Al principio, comenzó a llamarle a la 1 y 5 de la mañana so pretexto de preguntar por cuestiones de trabajo; luego la humillaba y se burlaba frente a sus compañeros, decía que su mal humor era el resultado de “andar en sus días”. También le marcaba por teléfono para citarla de un momento a otro en cualquier lugar de la zona, pero Natalia tenía miedo de estar a solas con su jefe, el coordinador territorial de Sembrando Vida de Puebla.Ella no es la única mujer empleada en el programa estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador que sufre violencia de género. En diferentes entidades donde se implementa Sembrando Vida, el personal femenino que labora en campo o es administrativo, cosechan acoso y hostigamiento sexual; lo mismo que discriminación –por ser mujeres o pertenecer a una etnia indígena–, humillaciones, agresiones y hostigamiento laboral de acuerdo con testimonios levantados por El Sol de México.
Luego de ese 31 de marzo de 2021 cuando su jefe intentó besarla por la fuerza, Natalia, que no sobrepasa los 30 años de edad y labora como jefa de unidad departamental, se enteró de la existencia de otras compañeras en la región con el mismo hostigamiento sexual por parte de él. Lo que no sabía, era que a poco más de mil 200 kilómetros de ahí, un año atrás, en la Península de Yucatán, la historia de Maribel, una técnica social, era similar a la suya pues su compañero, un técnico productivo, la acosaba sexualmente.
Durante sus labores de campo, le insistía en estar interesado, que la soñaba y le mecionaba su deseo de tener relaciones sexuales. Ella se incomodaba y lo rechazaba, pero él se obstinaba en “conquistarla”. Después comenzó el acoso laboral.
Sobre estos casos de violencia de género existen denuncias penales ante fiscalías que presentaron Natalia, Maribel y otras víctimas, quienes piden no revelar su verdadera identidad para evitar represalias, de los que este medio posee copias de los documentos.
Sobre estas denunicas, la Secretaría de Bienestar respondío, a través de una tarjeta informativa, que tiene el compromiso de cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual o laboral, así como cualquier otro tipo de violencia contra las mujeres. Señaló que cuenta con los mecanismos para que las personas agraviadas “presenten las denuncias correspondientes y no haya impunidad”, lo mismo que “implementa el Protocolo para prevención, atención y sanción del acoso y hostigamiento sexual”, que incluye atención psicológica y orientación a las víctimas.
Discriminación y maltrato
“Vengo de un contexto indígena, soy hablante de náhuatl. En una reunión que tuvimos (con los sembradores) en Cuetzalan, Puebla, una compañera me dijo: ‘tú que hablas náhuatl, haz la traducción’. Y mi facilitador, literal, se burló de mí enfrente de mis compañeros y me quedé callada”, recuerda Paloma Ángeles Gómez, una ex técnica social de aquella entidad.
No fue la única ocasión que padeció este tipo de tratos por parte de su facilitador Carlos A. Santiago Meza. En reuniones en equipo, al participar y dar su opinión le quitaba la palabra, también la menospreciaba por ser docente en educación para el medio indigena, y no un agrónomo, biólogo o tener una especialidad en temas forestales. Algo similar le ocurrió a un par de técnicas de Tulum, en Quintana Roo, su facilitador, Humberto Mis Ku, las humillaba y hostigaba laboralmente. Lo describen en una palabra: machista.
Con ese mismo término, Tania Escobar, otra extécnica productiva del programa, en Campeche, se refiere a su facilitador Antonio Contreras. “Fue una cuestión de discriminación, mi compañero binomio se casó con una becaria, se fue de luna de miel y yo tenía que trabajar. Él podía hacer lo que quisiera, le permitía todo, faltar. Como hombre tienes todas las facilidades y tú, como mujer no”, subraya. Además cuenta que un día al acudir sola a labores de campo, en la zona de la Candelaria, donde predomina el narco, casi la linchan.
Paloma Ángeles, más tarde se enteró que la molestia de su facilitador Santiago Meza, era porque no se alineaba a su forma de “trabajar”, al imponer proveedores y sobre todo, porque no se convidaba a invitarle el almuerzo, las cervezas… como otros compañeros. Esto le ocasionó hostigamiento laboral y que de un día a otro la cambiaran de zona, dos horas más alejada de donde estaba, con otro facilitador. Esto no impidió que el maltrato continuara.
La acusaron de pedir dinero a los antiguos sembradores de los que estaba a cargo y no entregar cuentas claras. Sin embargo, los campesinos la respaldaron, dijeron que no era cierto, al contrario, era un buen apoyo. No paró ahí. Después le levantaron una queja sus mismos jefes por “imponer” a proveedores; luego le enviaron una supuesta demanda por incumplimiento con un proveedor. Buscaban cansarla para que renunciara.
