La falta de resolución por parte de la Corte ha impedido aclarar si la permanencia de los militares en las calles haciendo labores de policías es violatoria o no de la Constitución. Es una indefinición que los especialistas consideran grave ante la posibilidad de una nueva reforma que incorpore a la Guardia Nacional al Ejército.
El retraso es anómalo e inusual según un análisis realizado por la organización Intersecta, la cual promedió los tiempos que le ha llevado al máximo tribunal atender miles de recursos similares en los últimos 25 años. Más que una casualidad pareciera ser una acción premeditada, indica su análisis.
“Los tiempos que la Corte se ha tomado para decidir estos aspectos tan relevantes se salen de cualquier parámetro. Es totalmente anormal el tiempo que les ha llevado y nos preocupa porque lo que está en juego todos los días aquí son vidas” dije Estefanía Vela, directora de Intersecta.
De acuerdo con datos oficiales de la propia SCJN obtenidos a través de una solicitud de transparencia, de los 10 recursos presentados contra la militarización de la seguridad que no se han resuelto, cuatro son acciones de inconstitucionalidad, cuatro son controversias constitucionales, y dos son amparos en revisión.
Las que llevan más tiempo sin respuesta son las acciones de inconstitucionalidad promovidas en su totalidad por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La primera de ellas data de hace más de cinco años: fue presentada el 15 de junio de 2016 en contra de la ampliación del fuero militar para elementos de las Fuerzas Armadas permanente que participan en acciones de seguridad.
Las otras tres fueron presentadas desde el 26 de junio de 2019, hace más de dos años, en contra de la Ley de la Guardia Nacional, la Ley del Registro Nacional de Detenciones, y la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. En estos casos la CNDH reclama aspectos como la excepción que se hizo a los elementos del Ejército para registrar detenciones de civiles, o su intervención en la conformación y control de la Guardia.
Los ministros a los que fueron turnados estas acciones y cuyos proyectos no han sido presentados ante el pleno para su debate y votación son Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Norma Piña Hernández
Una acción de inconstitucionalidad es un recurso que pueden presentar algunos poderes y órganos autónomos cuando consideran que una ley o alguna parte de ella viola arteramente disposiciones y derechos constitucionales. Su efecto, de resultar procedente, es la eliminación automática de las leyes o artículos que se hayan impugnado.
Sin embargo, para que una acción de constitucionalidad prospere se requiere una votación de 8 de los 11 ministros del pleno de la Corte a favor de esta.
Los otros pendientes
Las controversias constitucionales son otro tipo de recurso que contempla la ley para impugnar una norma y pueden ser presentadas por cualquier gobierno o poder federal o local. La diferencia con la acción de inconstitucionalidad es que quien la promueve no alega una violación constitucional en abstracto, sino una violación específica a las funciones que son de su competencia.
Como ya se dijo, hay cuatro controversias presentadas ante la Corte relacionadas con la militarización de la seguridad y todas suman más de un año sin ningún debate en el pleno y menos resolución.
La primera controversia se presentó el 27 de mayo de 2020 por el gobierno municipal de Colima y fue admitida por la Corte a trámite con el número 85/2020; el 11 de junio de ese mismo año llegó la segunda por parte del gobierno de Michoacán y fue admitida con registro 87/2020; la tercera se presentó el 22 de junio por la Cámara de Diputados con el registro 90/2020; y la cuarta un día después por el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, con registro 91/2020.
Todas las controversias presentadas son en contra del denominado Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Es un documento que organizaciones y expertos han apodado como el “acuerdo militarista”.
Lo que se reclama en los recursos es que dicho acuerdo, que debería regular y limitar la opción de usar al Ejército en tareas de seguridad durante un plazo máximo de cinco años que vence en 2024, en realidad perpetúa su utilización en las calles sin mayores controles, sin estar subordinadas claramente a una autoridad civil, e invadiendo funciones que le competen en realidad a las policías locales. Situación que además va en contra de diversas convenciones internacionales.
La ministra Margarita Ríos Farjat es la responsable de elaborar los proyectos relacionados con estas cuatro controversias constitucionales.
Finalmente, la SCJN también tiene pendientes de resolución dos amparos en revisión promovidos por la organización Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia (MUCD). El primero de ellos fue presentado en contra de la Ley de la Guardia Nacional bajo el argumento de que no garantizaba la conformación de una fuerza civil.
Dicho amparo fue negado por el juez que lo revisó con el argumento de que frenar el desarrollo de la Guardia Nacional dejaría al país sin una fuerza nacional de seguridad. MUCD presentó una impugnación y el tribunal colegiado que recibió el caso decidió que debido a la trascendencia del asunto este debía ser resuelto por la Corte.
