicó en la edición 2325 del semanario Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
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