La actuación de la Fiscalía General de la República, dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero, ha sido de nueva cuenta cuestionada, en esta ocasión por el papel que ha desempeñado en el caso Pegasus, ante el cual ha reconocido desconocer quiénes son los responsables del espionaje ni saber dónde están los contratos correspondientes.
La reacción de la institución encargada de investigar y perseguir los delitos del orden federal se da luego de que la revista Proceso y el sitio Aristegui Noticias, ambos medios en la lista de objetivos del spyware Pegasus, revelaran que el espionaje implementado en el sexenio de Peña Nieto habría sido mayor al conocido en 2017 ya que abarcó a más de 15 mil personas, de las cuales 25 son periodistas. De hecho, salvo Carme Aristegui, ningún periodista espiado ha reportado que le fueran recogidos o inspeccionados sus celulares u otros equipos
La misma información ha dado cuenta que el espionaje al que incurrieron las agencias del Gobierno mexicano durante el peñismo incluso alcanzó al ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador, a su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, sus hijos, sus asesores y su cardiólogo y un puñado más de personas de su círculo cercano. La misma Gutiérrez Müller ha pedido a la Fiscalía intervenir.
“Nosotros tenemos el derecho de tener una institución como la FGR que haga investigaciones de primer nivel, principalmente en una situación como ésta que pone en jaque la privacidad y la libertad de las personas”, planteó en ese sentido Guadalupe Correa, profesora asociada en la Universidad de George Mason (Virginia, EEUU), e integrante del Woodrow Wilson Center en Washington, DC y del Centro México del Baker Institute en la Universidad de Rice.
Sobre la actuación de la FGR en este caso, Correa comentó en entrevista con SinEmbargo que de nueva cuenta se observa la incapacidad de la dependencia para poder hacer investigaciones
“Lo de Pegasus no es nuevo, se supo en el periodo de Peña Nieto y hoy vuelve a salir esta información. Me imagino que la Fiscalía tenía conocimiento de los contratos que se le dieron a esta empresa porque ellos tomaron la administración. Me parece sorprendente que informen que no saben nada de ellos. El papel de la FGR debió ser reunirse con Citizen Lab y las personas que revelaron esta investigación, el Gobierno de México debería tener esa información”, consideró la investigadora.
En ese mismo sentido, las organizaciones Artículo 19, en su Oficina para México y Centroamérica, la R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y SocialTIC han llamado a la FGR a rediseñar junto con las personas afectadas un plan de investigación serio, exhaustivo e integral, con garantías de independencia y supervisión, así como la participación de peritos externos.
“La Fiscalía no ha realizado una investigación con garantías de independencia capaz de esclarecer lo ocurrido y llevar a los responsables ante la justicia”, advirtieron las agrupaciones en un comunicado difundido el domingo pasado, en el cual pidieron además que se transparenten totalmente los contratos, anexos técnicos, expedientes y cualquier información relacionada al espionaje gubernamental ocurrido.
Sin embargo, como reconoció ayer la FGR ya se ha solicitado a las diversas entidades del Gobierno Federal que señalen si en sus antecedentes se ha encontrado algún contrato con Pegasus, “sin que hasta la fecha se haya tenido respuesta positiva”.
“México es el único país de América Latina que adquirió a través de la empres NSO Group el software Pegasus para acciones de vigilancia selectiva ilegítima de activistas y periodistas”, denunció ayer la organización Amnistía Internacional al tiempo que llamó al Gobierno de López Obrador a dar certeza que el software espía ya no está siendo utilizado en el país y al Congreso para llevar a cabo los trabajos legislativos necesarios para regular el uso de este tipo de licencias en México.
LAS INVESTIGACIONES DE LA FGR
La única certeza expresada ayer por la Fiscalía General fue que el entonces Comisionado Nacional de Seguridad, el doctor Manuel Mondragón, fue uno de los objetivos durante el Gobierno de Peña Nieto. “Su teléfono fue intervenido y grabadas sus conversaciones con funcionarios de las Secretarías de Gobernación y de áreas de Seguridad Nacional, así como con terceras personas”, reza el comunicado dado a conocer el martes.
Pese a ello, la Fiscalía no informó tener identificados a los responsables de este espionaje y se limitó a reconocer que ha llevado a cabo una serie de diligencias y de cateos periciales, en los que la propia periodista Carmen Aristegui ha participado como testigo del Ministerio Público Federal a la empresa KBH TRACK que operó el software espía y cuyo propietario, el ciudadano israelita Uri Emmanuel “A”, ya huyó del país hace más de dos años.
La dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero informó que está a la espera de que varios denunciantes puedan aportar sus teléfonos celulares para que, con autorización de un Juez de Control, se extraiga la información correspondiente para efectos de judicialización.
