Además, señalaron las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes derivadas de dichas políticas y prácticas, e indicaron que, debido al despliegue de fuerzas militarizadas, exacerbó los casos de uso legítimo de la fuerza contra personas migrantes.
Las organizaciones expusieron testimonios y fotografías que muestran la participación de elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración en actos de tortura.
Solicitaron a la CIDH que: inste al Estado mexicano a designar tareas de gestión migratoria a órganos civiles y limite la participación de las corporaciones militarizadas; presente información sobre el presupuesto de la GN, así como el número de detenciones y los protocolos de atención que utiliza; elimine la práctica de perfilamiento racial y promueva medidas para erradicar discriminación; investigue las denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidas en estaciones migratorias y garantice a las víctimas el acceso a la verdad, justicia, reparación y no repetición.
AUTOR: REDACCIÓN.
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