Durante su transición al sector privado, el exjefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) no cortó sus vínculos con el gobierno: a lo largo de la administración de Enrique Peña Nieto –cuyo consejero jurídico, Humberto Castillejos Cervantes, fue su cuñado–, Adamantium recibió por lo menos 24 contratos públicos federales por un monto total de 510 millones 470 mil pesos.
Estos contratos, que Proceso detectó en la plataforma Compranet, abarcaron servicios de seguridad en infraestructuras estratégicas del país: el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), estaciones de combustibles operadas por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), así como los puertos de Manzanillo y Veracruz.
El más importante, por 176 millones 239 mil pesos, le fue otorgado mediante adjudicación directa en febrero de 2017: se trató de un contrato plurianual para “servicios de seguridad y vigilancia en plataformas, zona perimetral y control de acceso en las terminales 1 y 2 del AICM”.
La polémica carrera de Cárdenas Palomino, quien llegó a tener bajo su mando a más de 36 mil agentes de la PF, estuvo marcada por el AICM: el 25 de junio de 2012 se desató una balacera entre miembros de la corporación en la Terminal 2, presuntamente por un asunto de tráfico de drogas, que desembocó en la muerte de tres uniformados.
Cárdenas culpó a tres policías, pero dos de ellos –Daniel Cruz García y Zeferino Morales Franco– dijeron a Proceso en julio de 2012 que el entonces jefe de Seguridad Regional de la PF protegía las actividades del narcotráfico en el AICM. En los meses posteriores se tambalearon la versión oficial y el video que García Luna y Cárdenas Palomino presentaron a los medios de comunicación en relación con esos hechos.
Incondicional
A raíz de la detención de García Luna en Estados Unidos, efectuada el lunes 9, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) anunciaron investigaciones contra cinco personajes cercanos al todopoderoso funcionario de las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón: el propio Cárdenas, Maribel Cervantes Guerrero, Facundo Rosas Rosas, Javier Garza Palacios y Armando Espinosa de Benito.
El jueves 19, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dio a conocer el congelamiento de las cuentas bancarias de Cárdenas Palomino, ahora empleado de Salinas Pliego.
La “Fuerza de Combate de Nueva York”, conformada por integrantes de 14 agencias federales y locales de Estados Unidos –entre éstas la DEA, la agencia de Investigación en Seguridad Nacional, la policía de Nueva York, los Servicios Secretos y la división anticrimen de la autoridad tributaria– determinó que García Luna recibió “millones de dólares” de sobornos del Cártel de Sinaloa entre 2001 y 2012, a cambio de dejar que la organización criminal operara.
Durante esos 11 años, García Luna y Cárdenas Palomino caminaron de la mano por el sector público: en 2001, cuando Fox creó la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la encargó a García Luna, éste nombró a Cárdenas como primer director general de investigación; tenía este cargo el 9 de diciembre de 2005, cuando fungió como protagonista principal del montaje televisivo orquestado por García Luna, en el que se simuló la captura “en flagrancia” de la ciudadana francesa Florence Cassez y del mexicano Israel Vallarta –quien sigue preso 14 años después, en espera de un juicio– en el rancho Las Chinitas.
De 2006 a 2012 Cárdenas Palomino pasó a la SSP –de nuevo bajo el mando de García Luna–, donde fungió como director general de Seguridad Privada, coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito, comisario jefe de la PF y posteriormente titular de la División de Seguridad Regional de esta instancia policiaca.
Según el equipo de investigación estadunidense, tanto en la AFI como en la SSP García Luna recibió sobornos millonarios, a cambio de los cuales “el Cártel de Sinaloa consiguió el paso seguro para sus cargamentos de droga, así como información de inteligencia policiaca sensible e información sobre cárteles rivales”.
Cárdenas renunció a su cargo en la PF el 22 de diciembre de 2012, semanas después que Édgar Valdez Villarreal, uno de los capos del grupo criminal de los Beltrán Leyva conocido como La Barbie –quien es ahora testigo protegido en Estados Unidos–, lo acusara en una carta de formar parte del grupo de García Luna que cobraba sobornos del crimen organizado.
