Tras la elección del 6 de junio, se denunció que grupos armados plagiaron, golpearon y amedrentaron a operadores y representantes electorales del PRI y Morena en Sinaloa. La investigación de Noria indica que los ataques en contra de los políticos y militantes de ambos partidos se repitieron en otras regiones y entidades gobernadas, precisamente, por alguno de los dos institutos políticos.
La asociación sin fines de lucro indicó que, en los nueve meses que duró el proceso electoral, de septiembre de 2020 a junio de 2021, a nivel nacional se registró el asesinato de 101 políticos de diversos partidos, de los cuales, 35 eran precandidatos o candidatos a puestos de elección popular.
Además, hubo otras 157 “incidencias de violencia” contra políticos, militantes y servidores públicos en funciones, desde amenazas en su contra y heridas por riñas hasta secuestro, atentados, renuncia forzada, “retención” y desaparición forzada.
Es decir, en total, hubo 258 “incidentes de violencia” durante el periodo electoral en 27 de los 32 estados del país, de acuerdo con el informe, que fue elaborado por los politólogos e investigadores María Teresa Martínez Trujillo y Sebastián Fajardo Turner a partir de fuentes hemerográficas nacionales y locales.
De las 258 agresiones, 75 (29%) tuvieron lugar en municipios donde Morena es el partido gobernante, mientras que 64 (25%) sucedieron en municipios gobernados por el PRI. A nivel estatal, el mayor número de casos (47%) sucedió en Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero. Los dos primeros estados tienen un ejecutivo morenista; los dos segundos, priista.
Al revisar la afiliación política de las víctimas de las agresiones, se estableció que, precisamente, Morena y el PRI registraron entre sus filas la mayoría de los ataques. El 22.9% de las víctimas de violencia electoral era de morenistas, y el 16%, de priistas. En la escala sigue el PAN, con el 15.2% de las agresiones entre sus militantes; el PRD, con el 10.4%; PVEM, con el 7.8%; MC, con el 7.4%, y el PT, con el 3.5%. El porcentaje restante corresponde a los partidos nacionales de nuevo registro, partidos locales y candidatos independientes.
Un dato refuerza el nivel de vitimización tanto de morenistas como de priistas, seguidos de panistas, y es el hecho de que, independientemente del partido que gobernara en un municipio, el 74% de las víctimas de las agresiones totales pertenecía a un partido distinto u opositor al poder local. Noria Research encontró que, si bien la mayoría de ataques sufridos por morenistas sucedió en territorios gobernados por el PRI, también padecieron agresiones en zonas administradas por otros partidos. Al mismo tiempo, en territorios gobernados por Morena, los priistas no fueron los únicos blancos de los ataques, sino también militantes de otros institutos políticos.
“Más que la etiqueta partidista, lo que observamos es que, el hecho de ser opositor, te pone en una posición muy expuesta. Lo que analizamos, a través de los datos y también de trabajo de campo, es que, cuando te lanzas a una elección a nivel local siendo opositor, básicamente vas a revolver los equilibrios que estaban existentes en este municipio”, explica en entrevista Romain Le Cour Grandmaison, coordinador del Programa Noria para México y América Latina y también coordinador de esta investigación.
El politólogo sostiene que esta elección evidenció que la violencia, tanto electoral como criminal, es un “recurso político” dirigido contra opositores.
“El hecho de que sean estos municipios los más violentos (en cuanto a violencia electoral) muestra la capacidad de los que están en el poder, sea cual sea el partido, la persona y el perfil del municipio en términos de presencia del crimen organizado o no –lo que vemos es que los estados más violentos no necesariamente son los estados y los municipios donde supuestamente hay más presencia del crimen organizado–; lo que vemos es que los que están en el poder, frente a una amenaza de perderlo, pueden reaccionar de forma violenta frente a esta competencia”, explica.
“Es algo que se nota mucho y es consistente con nuestro argumento: lo que vemos en esta elección, y que viene en línea con las anteriores, es que la violencia realmente es una herramienta, un recurso político que puedes usar. En el caso de esta elección, el hecho de que seas opositor y se ejerza violencia en tu contra es consistente con esta hipótesis de la violencia como recurso, porque la usas en contra de una amenaza a tu propio poder”.
Más allá de contabilizar el número de las víctimas, Noria Research sostiene que la finalidad de esta investigación finalidad es salir del reduccionismo de atribuir toda la violencia al “narco”, y hacer un estudio de las relaciones políticas y criminales a nivel local, analizando el rol de los gobiernos, las fuerzas de seguridad, empresarios, caciques, patrones, etc., y su colaboración o protección de parte de grupos violentos.
“Estamos midiendo violencias, en plural, violencias político-electorales. Si yo te digo ‘fue el crimen organizado’, ‘fue el narco’, para la opinión pública es caso cerrado, es una sentencia, ‘okay, fue el narco, punto, nos vamos a otra cosa’. Porque tenemos además una narrativa según la cual en el narco se matan entre ellos, ‘por algo lo mataron’, esta narrativa que hace que digamos ‘okay, ya nadie necesita saber el nombre y el apellido’”, explica la politóloga María Teresa Martínez Trujillo, coautora de la investigación y quien es docente en el Tec de Monterrey.
