Con el actual gobierno, continúa el despojo y el desprecio hacia las comunidades indígenas, advirtió María de Jesús Patricio, vocera del Concejo Indígena de Gobierno, y denunció que la estrategia de militarización sirve para imponer megaproyectos. Aseguró que los pueblos tienen el deber de cuidar y proteger la vida para las futuras generaciones.
Con tambores y consignas, mujeres, hombres, niñas, niños, integrantes de la comunidad otomí, así como personas defensoras asistentes, dieron la bienvenida al Encuentro de Resistencias y Rebeldías, y compartieron sus experiencias.
Hace menos de un mes, fueron encarcelados dos pobladores de Santiago Mexquititlán, en Querétaro, comunidad que actualmente mantiene un plantón para exigir respeto a su pozo de agua, narró Sara Hernández, y dijo que gracias a la presión social, los defensores del agua hoy están libres. También denunció que la comunidad ha sufrido amenazas e intimidaciones por parte de grupos políticos y “caciques”.
Adrián Hernández, quien forma parte del plantón de pueblos de la región nahua frente a la empresa Bonafont en Juan C. Bonilla, Puebla, señaló que no han sido tomados en cuenta por los gobiernos, pues no han querido dialogar con los pueblos. Y agregó que les “preocupa el futuro de la niñez en las comunidades, pues hay mucha escasez de agua en la región”.
“Ha habido una especie de contrainsurgencia por parte de este gobierno que día a día intenta entrar en la vida de las comunidades y desarticular la organización que queda”, denunció Pedro Uc, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal, y señaló que como pueblos mayas de Yucatán, se enfrentan a la destrucción de las selvas y los bosques, así como de su patrimonio, para la imposición del proyecto “Tran Maya”. Además, ejidatarios de Campeche y Yucatán han sido despojados de sus territorios con manipulación, dijo.
Por su parte, Melitón Ortega, vocero de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, denunció que el gobierno anterior simuló una investigación e intentó ocultar información. Además, Ortega aseguró que las autoridades buscaron dividir a las familias, pero ellas no se rindieron. En cuanto al actual gobierno, dijo, su deseo de encontrar a los 43 se queda en palabras, porque su investigación no ha proporcionado información. “Hay un elefante blanco que no quiere caminar», consideró, y dijo que los padres y madres seguirán con las búsquedas hasta que se esclarezca el paradero de sus hijos.
“Es lamentable tener un gobierno que sólo engaña al pueblo”, señaló Rafael Figueroa, estudiante de Ayotzinapa, y recordó la represión cometida por autoridades contra estudiantes de Mactumactzá, Chiapas, y Teteles, Puebla, en las últimas semanas. Los ataques, narró, comenzaron cuando el 18 de mayo los estudiantes exigían que el examen de ingreso a la normal se realizara de manera presencial, cuando fueron atacados por la policía con gases lacrimógenos, y posteriormente 94 estudiantes fueron detenidos. Aunque hoy llevan su proceso en libertad, siguen acusados de distintos delitos y están siendo juzgados fuera de la cárcel.
A casi 28 meses del asesinato de Samir Flores, su crimen sigue impune, recordó su compañera, Liliana Velázquez, y señaló que, “aún no tenemos respuestas, no tenemos culpables, pero sabemos que a Samir lo mataron por defender la tierra y el agua”, dijo.
Bettina Cruz, parte de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, afirmó que durante el actual gobierno se reactivó el megaproyecto del Corredor transístmico, lo que, dijo, ha generado violencia en distintos territorios de la región, y también ha provocado que las comunidades se organicen para resistir al despojo.
Yasmín Carrillo, de los Valles Centrales de Oaxaca, narró que distintas comunidades del estado se organizaron contra un proyecto minero. Por su parte, Beatriz Rivero, integrante de la organización de los 12 pueblos originarios de Tecámac, Estado de México, que se oponen al aeropuerto de Santa Lucía, señaló la urgencia de reconocer la historia colectiva de la cuenca de México. “La cuenca no aguanta ningún megaproyecto más, por eso decimos no al aeropuerto de Texcoco y al de Santa Lucía”, advirtió.
“Donde sólo había mentiras y engaños, hoy aquí florece la conciencia por el derecho a a la vivienda, a la educación, a la salud”, dijo Doña Fili, parte de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, y reflexionó sobre la importancia de la toma de espacios como el INPI, “ante el despojo de los gobiernos, sólo esto nos queda”, señaló. La activista exigió la libertad incondicional para los normalistas de Mactumactzá, así como de los presos mazahuas de Oaxaca. “Como humanidad debemos levantar nuestra voz, esa voz que nos hará libres”, finalizó.
Ana Karen Martínez, de voluntarios por la defensa del agua en Milpa Alta, denunció que a mediados de marzo del año pasado, las autoridades quisieron aprobar un proyecto para la instalación de un pozo, a lo que se opusieron y como comunidad exigieron información, pero las autoridades no hicieron caso. Actualmente, dijo, tienen amparos de suspensión para el proyecto.
Desde hace dos semanas, un grupo de habitantes de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, sostienen un plantón afuera del Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México, y exigen libertad inmediata para los siete presos de la comunidad, encarcelados desde el 2014. “A pesar de haber demostrado la víctima de nuestros compañeros, no nos han querido resolver, hace siete años fuimos víctimas de una fabricación de delito”, denunció Alfredo Bolaño, miembro de la comunidad mazateca.
“Nos ofrecen empleos, pero nosotros no vamos a cambiar algo tan importante como es el agua”, dijo Bonifacia Hernández Flores, parte de Mexicali Resiste, quien habló de la lucha que emprendieron contra la cervecera Constellation Brands, desde hace varios años. Denunció que las autoridades intimidaron con órdenes de aprehensión a quienes se organizaron para defender el agua.
Claudia Centeno, integrante de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, denunció al actual gobierno de la Ciudad de México por la construcción ilegal del distribuidor vial del puente Periférico-Cuemanco, el cual está hermanado con las obras de Santa Lucía y Texcoco, dijo, ya que es la misma empresa la que lo está realizando. Centeno también acusó a las autoridades por poner en riesgo el humedal, así como a las especies endémicas que ahí habitan.
“En las ciudades también luchamos por un pedazo de tierra para los más pobres, para que tengan un lugar donde vivir”, dijo José de Jesús Meza, de la Coordinadora de Colonias de Ecatepec, la que se ha organizado desde hace más de 35 años para lograr este objetivo, y denunció que los gobiernos han obstaculizado su trabajo.
Filiberto Margarito, integrante de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, expuso que tras ocho meses de la toma del INPI, siguen viviendo discriminación y desprecio por parte del gobierno. Margarito aseguró que no han tenido mesas de trabajo con las autoridades, ni han cumplido con sus demandas. “Este gobierno dice que está con los pueblos, sí, pero para despojarlos”, denunció.
AUTOR: ERIKA LOZANO, FERNANDA PERALTA.
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