De acuerdo con especialistas que participaron en el seminario web “Pobreza en México: perspectivas del impacto de la COVID-19”, para afrontar este panorama se requiere de la conformación de un sistema de protección universal que asegure el acceso a derechos.
“Lo que estamos viviendo no sólo nos lleva al mal estadio que estábamos antes, sino nos lleva a uno peor, con más exclusión de mujeres y jóvenes. Necesitamos una recuperación incluyente y para eso se requerirían de políticas públicas”, explicó Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza.
La pandemia evidenció, que, por ejemplo, el acceso a salud es una prioridad y no debería estar ligada al tipo de contratación en los empleos, porque como se vio durante el confinamiento, aun cuando la gente tenga trabajo, las personas no ganan lo suficiente para solventar necesidades ni tienen acceso a seguridad social.
Incluso se debe considerar que “la informalidad no es una decisión de personas que no quieren pagar impuestos cuando en realidad es la exclusión de derechos laborales de personas que trabajan”, dijo Hermosillo.
Ante esa desprotección, cuando un integrante de la familia enfermó de COVID significó una tragedia con la ausencia de seguridad social y peor aún con la pérdida de empleo, pues 45% de quienes tuvieron a un familiar contagiado, gastó 5 mil pesos para el tratamiento, mientras que 28% gastó entre 10 mil y hasta 50 mil pesos, lo que representa un gasto altísimo en las familias y en ocasiones perder patrimonio, explicó Graciela Teruel, de EQUIDE Ibero.
De acuerdo con la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (ENCOVID-19) realizada por EQUIDE Ibero, en la que analizó las medidas de “alivio” económico entre las familias ante la pandemia, detectó que 75% no recibe programas sociales, mientras que 10.76% reciben la Pensión para adultos mayores y 7.5% recibe becas Benito Juárez.
Pero ante la pregunta de qué hacen ante la falta de dinero, los encuestados respondieron que pidieron prestado a familiares o amigos (24%), dejaron de pagar deudas (17.74%), dejaron de pagar renta o servicios (16.90), empeñaron o vendieron objetos de valor (11.28%), vendieron o realizaron otras actividades (7.87%) y 4.2% usaron tarjetas de crédito o pidieron a prestamistas.
Mayor exclusión de mujeres
Aún antes de la pandemia, las mujeres tenían una menor tasa de participación económica con 40.5% contra 73% de participación entre hombres, lo que ubica a México como el penúltimo lugar en participación femenina en América Latina y el Caribe.
Además, siempre ha existido una “penalización del mercado laboral contra las madres”, pues la mitad dejan su empleo cuando tiene un hijo, le disminuyen el salario y se incrementa hasta en 20 horas el tiempo que dedican a trabajos no remunerados, contra 5 horas que le dedican los hombres.
Tras la pandemia, el impacto en el trabajo y los cuidados también fue mayor entre las mujeres, pues perdieron el empleo o aún teniéndolo, incrementaron el tiempo para cuidados en casa.
Por ello la política social deberá instituir un sistema nacional de cuidados y establecer la ruta para lograr la seguridad social universal que no dependa del régimen laboral, dijo Hermosillo.
“La fragmentación actual del sistema de seguridad social y esté ligado al factor de ocupación de las personas actúa como un factor de reproducción de las desigualdades y exclusión, además favorece la negación de derechos”, explicó Annabelle Sulmont, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Pero para lograr su instrumentación se requiere “mejorar las tasas de recaudación, asegurar la suficiencia presupuestaria e incrementar el gasto público en salud”, consideró Sulmont.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
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