El magistrado Manuel García Castellón acordó en el marco de la investigación de la llamada “Operación Tándem” citar como investigadas a las sociedades como personas jurídicas por los delitos de cohecho y revelación de secretos por su presunta participación en la contratación de quien realizó el espionaje.
“La información a obtener a través de dicha investigación (de Villarejo sobre Del Rivero) se habría de utilizar para frustrar el pacto que Luis del Rivero, a través de Sacyr, habría alcanzado con la mexicana Pemex para tomar el control de Repsol, S.A.”, señala el auto del juez Castellón, conocido este jueves.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 cita para tomar declaración a los representantes jurídicos designados por Repsol y Caixabank el próximo 26 de julio del 2021 a las 10:00 horas.
La revista Proceso, en su edición del 19 de mayo, reveló documentos de la investigación que estaba siendo instruida por el juez García Castellón, con apoyo de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional, sobre los indicios que hacían suponer la participación de directivos de primer nivel de Repsol y CaixaBank en la contratación del polémico Villarejo en el espionaje a Sacyr y que incluyó a directivos de Pemex en la etapa del gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
En agosto de 2011, Sacyr y Pemex anunciaron que habían acordado “sindicar” las acciones que ambas empresas tenían en Repsol, con el objetivo de tener un papel protagónico en la compañía y tener un mayor peso en la toma de decisiones en la petrolera española, ante los desacuerdos que mantenían con la gestión de su presidente Antonio Brufau.
La furibunda reacción de éste, provocó que desde Repsol se iniciara una campaña de filtraciones en la prensa española en contra de esa alianza y, en particular, en contra de Pemex, por poner en riesgo “la españolidad” de Repsol, pese a que es una compañía que aunque su directiva sea española, los poseedores de sus acciones fluctúa en los mercados bursátiles.
En el auto que se conoció este jueves, el juez García Castellón indica que en este momento de la investigación realizada en el marco de la pieza separa número 21 (de casi 30 que componen la operación Tándem, relacionada con Villarejo) “consta indiciariamente acreditado que ambas compañías, a través de sus responsables de seguridad, realizaron un encargo directo a Villarejo, cuando se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía para investigar a Luis del Rivero y su entorno”.
“Dicha investigación –añade el magistrado en su escrito—se habría utilizado para frustrar el pacto que Luis del Rivero, a través de Sacyr, había alcanzado con la empresa mexicana Pemex para tomar el control de Repsol S.A., compañía en que Caixabank S.A. era accionista de referencia”.
También está indiciariamente acreditado para el juez que ambas compañías, actuando conjuntamente, accedieron al tráfico de llamadas telefónicas realizadas por Del Rivero y su entorno, que fueron intervenidas ilegalmente.
El auto indica que las facturadas emitidas por Villarejo en ejecución de los trabajos de investigación encargados fueron abonadas por Caixabank y Repsol, “poniendo de manifiesto que la actuación de los investigados se llevó a cabo en todo momento en nombre y por cuenta de la propia compañía”.
El juez hace hincapié en la ilegalidad de los extremos de los servicios contratados por José Manuel Villarejo y que lo hiciera siendo funcionario público, cosa que conocían las compañías implicadas.
Esto debido a que tanto Caixabank como Repsol remitieron en su momento documentación en la que ambas aludían a la legalidad de la contratación de la empresa Cenyt (propiedad de Villarejo) justificándola en la convicción de que se trataba de servicios de seguridad privada.
El magistrado aprecia un grave fallo en la diligencia exigible para constatar que Cenyt nunca estuvo habilitada para ejercer actividades de seguridad privada al tratarse de una comprobación que puede efectuarse a través de la Unidad central de Seguridad Privada de la Policía Nacional.
Resulta, por tanto, especialmente llamativo que no se practicara esa comprobación cuando los dos jefes de seguridad de Repsol y CaixaBank que contrataron a Villarejo habían sido Jefe de la Unidad Central de Seguridad privada de la Policía nacional (el de la petrolera) y Jefe Superior de Policía en Galicia y Cataluña el de la institución bancaria.
Por tanto, el magistrado concluye que la falta de diligencia debida de las dos compañías, con incidencia en el resultado delictivo investigado exige, “cuanto menos que las entidades responsables expliquen en sede judicial por qué pudo producirse esta situación”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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