Desde años antes, Javier Herrera Valles, el excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, había denunciado en cartas a Felipe Calderón que García Luna y Cárdenas Palomino trabajaban para el Cártel de Sinaloa. Herrera fue detenido y encarcelado durante cerca de cuatro años.
La gestión de Cárdenas al frente de la PF estuvo manchada por otro acontecimiento violento, cuando el 24 de agosto de 2012 una camioneta de la embajada de Estados Unidos –en la que viajaban un capitán de la Marina, dos agentes estadunidenses y un informante de la organización de Héctor Beltrán Leyva, El H– fue emboscada por elementos de esa corporación en la carretera México-Cuernavaca.
El expediente negro de Cárdenas también contiene su participación indirecta en un triple asesinato en 1987 –tenía entonces 18 años de edad–; el abuso y la tortura a personas detenidas, y la posesión de 99 armas de fuego, según documentó el diario Reforma a principios de diciembre de 2012.
Borrón
El pasado jueves 12, cuando Proceso abrió el portal de Adamantium, se podía leer en la página principal: “Somos una empresa de Grupo Salinas dedicada a la prestación de servicios de Seguridad Privada con el cuidado especializado en empresas, industrias aeroportuarias y polígonos industriales así como, protección de bienes inmuebles para sobreguardar la integridad de nuestros clientes”.
En una nueva consulta a la página, realizada seis días después –una vez divulgada la noticia de la investigación contra Cárdenas Palomino–, la mención a Grupo Salinas había sido borrada del sitio.
La empresa aparece en varios informes de TV Azteca como “parte relacionada”, es decir, integrante del mismo grupo empresarial, y en el blog de Salinas Pliego todavía forma parte del organigrama de Grupo Salinas: figura entre las compañías que integran el sector de “energía y otros”.
En su sitio, la empresa presume su “experiencia especializada” en el AICM y en los aeropuertos de Chetumal, Uruapan, Colima, Tepic, Campeche y Ciudad del Carmen; pero también afirma que presta servicios en las estaciones de combustible que Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) opera en los aeropuertos de Bajío, Lázaro Cárdenas, Morelia, Guadalajara, Puerto Vallarta, Pachuca, Querétaro, Cozumel, Mérida y Cancún.
En otras palabras: según su propia información, tiene presencia en 17 aeropuertos del país, así como en los puertos de Veracruz, Tuxpan y Manzanillo.
De hecho, en la plataforma Compranet se ubicaron varios contratos con las Administraciones Portuarias Integrales (APIs) de Veracruz y Manzanillo: en 2016, Adamantium recibió dos para servicios de “protección y seguridad de las instalaciones” en el puerto colimense, por 103 millones de pesos, mientras que en agosto de 2015 obtuvo uno por 99 millones 346 mil pesos para custodiar las instalaciones del puerto de Veracruz.
En su apartado de “otros clientes” destacan firmas de Grupo Salinas, como Elektra, Total Play, Banco Azteca, Italika, TV Azteca, Tiendas Neto y Grupo Dragón –cuya presidenta es la exsenadora Ninfa Salinas Sada, hija de Salinas Pliego–, pero también Grupo Multimedia Lauman, que edita el periódico El Financiero y cuyo dueño, Manuel Arroyo Rodríguez, es amigo del magnate.
El nombre de Adamantium es sonado en Baja California, donde los opositores a la mina Los Cardones denunciaron de manera reiterada que se encuentra bajo la vigilancia y el acoso de guardias de esta empresa. En su edición 2243 Proceso mostró cómo, a través de una sociedad de papel creada en Luxemburgo llamada RPG Structured Finance Sàrl, Salinas Pliego se hizo socio de Invecture Group para comprar Desarrollos Zapal, S.A. de C.V., que detentaba la concesión minera de Los Cardones.
De acuerdo con el sitio en internet, Adamantium opera en 30 estados y cuenta con licencias y permisos para que sus agentes porten armas de fuego, así como para prestar servicios de seguridad privada y en aeropuertos. En septiembre de 2017, la empresa ofrecía un salario de 3 mil pesos quincenales libres para trabajar en el AICM.
