Para las y los integrantes del colectivo Mexicali Resiste, el que la actual legislatura del estado de Baja California retome las acusaciones en su contra, las cuales fueron desestimadas en el 2017, representa la “continuidad de la política represiva del gobierno”, actualmente encabezado por el gobernador morenista Jaime Bonilla, contra grupos, colectivos o movimientos sociales que se oponen al despojo a las comunidades.
En entrevista con Desinformémonos, el colectivo señala que nuevamente son imputados tres de sus integrantes: Diana Aranguré, León Fierro y Tania Gallaga, además de cinco personas de otros grupos. Los activistas fueron citados a una audiencia este jueves 8 de julio, y aclara, la cita para Aranguré y Fierro es de manera presencial, y para Gallaga, virtual. Ante este citatorio, espera que sus abogados “venzan a la autoridad aún con sus propias leyes y sus compañeros y compañeras queden libres de todo delito”.
La acusación que hoy enfrentan es por despojo, daño al patrimonio público y privación ilegal de la libertad, señala el colectivo, y aclara que fue interpuesta en el 2017 con Número Único de Caso NUC-02/2017/42577, por la 22 Legislatura del Estado de Baja California (en aquel entonces de mayoría panista), y desestimada en el Juzgado Cuarto del Sistema Penal, el cual determinó que “no procede acción penal alguna en contra de los inculpados”. Ahora, la 23 Legislatura, de mayoría morenista, reabre este caso. “¿A solicitud de quién y bajo qué intereses?”, se pregunta.
Tras la consulta organizada por el actual gobierno federal, donde, de 36 mil personas que votaron, el 76 por ciento rechazó la instalación de la cervecera Constellation Brands en Mexicali, los activistas aseguran que se detuvo la construcción de la planta, pero no ha iniciado su desmantelamiento. Y consideran que, posterior a este proceso, hubo muchas quejas por parte de la clase empresarial del estado.
Los defensores del agua recalcan que desde inicios del 2017, el pueblo de Mexicali mostró su rechazo a la empresa cervecera, e insistieron en que “la dignidad y los derechos del pueblo sobre sus bienes comunes no están sujetos a ninguna consulta”.
Narran que con la pandemia aprendieron otros modos de comunicarse para permanecer unidos y apoyarse, y aseguran que quieren seguir aprendiendo junto a otros movimientos en defensa de la vida. También, consideran que las luchas por la defensa de los bienes comunes y el territorio que existen en distintos lugares del país, cada vez se articulan más, lo cual ha provocado una respuesta de “persecución y hostigamiento por parte de los gobiernos”.
AUTOR: REDACCIÓN.
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