No fue así. Pero el 9 de marzo de 2021, tras una reunión de trabajo, le llamó el coordinador territorial Blas Soto López, para darle las “gracias”. Le dijo que ya no le renovarían su contrato porque ya no le interesaba sus servicios.
Sobre él, pesan algunas denuncias por hostigamiento sexual, y quejas en Bienestar, sin que hayan tenido respuesta las víctimas. Paloma fue testigo de cómo el sujeto intentó abusar de otra compañera en estado de ebriedad durante una reunión en una casa, luego de que él y varios técnicos y más, consumieron bebidas embriagantes al entrar sin permiso a una Comunidad de Aprendizaje Campesino (CAC).
“Estaba acostada en la cama y él estaba al lado, hincado, y la quería besar. Me meto y le digo ‘¿Qué onda?’. Y dice (Blas): ‘Nada, nada. Es que estoy haciendo unas cosas, dame chance, un ratito’. Ya la había besado, le quitó las botas y ella después me dijo que sí la tocó de los pechos y toda la cosa”, recuerda Ángeles Gómez quien llamó a otros compañeros para que lo sacaran del cuarto y no continuara propasándose. También a una becaria se le insinuó con la promesa de promoverla como técnica. Ella no aceptó.
Miedo a denunciar
Por el temor a perder su trabajo, Natalia no se atrevía a denunciar el hostigamiento sexual por parte de su coordinador territorial. Recién egresó de la universidad y era un privilegio laborar en Sembrando Vida. Además su jefe la amenazaba. “No se te olvide quien te dio esta oportunidad. Así como llegaste te puedo despedir”, le reiteraba. Luego ella se cansó y decidió acudir a la Secretaría de Bienestar para dar conocimiento de su situación.
Sin embargo, le respondieron que se mantendrían al margen, porque ambos eran personal de confianza, y no intervendrían por ninguno. Así que Natalia acudió a levantar una denuncia a la Fiscalía del estado, pero le dijeron que al ser un servidor público federal no podían proceder legalmente, así que remitió su denuncia por hostigamiento sexual a la Fiscalía General de la República (FGR), donde han dado seguimiento a su caso y le otorgaron medidas de protección.
“Temo por mi seguridad, porque es una persona muy agresiva”, dice la joven.
La respuesta de la Secretaría fue similar cuando Maribel, tras varios meses, se atrevió a denunciar a su agresor y compañero binomio. La dependencia respondió de manera escueta y con una “asesoria” de los artículos y leyes que se refieren a las sanciones de hostigamiento y acoso sexual. Nunca investigó ni procedió en contra del agresor.
“En atención a lo anterior… La C. …con fundamento en el protocolo para la prevención atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual (…) establece que podría hacer de conocimiento al Comité de Ética y prevención de conflictos de interés o ante el órgano interno de control y electrónica a los siguientes enlaces”, señala el documento con fecha de abril de 2021, en Chetumal, Quinatana Roo, con algunas ligas del buzón de “quejas”.
Además, se le sugirió que otra vía alterna, era presentar ante el Ministerio Público su denuncia. “La persona que me entregó el oficio no me dijo absolutamente nada; que le iban a decir (a mi agresor) que cualquier indicación me la diera por correo. Me dicen que yo mandé el documento al órgano interno de control o a la Función Pública o haga una denuncia penal, pero es todo. La Secretaría prácticamente se deslinda”, lamenta indignada Maribel.
Una técnica de Morelos contó de manera breve la discrimicación y acoso que padeció por parte de su binomio, además que en lugar de ser un apoyo la trataba como si fuera su secretaría. Lo denunció pero tampoco hubo sanción. “Metí un escrito, primero lo reporté y se supone que iban a hablar con él. Firmó una carta compromiso, pero en realidad no cambió nada, era de repente como un poco más evidente el maltrato”, platica.
Liliana Castillo Puce quien laboró como facilitadora en Yucatán, fue testigo de las ofensas hacia sus compañeras por parte de Adrian Flores Heredia, coordinador territorial de Quintana Roo –el programa competía ambos territorios. En las mesas de trabajo cuando proponían algo, las denostaba por ser mujeres.
Al igual se enteró del acoso sexual de técnicos hacia becarias del progama, quienes además contaban chistes misoginos frente a ellas. Sin embargo, al tratar de investigar e intentar levantar un reporte le fue imposible porque las afectadas no quisieron denunciar.