También ordenó a todas las dependencias federales y estatales de seguridad que pudieran tener equipos de software a realizar intervención de comunicaciones, que resguarden toda su información relacionada a la contratación del equipo Pegasus y otros semejantes.
LOS OBJETIVOS DEL ESPIONAJE
Las nuevas revelaciones sobre el alcance del espionaje en algunos países a través del programa Pegasus levantaron una oleada de condenas en todo el mundo por el uso de este tipo de métodos de inteligencia militar en el rastreo de información privada de periodistas, políticos y defensores de derechos humanos, entre otras víctimas. México es uno de los países con más casos de espionaje, con cerca de 15 mil.
Entre los casos en el país, figuran políticos de todos los partidos, periodistas, abogados, activistas, fiscales, diplomáticos, jueces, médicos y académicos, y destacan al menos 50 personas cercanas al ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien al momento del espionaje era el principal líder de oposición.
De los cercanos al mandatario están su esposa Beatriz Gutiérrez Müeller, sus tres hijos mayores, tres de sus hermanos, su médico, su entrenador de béisbol, dos exchoferes y diversos integrantes de su ahora Gabinete.
De su equipo de Presidencia los personajes presuntamente espiados, según información dada a conocer por diversos medios como The Guardian y la revista Proceso, están: Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de Presidencia; Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia; César Yáñez, coordinador general de Política y Gobierno en Presidencia; Alejandro Esquer, secretario particular; Daniel Asaf, jefe de la Ayudantía; Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de Presidencia; Gabriel García Hernández, excoordinador de Programas Integrales de Desarrollo y actual Senador.
De su Gabinete se encuentran Rocío Nahle, Secretaria de Energía; Defina Gómez, Secretaria de Educación Pública; Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Segob; Horacio Duarte, administrador general de Aduanas; Zoé Robledo, director general del IMSS; Octavio Romero, director general de Pemex; Manuel Bartlett, director general de CFE; Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, hoy Gobernador electo de Sonora.
Otros políticos que fueron espiados son: Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Bernardo Bátiz, consejero de la Judicatura Federal; José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales; Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado y Bertha Luján.
Estos nombres, todos políticos, surgieron en las nuevas revelaciones publicadas esta semana, pero en 2017 aparecieron los primeros nombres, los cuales incluían a activistas y periodistas, entre ellos, Ismael Bojórquez, Andrés Villareal y Griselda Triana —viuda del periodista Javier Valdéz— así como Carmen Aristegui, sus familiares y equipo de trabajo.
TOMÁS ZERÓN, EL ESPÍA DEL PEÑISMO
Una pieza clave en el entramado de espionaje establecido durante el Gobierno de Peña Nieto es Tomás Zerón de Lucio, quien se encuentra en Israel sujeto a un proceso de extracción.
La Fiscalía General dio a conocer ayer que la información correspondiente a Zerón de Lucio y a este caso de espionaje se le hará llegar al Gobierno israelí, por los canales procedentes. “Hasta este momento, la triangulación entre Pegasus, sus operadores y quienes los contrataban ha quedado debidamente comprobada en un primer caso judicializable”, informó la dependencia.
Tomás Zerón jugó un papel clave en el aparato de inteligencia del peñismo, primero en las negociaciones para adquirir el sistema de ciberespionaje de la empresa italiana Hacking Team, ya que pretendía centralizar el sistema de espionaje digital en las procuradurías locales, según reportaron medios mexicanos, y después cuando él mismo se valió de la “urgencia” derivada de “la situación” que atravesaba el país para adquirir otro programa espía: Pegasus.
Zerón de Lucio firmó el contrato de adquisición de Pegasus justo un mes después que la agencia que entonces encabezaba, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), atrajera el caso Ayotzinapa y a horas de que él fuera captado con gorra y gafas oscuras a orillas del Río Cocula, en una incursión que no figuró en la averiguación previa y que llevó a los observadores del caso a señalarlo por plantar evidencia, algo que siempre negó.
El documento que selló la compraventa —difundido en 2017 por Aristegui Noticias— fue signado por los representantes de la procuraduría, Tomás Zerón de Lucio, entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Vidal Diazleal Ochoa, titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) y Rigoberto García Campos, director de información sobre actividades delictivas del Cenapi.
La entonces PGR sustentó en ese momento la adquisición bajo el término de urgencia porque “la situación que atraviesa el país pone a la Institución como un blanco para la delincuencia organizada”. Además, dijo que era una “necesidad indispensable e inmediata” la adquisición del sistema para la realización de actividades “sustantivas”.
Otro de los argumentos que dio la dependencia en ese momento fue el supuesto riesgo que implicaba no contar con este sistema en 2014 ya que de no haberlo adquirido, dijo, ponía en desventaja y vulneraba “la capacidad y margen de operación de la procuraduría al encontrarse en situaciones de alto riesgo”.
AUTOR: OBED ROSAS.
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