Este juicio agrario comenzó en el 2004, cuando pequeños propietarios demandaron a la comunidad en el Tribunal Unitario Agrario no. 38.
“Sorprende cómo el Estado mexicano, siendo independiente de España, no reconoció y no respetó los documentos históricos que obran en nuestra comunidad, ¿cómo es que los conquistadores sí lo reconocieron?”, se preguntó Evaristo Domínguez, comunero, y explicó que la comunidad tiene títulos virreinales que reconocen la propiedad de sus tierras. “La lucha por nuestros bienes comunales no ha sido sencilla, pero nosotros hemos estado aquí desde tiempos inmemorables”, señaló.
Hemos entregado el documento de atracción del juicio agrario a la @SCJN y a las instancias necesarias para su atracción, juicio que amenaza nuestro territorio. A partir de hoy estaremos insistiendo en nuestro derecho a vivir en paz. #OstulaVive #Ostula pic.twitter.com/vx7FZ8QFu3
— Comunicación Ostula (@COstula) June 21, 2021
Domínguez recuerda que, en asamblea, los comuneros decidieron el 8 de abril del 2008, trasladarse a Xayacalan y tomar posesión de esos lugares invadidos desde la década de los 60. Fue el 29 de junio de 2009, que Santa María Ostula recuperó las tierras en disputa. “Fue duro, ya que muchos compañeros fueron asesinados y otros desaparecidos, es difícil recordar todo esto, para la comunidad es un golpe fuerte”, dijo Domínguez.
La comunidad tomó la decisión de reclamar sus tierras, señalaron los comuneros, y exigieron al Estado Mexicano que respete y reconozca su territorio, “que desde tiempos inmemorables está en su posesión”.
Por su parte, el abogado Raymundo Ortiz, aseguró que esta petición a la SCJN es por la defensa de la autonomía de la comunidad, y añadió que el proceso del juicio ha estado plagado de irregularidades, lo que ha afectado a miles de comuneros y a quienes viven en la zona en conflicto. Ortiz consideró que detrás de esta disputa territorial existen grandes intereses externos, por la posibilidad de realizar desarrollos turísticos y otras actividades de explotación de los recursos en la comunidad.
Adriana Hernández, abogada, aseguró que este conflicto derivó a causa de las omisiones del Estado, por la demarcación y protección efectiva de la tierra de Santa María Ostula, y consideró que de atraer el caso, la SCJN sentaría un precedente para otras comunidades, pues podría indicar los pasos a seguir cuando hay errores por parte del Estado en documentos emitidos a pueblos indígenas.
Santa María Ostula fue fundada en 1531, recordó Carmen Ventura, doctora en Ciencias Sociales del Colegio de Michoacán, y señaló que existen investigaciones arqueológicas que dan cuenta de los asentamientos prehispánicos de la comunidad nahua. Agregó que, como comunidad, están apelando a que se reconozca esta posesión ancestral del territorio y que el Estado tiene la obligación de cumplir.
María de Jesús Patricio, Marichuy, integrante del Congreso Nacional Indígena y vocera del Consejo Indígena de Gobierno, advirtió que el despojo que ha sufrido Ostula es una muestra de lo que viven otras comunidades indígenas de México: “desprecio, abandono y saqueo a través de los años”. Consideró que hay intereses capitalistas que quieren esas tierras, pero la comunidad le da un valor a cuidar la tierra y a su organización.
“Estamos en un punto crucial en términos jurídicos, ya que de perder el juicio, en realidad lo peor estaría por venir: la destrucción del lugar en donde viven cientos de familias, el desconocimiento de la propiedad comunal de la tierra, los derechos fundamentales a los que tienen derecho las personas nahuas que habitan en Ostula”, señaló la comunidad.
AUTOR: ERIKA LOZANO.
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