Cuando había sobrecarga de trabajo “me tocó ver a una chica llorando, las trataba con insultos, como tontas, pendejas, brutas; cosa que no se veía con el personal masculino. Las compañeras decían que se lo tenían que guardar: ‘es que es su carácter’; ‘está muy estresado, muy nervioso’. Como siempre, se vuelven justificaciones. Ese tipo de conductas en este ámbito luego se normalizan y como es en el trabajo, pues te tienes que callar”, señala Castillo Puce.
Además, el comportamiento de Flores Heredia era un ejemplo que se reproducía por parte otros facilitadores y técnicos hacia las mujeres compañeras o subalternas, recuerda.
En cualquier empleo el acoso y hostigamiento sexual son un ejercicio de poder y tienen un componente de “seducción”. Se acompaña con una serie de conductas y comentarios de manera sutil que van subiendo de tono. Inician con un halago, un comentario positivo para después derivar en chistes obscenos, sexistas, esperando que las víctimas acepten este tipo de situaciones y no lo sientan como una agresión o violencia.
“Es una escalada de abuso de poder, de lo que en algún momento causa una tolerancia; por decirlo así, una invisibilidad en la víctima. No se inician de manera directa, sino es algo que va aumentando conforme va pasando el tiempo”, explica Gloria López Sangtiago sicóloga y victimóloga del Poder Judicial del Estado de México.
La violencia que se padece en este tipo de conductas, resulta complejo para las mujeres denunciarlo. Un problema es la falta de información o empatía de las mismas instituciones donde laboran, es el caso de Bienestar, porque no las apoya; lo otro, es el temor de perder sus empleos o las amenazas por parte de los agresores.
“Este uso del poder se da porque las víctimas están bajo esta condición de vulnerabilidad. Tienen el temor de perder el empleo. Hay una afectación económica porque a veces dependen varias personas de estas mujeres. Además de esto, no fue algo fácil encontrar este empleo. Estas condiciones se van sumando, y es precisamente, aparte de la credibilidad que puedan darle las autoridades, empezando por los jefes inmediatos o quien esté a la par”, subraya la victimóloga López Santiago.
Al buscar a la Secretaría de Bienestar para hablar sobre el tema, sólo respondío, a través de una tarjeta informativa, que tienen el compromiso de cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual o laboral, así como cualquier otro tipo de violencia contra las mujeres. Señaló que cuenta con los mecanismos para que las personas agraviadas “presenten las denuncias correspondientes y no haya impunidad”, lo mismo que “implementa el Protocolo para prevención, atención y sanción del acoso y hostigamiento sexual”, que incluye atención psicológica y orientación a las víctimas.
Al respecto, las afectadas señalan que cuando se quejaron no recibieron ninguno de los apoyos mencionados, y que la dependencia a cargo de Javier May es omisa; sobre todo porque cuando denuncian, enseguida son despedidas del programa o el hostigamiento laboral es más evidente para obligarlas a renunciar.
Uno de los problemas de un sector del personal de Sembrando Vida, es que se encuentran en la incertidumbre laboral al no estar contratados por Bienestar; y ser obligados a firmar un “contratos” provisionales cada uno, tres o seis meses, según la región, al ser personal de “confianza” o por honorarios. Además padecen la inseguridad de las zonas; sufren amenazas por parte de funcionarios públicos, de los pobladores o no cuentan con seguro médico, como publicó este diario en diciembre de 2020: Técnicos de Sembrando Vida sufren precariedad laboral.
Natalia resume su situación en dos palabras: una tormenta. Para ella ha sido difícil desde el inicio de las agresiones por parte de su jefe, quien también, dice, la amenazó por WhatsApp para que desista de la denuncia. Algo que le ha acarreado varias afecciones físicas y sicológicas.
En las noches se medica para lograr controlarse. Además, teme que la despidan, pues desde hace días la sacaron de los grupos de WhatsApp de trabajo, y tampoco le responden correos electrónicos sobre las indicaciones de sus tareas.
“Tengo insomnio, muchas pesadillas. Constantemente me la paso llorando y es el miedo total de que pueda perder mi trabajo o que me haga algo. Me siento defraudada por el actual gobierno, porque a pesar de demostrarles parte de la evidencia y hasta el momento no han destituido a esta persona. No soy la única chica que ha pasado por esta situación, hay otras víctimas a las que las tocó en estado de ebriedad”, acusa la joven sobre su coordinador territorial.
En el caso de Maribel su situación también continúa en el vacío, en la dependencia siguen sin darle una respuesta concreta. Lo peor es que en lugar de sancionar a su compañero binomio, parece que fue premiado con un puesto, al ser ascendido de técnico productivo a facilitador. Mientras tanto, la violencia de género sigue siendo una plaga que acecha a Sembrando Vida, y ellas, continúan cosechando las semillas de la impunidad.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ANDRÉS M. ESTRADA.
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