En casos recientes de muertes a manos del ejército, como un ciudadano guatemalteco asesinado por un soldado en la frontera de Chiapas, o dos ejecuciones extrajudiciales registradas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, los familiares de las víctimas aseguraron haber recibido la visita de representantes de la Sedena o de la Fiscalía General de la República (FGR) que realizaron una oferta económica que osciló entre el millón y los 300 mil pesos. Al menos a uno de ellos se le dijo que si aceptaba el apoyo económico debía renunciar a la investigación penal.
Animal Político tuvo acceso al formato de documento empleado por la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Sedena en el momento de negociar con las víctimas. En el punto siete, se incluye el apartado por el cual el agraviado se compromete a que “no existe ningún otro concepto que reclamar” tanto a la secretaría como a ningún otro funcionario. No especifica si se limita al reclamo económico o se hace extensible a otras demandas que pudieran realizarse, como acudir a la FGR. Los términos del acuerdo se consideran confidenciales y no se permite que las partes puedan hacerlos públicos sin consentimiento por escrito.
Por el momento ni siquiera hay acceso a cuántos casos se resolvieron con este mecanismo o cuánto dinero se utilizó para compensar a los familiares de las víctimas. Animal Político pudo documentar al menos 187 casos en la última década, sin obtener detalles sobre qué ocurrió en cada una de las agresiones o el monto total de las indemnizaciones.
Para reservar la información la Sedena argumentó que revelar los datos podría poner en riesgo la vida de las personas que recibieron la compensación económica. Señala que recibieron un recurso económico y que podrían ser víctimas de extorsión, secuestro o fraude.
Argumenta también que se trata de hechos que podrían ser constitutivos de delito y ser investigados por la FGR, por lo que la revelación de sus detalles pondría en peligro el trabajo de la fiscalía. “El revelar el contenido de la carpeta de investigación implicaría un daño en a la persecución de delitos y a la impartición de justicia en menoscabo de los involucrados”, dice la justificación de Sedena. Además, considera que se podría vulnerar el derecho al honor y a la presunción de inocencia por parte de los implicados.
En realidad, aunque las vulneraciones a los Derechos Humanos llegasen a las autoridades es prácticamente imposible que los perpetradores sean juzgados si son militares. Animal Político obtuvo datos del Poder Judicial que mostraron que menos del 1% de los delitos cometidos por miembros del ejército entre 2015 y 2019 llegaron ante el juez.
El ejército dispone de un mecanismo de compensación de las vulneraciones a los Derechos Humanos cometidas por sus integrantes, mediante la Unidad de Vinculación Ciudadana, que es la encargada de ponerse en contacto con los afectados y negociar el pago de una indemnización, así como de hacerse cargo de los gastos funerarios u otro tipo de apoyos. El mecanismo, sin embargo, funciona con opacidad y en ocasiones implica dejar fuera a otras instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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