Con más de 20 mil cargos en juego, las elecciones del domingo fueron las mayores de la historia de México. Se votó por 500 miembros de la Cámara Baja del congreso y 15 gobernadores, así como por miles de funcionarios locales.
Según los datos que manejan estos expertos, durante el periodo previo a la campaña y la propia jornada electoral, hubo al menos 782 ataques por motivos políticos –que van desde amenazas de muerte hasta asesinato– contra políticos. Incluso, señalaron, muchos candidatos abandonaron la campaña alegando que temían por su vida.
Sin embargo, la consultora Etellekt reporta, hasta las 12:00 horas del domingo 6 de junio, que su Informe de Violencia Política había registrado ya un total de 935 agresiones o delitos globales, con un saldo de 100 políticos asesinados, de ellos 22 eran aspirantes y 14 candidatos con registro ante sus partidos.
La lista de políticos asesinados la encabezaron Veracruz y Chiapas, con 18 y 12 víctimas mortales, respectivamente, señala Etellekt. Tres de estas víctimas fueron asesinadas en Chiapas, durante la jornada electoral del domingo.
“Hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que pongan fin a la intensa polarización de la vida pública y que garanticen que las futuras elecciones se celebren de forma pacífica”, señalan los expertos de la ONU.
“Llamamos a que se investiguen de forma completa y transparente los asesinatos de los candidatos políticos y las numerosas violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante la campaña y el día de las elecciones”, continuaron; “esta es la única manera de que México avance democráticamente”.
El paquete de medidas para asegurar una vida pacífica y democrática en México debe incluir, según los relatores, investigaciones “completas y efectivas” de todos los actos de violencia relacionados con el proceso electoral, justicia y reparación para las víctimas, así como medidas para asegurar que las futuras elecciones sean pacíficas y conforme con los estándares internacionales de Derechos Humanos.
Si bien los relatores de la ONU y la OEA han reconocido los esfuerzos del Gobierno mexicano para contrarrestar la violencia, incluyendo la reciente implementación de una estrategia para frenar la violencia política y las amenazas contra los candidatos, y los esfuerzos genuinos para asegurar que ningún votante sea discriminado”, reconocieron que esperaban no volver a ver los asombrosos niveles de violencia alcanzados en las elecciones de 2018.
“Este año ha sido, si cabe, aún peor“, lamentaron.
Hay que tomar medidas serias de inmediato para apoyar a las instituciones democráticas para que dicha violencia no se repita durante las elecciones presidenciales de 2024, afirmaron.
“El derecho a la vida es absolutamente fundamental y los candidatos deben poder hacer campaña sin temer por su vida”, consideraron. “México también debe respetar, proteger y cumplir los derechos a la libre asociación y a la participación en el proceso político, incluido el derecho de los ciudadanos a elegir al candidato de su elección”.
Violencia contra las mujeres
Asimismo, los expertos expresaron su preocupación ante la persistencia de patrones discriminatorios operados por los actores políticos, especialmente contra las mujeres y los grupos tradicionalmente marginados, como los pueblos indígenas.
También, han manifestado su especial preocupación por el nivel de violencia sin precedentes contra las mujeres, incluidas las periodistas. Las agresiones contra las mujeres –incluida la violencia sexual– representaron más de un tercio de todas las agresiones denunciadas durante la campaña.
Según los expertos, la campaña ha puesto de manifiesto otros problemas de Derechos Humanos, como la presunta participación de la delincuencia organizada en la campaña y la intimidación que conduce a la autocensura de los periodistas, lo que, a su juicio, obstaculiza la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones políticas con conocimiento de causa.
En este contexto, los expertos también subrayaron el importante papel desempeñado por las instituciones electorales independientes.
“Son vitales para prevenir el fraude electoral y, por tanto, deben ser protegidas de cualquier presión indebida, intimidación o amenaza“, afirmaron.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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