En el otro caso MUCD sí ganó en primera instancia un amparo promovido en contra del referido “acuerdo militarista”, luego de que el Juzgado Octavo de Distrito en materia administrativa considerara que el acuerdo no ponía límites adecuados a la participación del Ejército en tareas de seguridad, situación violatoria de la Constitución.
Sin embargo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal –en representación del presidente– impugnó esa determinación y el tribunal que la recibió la turnó a la Corte. En este caso corresponde al ministro Franco Salas la presentación ante el pleno del proyecto de resolución.
Un retraso inusual… ¿y político?
De acuerdo con un análisis publicado por la organización Intersecta, el tiempo que ha tomado la Corte para resolver las acciones promovidas en contra de la militarización de la seguridad pública ha sido excesivamente largo e inusual, situación que podría ser resultado de una intención deliberada por alargar estos casos.
Para llegar a esa conclusión Intersecta analizó todo el historial de miles de acciones y controversias constitucionales que la Corte ha recibido desde 1997 hasta abril de 2021. Se estudiaron los tiempos promedios que ha tomado cada asunto separándolos incluso por temas, y se proyectaron los tiempos promedio de respuesta.
El mayor retraso se encuentra en el tema de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH, las cuales acumulan de dos a cinco años sin respuesta, cuando el promedio para resolver este tipo de recursos es poco más de nueve meses, es decir, 282 días.
Para dimensionar este retraso: de las más de dos mil acciones de inconstitucionalidad que ha recibido y atendido históricamente la Corte, solo el 0.4% de ella han tomado más tiempo que el que ya acumulan las promovidas en contra de las leyes secundarias de la reforma a la Guardia Nacional.
En tanto, las controversias constitucionales también toman en promedio 352 días de resolución, es decir, poco menos de un año. Ese el caso de todos los recursos promovidos contra la militarización dicho promedio se superó desde junio sin que hasta la fecha haya alguna respuesta.
De acuerdo con el análisis de la organización es prácticamente imposible que los retrasos que se han presentado en todos los recursos que abordan el tema de la militarización de la seguridad sean resultado del “azar” o de la “casualidad”. Ello ya que, en promedio, los casos que se alargan solo son uno entre cada 100.
“La Corte tiene el poder de decidir cuando se resuelve un tema. La importancia de ver lo que ha sucedido antes es que nos permite afirmar que los tiempos que están tomando ahora son anormales dado. Nos parece que se está haciendo algún tipo de cálculo político y por eso es importante reiterar la importancia de que se respete la Constitución”, dice Estefanía Vela.
Urgente que Corte decida: expertos
Organizaciones civiles y especialistas en temas de seguridad consideran urgente que la SCJN agilice el trámite de los recursos promovidos relacionados con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, sobre todo ante la posibilidad de que la Guardia Nacional sea incorporada al Ejército como ha sugerido el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el marco del foro “La Suprema Corte frente a la militarización” los expertos subrayaron que no adoptar una posición frente al creciente intervencionismo militar en la seguridad pública es una situación que impide explorar otras alternativas. Ello además del riesgo constante de violaciones a derechos humanos y a tratados internacionales que esta situación conlleva.
El investigador Luis Daniel Vázquez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM dijo, por ejemplo, que mientras se ha apostado por un “acuerdo militarista” que extiende sin mayores limitantes y controles la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, se ha abandonado el diseño de una ruta de regreso de los militares a sus cuarteles así como el fortalecimiento de las policías.
“Estamos haciendo uso de las fuerzas militares como si fueran el último recurso y como si fueran incorruptibles y eso es falso. Los militares también se corrompen. Pero si esta es nuestra última frontera y no estamos construyendo los mecanismos civiles que nos permitan seguir avanzando en materia de seguridad pues este último recurso también se nos puede caer. El gran desafío en México es construir paz, pero en ningún sentido la paz se construye con militares en las calles” dice Vázquez.
El investigador recordó que quedan poco más de 900 días para que concluya el plazo de cinco años en que las fuerzas armadas pueden colaborar en temas de seguridad situación que exige comenzar a trabajar un plan de construcción de paz en lugar de una extensión de una estrategia que hasta ahora ha sido fallida.
Cristina Reyes, especialista de la organización Mexicanos Unidos contra la Delincuencia (MUCD), recordó que un juez de primera instancia ya reconoció que la presencia de los militares en las calles tal como está ahora viola la Constitución, pues no hay ni los controles civiles ni la fiscalización adecuada que exigen las convenciones internacionales que México está obligado a respetar. De ahí que el retraso de la Corte para resolver las impugnaciones sea tan delicado.
“Cada día que pasa sin que la Corte se pronuncie al respecto es un día más en que se violan los Derechos Humanos. Así de claro”, concluye Reyes.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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