En entrevista, expone que, si bien en el 62% de los ataques registrados durante el ciclo electoral fueron utilizadas armas de fuego, no en todos los casos estuvo involucrado el “narco”.
Conforme la información hemerográfica revisada, sólo en el 15% de los casos, el crimen organizado, el “narco” o sicarios fueron identificados en los medios como presuntos responsables de las agresiones; el 44% de los casos se atribuyó de manera abstracta a grupos, comandos u hombres armados; el 6.2% a un individuo armado; y el 3.9% a asaltantes y secuestradores.
La otra parte de las estadísticas muestra que hubo otros actores no ligados al crimen organizado –al menos de manera directa– y que presuntamente cometieron las agresiones, como opositores políticos de las víctimas (7.4% de los casos); pobladores y comuneros (3.9%), y policías y Guardia Nacional (1.6%). El porcentaje restante refiere a atacantes que no fueron identificados en los medios.
“Si lo ves con perspectiva histórica, en la década de los 90s, cuando había esta tremenda ola de violencia en contra de los perredistas, después de la creación del PRD, (…) se encuentra como patrón una especie de resistencia de pluralismo político. Ahí donde el PRI era dominante y el PRD no le suponía un problema, no había asesinatos de perredistas; ahí donde el PRD podía hacerle sombra, sí había asesinatos de perredistas. En la época actual, que tenemos un pluripartidismo, donde las etiquetas políticas no significan lo que significaban antes, lo que sabemos es que (alguien) es oposición (…), resistencia, cambio al status quo, y ahí es donde parece que está la resistencia (de parte del poder), y esto te lleva a ver que los perfiles (de víctimas) se vinculan mucho más con un carácter político que criminal”, describe la especialista.
“Por eso tratamos de resituar la violencia política en el sentido de que es una herramienta de tensión política, no es específicamente criminal. Hay conflictos y tensiones políticas que por alguna razón las élites locales están resolviendo con violencia. Lo que tienes son muchas más posibilidades que exclusivamente una lógica de dominio de plazas, mercados ilegales, etc.; puede ser que haya algunas partes donde, efectivamente, lo que esté en juego sea lo que la alcaldía permite de financiamiento público o control de plazas del narcotráfico, pero es más complejo que eso”.
Consideran insuficientes mecanismos de protección
Noria Research encontró que, entre las 258 “incidencias de violencia” registradas a lo largo del periodo electoral, 75 ataques (29%) ocurrieron en vialidades, y otros 45 casos (17%) tuvieron lugar en la casa u oficina de la víctima, lo que habla del grado de empoderamiento de los agresores y la vulnerabilidad de las personas atacadas.
Asimismo, se estableció que el 39% de las víctimas de violencia electoral ya había sufrido agresiones previamente.
Para la organización, esto significa que los protocolos gubernamentales de protección a los candidatos son insuficientes y no corrigen el riesgo de que, en México, contender por un cargo público signifique apostar la vida.
“El Estado mexicano lleva 30 años implementando y diseñando protocolos de protección a candidatos y a pesar de eso la violencia sigue. Lo que notamos es que estos protocolos están pensados según un modus operandi que es básicamente: tú, candidato, reportas una amenaza y el gobierno federal decide si te protege con un escolta”, plantea el politólogo Romain Le Cour.
“Este formato tiene una limitante muy fuerte, primero, porque el gobierno parte de la premisa de que los candidatos tienen confianza en el protocolo y las autoridades, cuando hay muchos candidatos que no se acercan al mecanismo de protección porque no confían en la autoridad estatal o federal, (y la segunda) es porque el gobierno parte de la hipótesis de que los candidatos saben que existe, lo cual, nos dimos cuenta en el campo de que no es verdad. Los candidatos que saben que hay un protocolo de seguridad son los que más información tienen, más capital social, más conexiones políticas, pero no necesariamente se sabe que existe este protocolo”.
Si bien el especialista destaca la estrategia implementada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para proteger a candidatos en las pasadas elecciones, advierte que no dejó de ser un plan reactivo más que preventivo.
“El problema de un protocolo reactivo es que no se atienden las condiciones estructurales que hacen que corras un riesgo de vida o muerte cuando te lanzas a una elección. Es decir, te estamos protegiendo antes y durante tu campaña, pero después de tu campaña no te vamos a proteger más. Si pierdes la elección, vuelves a ser un ciudadano común que no va a tener protección de nadie, después de haber competido en una zona, quizá, reñida, y ahí el gobierno federal te deja absolutamente expuesto de nuevo”, afirma Le Cour.
“Lo que vemos en estos protocolos es que, a pesar de estar bien y cada vez mejor pensados –la propuesta de este gobierno es seguramente la más exhaustiva en ese aspecto–, sigue siendo un acercamiento reactivo, y de un gobierno federal que coordina absolutamente todo (de manera centralista), lo cual no es la mejor opción para atender este fenómeno. Por eso es que notamos que los protocolos no son suficientes”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ZEDRYK RAZIEL.
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