El portal también afirma que puede realizar “servicios complementarios”, y presume que detenta distintas “herramientas tecnológicas”, entre ellas un “centro de comando mediante el cual se tiene sincronizado todos los puntos de seguridad para poder tener una mejor respuesta en caso de emergencia”; es decir, un centro de espionaje.
Espía
Luis Cárdenas Palomino lleva al menos tres décadas en el submundo del espionaje, la policía y la seguridad: entre 1989 y 1993, con apenas 20 años de edad y en pleno sexenio de Carlos Salinas de Gortari, empezó a trabajar en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), del que García Luna era director general.
A lo largo de los años siguientes, en los que estuvo bajo las órdenes de García Luna en la AFI y en la SSP, su nombre volvió a surgir en una serie de acontecimientos siniestros, como el asesinato de Enrique Salinas de Gortari en 2004 –después de ser extorsionado por agentes de la Dirección de Investigaciones Policiales de la AFI–; el secuestro de Alejandro Martí y el ya mencionado operativo ficticio contra Cassez y Vallarta.
Hasta 2008 estuvo casado con Minerva Elizabeth Castillejos Cervantes, hija del polémico abogado Marcos Castillejos Escobar, otrora director de Reclusorios del Distrito Federal y socio de Rafael Macedo de la Concha, quien encabezó la PGR durante prácticamente todo el sexenio de Fox.
Castillejos Escobar defendió a varios mandos de la AFI y participó en la investigación sobre el asesinato del conductor de TV Azteca Paco Stanley. También tomó parte en la defensa de Jorge Alberto y Manuel Bribiesca, hijos de la esposa de Vicente Fox, Marta Sahagún, acusados de tráfico de influencias.
Cárdenas Palomino fue durante años cuñado de Humberto Castillejos Cervantes, el poderoso consejero jurídico de Peña Nieto y primo de Raúl Cervantes Andrade, el exprocurador general. Marcos Castillejos fue asesinado en julio de 2008, en circunstancias aún no esclarecidas.
El pasado miércoles 11 el columnista Raúl Rodríguez Cortés indicó que desde 2015 se abrió una averiguación previa contra García Luna, Cárdenas Palomino y “otros cómplices”, pero fue archivada por Castillejos Cervantes.
En 2007, Cárdenas Palomino fungió durante nueve meses como director general de Seguridad Privada en la SSP, cargo desde el cual manejó los permisos para empresas del ramo, con las que tenía relaciones cercanas: es familiar de Gustavo Cárdenas Moreno, quien en 2007 fundó Obses, dedicada a la distribución de material de intervención de dispositivos móviles en México.
Obses vendió, entre otros, el software espía Fin Fisher y el sistema de rastreo satelital Hunter Punta Tracking/Locsys a la PGR de Marisela Morales Ibáñez en 2012 por un monto total de 202 millones de pesos; también tuvo entre sus clientes a la SSP de García Luna, el Cisen y el Estado Mayor Presidencial (EMP) (Proceso 2019).
Es más: en su libro México en llamas, la periodista Anabel Hernández documentó que, de 2007 a marzo de 2012, la PF de Cárdenas Palomino otorgó contratos por al menos 587 millones de pesos a Obses de manera directa.
En el verano de 2013, cuando estalló el escándalo de Fin Fisher –que fue un antecedente de otros muchos casos de espionaje cibernético en el gobierno de Enrique Peña Nieto, los cuales involucraron, entre otros, a Hacking Team y NSO Group–, el Citizen Lab descubrió que el software estaba hospedado en servidores de Uninet, de Telmex, y en Iusacell, entonces copropiedad de Grupo Salinas y Grupo Televisa.
Obses se desarrolló en paralelo a las compañías Teletron, ICIT o Gull de México, que García Luna creó en sociedad con su amigo Samuel Weinberg López, un empresario de origen israelí especializado en el negocio del espionaje al que la UIF congeló las cuentas el pasado 13 de diciembre.
Reportaje publicado en el número 2251 de Proceso, del 22 de diciembre de 2019
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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