La reforma electoral que ha perfilado el presidente Andrés Manuel López Obrador es inviable; hay más un afán propagandístico de desacreditar a las actuales autoridades electorales que condiciones reales para fusionar al Instituto Nacional Electoral (INE) con el Poder Judicial de la Federación (PJF) o que se descentralice parte de sus funciones, advierten tres exconsejeros electorales.
Para el exconsejero del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y posteriormente también del INE, Arturo Sánchez Gutiérrez, las declaraciones del presidente sobre la posibilidad de que el PJF absorba al INE obedece a “una estrategia política” para descalificar a las actuales autoridades electorales de cara a los comicios de este domingo.
Sánchez Gutiérrez agrega que, más allá de las propuestas, es necesario que cualquier reforma en materia electoral sea aprobada con el consenso de todas las fuerzas políticas, como ha sucedido en el pasado, y destaca que no fueron propuestas del partido en el gobierno, sino de fuerzas opositoras que exigían mayor equidad en los procesos electorales.
Para la exconsejera Pamela San Martín Ríos y Valles, no es viable que todas las funciones administrativas y organizativas del INE sean transferidas al PJF, puesto que organizar una jornada electoral requiere de atribuciones administrativas que no tienen y no existen en su interior.
Sin embargo, San Martín advierte que antes de comenzar a hablar de una reforma electoral de grandes magnitudes, es necesario que todos los grupos parlamentarios, incluyendo Morena, presenten una iniciativa de ley en la materia, ya que en la actual Legislatura, iniciada en diciembre de 2018, no se han presentado propuestas concretas de ningún grupo parlamentario para modificar las leyes electorales rumbo a 2024.
A su vez, el expresidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, señala que el modelo electoral de México ha sido fuente de inspiración en otros países de América Latina y El Caribe, por lo que incluso en República Dominicana recientemente se aprobó una reforma electoral para crear una Junta Central Electoral, similar al INE, mientras que las impugnaciones tendrán que ser resueltas por una Sala Especial de la Corte, presidida por un magistrado que está a punto de pasar a retiro.
El exconsejero y actual catedrático universitario considera que abatir los costos de operación del INE tampoco es un argumento para aprobar una reforma electoral hecha al vapor, puesto que las funciones administrativas que le corresponden al instituto tendrían que ser transferidas a otras dependencias o instituciones de gobierno, las cuales estarían obligadas a realizar nuevas contrataciones y a exigir mayor presupuesto para cumplir sus nuevas funciones.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2327 del semanario Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTRO: JUAN OMAR FIERRO.
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