En un comunicado, los pobladores de Ostula aseguraron que el proceso de recuperación del territorio continúa con la petición que interpusieron el pasado 21 de junio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se pronuncie sobre la “adecuada demarcación, delimitación y protección jurídica efectiva de las tierras comunales y estándares probatorios en casos de invasión de propiedades comunales por parte de pequeños propietarios particulares”.
Denunciaron que el gobierno federal “ha faltado gravemente” en su responsabilidad de brindar instrumentos legales para defender su territorio, cuya delimitación fue reconocida parcialmente en 1964 en una resolución presidencial plagada de “errores”.
Los comuneros explicaron que la resolución del 27 de abril de 1964 delimitó el territorio en la colindancia con el océano pacífico hasta la mojonera que se conoce como Las Majahuas, así como en los puntos inamovibles de los cerros de Mancira, La Lagunita, San Franciscote y Tepataxte, cuya localización no ha sido reconocida en el juicio por límites del expediente 78/2004 del Tribunal Unitario Agrario del distrito 38 con sede en la ciudad de Colima.
Por ello, Ostula interpuso una petición ante la SCJN para que atraiga el caso y se pronuncie frente a los errores en la resolución presidencial que fueron documentados y señalados por el Tribunal Superior Agrario, “quien ordenó el perfeccionamiento pericial, sin que hasta el momento se haya dado cumplimiento a dicho requerimiento”.
Finalmente, los pobladores recordaron a los 41 comuneros, entre ellos dos menores de edad, que han sido asesinados en Ostula por la defensa del territorio, y aseguraron que “entre mayor sea el ataque a nuestra madre tierra, mayor será nuestra organización y respuesta”.
El comunicado completo:
A los pueblos y gobiernos del mundo
Desde las tierras sagradas de San Diego Xayakalan, territorio comunal de Santa María Ostula y como desde hace 12 años, nos hemos dado cita para conmemorar que, por acuerdo de la asamblea general de comuneros, recuperáramos mediante una fuerte movilización de la policía comunitaria y la guardia comunal más de mil hectáreas, que habían sido invadidas con violencia por supuestos pequeños propietarios de La Placita, Michoacán, que se valieron de errores técnicos en el plano definitivo de Ostula, que sobrepuso supuestas pequeñas propiedades con las tierras comunales.
Pese a que nuestras tierras están protegidas por la propiedad agraria, con este despojo pretenden tratar la superficie en conflicto como si fueran pequeñas propiedades, para que sirvan a los intereses capitalistas de grupos delictivos y empresariales, que sometieron durante años a nuestra madre tierra para verla como una fuente de minerales, destruyendo las montañas y contaminando los ríos, la ven como maderas preciosas que se venden, con la ayuda desvergonzada del gobierno, a los mercados orientales, pasando por los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. La ven, por su colindancia con el océano pacífico, como un espacio propicio para el trasiego de armas y drogas.
Todo esto los gobiernos, empresarios y criminales lo miden en millones de dólares, pero nosotros lo medimos en el sufrimiento y la sangre de nuestro pueblo, pues nos han arrebatado a 41 comuneros (entre ellos dos menores de edad), que han sido asesinados o desaparecidos por los grupos militares o criminales con completa impunidad.
Pero para la comunidad, es y será siempre nuestra tierra, la misma por la que lucharon los padres y abuelos de los que estamos hoy, la misma que sembramos y honramos en nuestras fiestas tradicionales.
El gobierno federal ha faltado gravemente a su responsabilidad constitucional de brindarnos, como pueblo originario, instrumentos legales que nos permitan defender lo que es nuestro y que fué reconocido en la resolución presidencial del 27 de abril de 1964. Misma que va delimitando el territorio en la colindancia con el océano pacífico hasta la mojonera que se conoce como Las Majahuas, así como en los puntos inamovibles de los cerros de Mancira, La Lagunita, San Franciscote y Tepataxte, cuya localización no ha sido reconocida en el juicio por límites del expediente 78/2004 del Tribunal Unitario Agrario del distrito 38 con sede en la ciudad de Colima.
Es por eso que el pasado 21 de junio, junto con nuestro equipo jurídico, interpusimos una petición para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atraiga el caso y se pronuncie sobre la “adecuada demarcación, delimitación y protección jurídica efectiva de las tierras comunales y estándares probatorios en casos de invasión de propiedades comunales por parte de pequeños propietarios particulares”, ya que las instancias legales se han valido del plano definitivo cuyas deficiencias técnicas fueron señaladas por el revisor de la Secretaría de Reforma Agraria, el Ing. Fracisco Osorio Labastida en el año de 1958, sin que se hubieran corregido antes de la Resolución Presidencial. Errores que fueron documentados y señalados por el Tribunal Superior Agrario, quien ordenó el perfeccionamiento pericial, sin que hasta el momento se haya dado cumplimiento a dicho requerimiento.
Es por eso que hoy, 29 de junio de 2021, a doce años de la recuperación de nuestros terrenos comunales, decimos claro que no daremos un paso atrás en la protección y defensa del territorio. Nuestros muertos y desaparecidos son la convicción más grande que tenemos para no permitir que nos arrebaten un centímetro cuadrado más, pues entre mayor sea el ataque a nuestra madre tierra, mayor será nuestra organización y respuesta.
Por último, mandamos un saludo fraterno a todas y todos quienes han levantado la voz en favor de esta lucha, quienes han exigido justicia junto a nosotros. Les pedimos que empuñemos nuevamente la palabra, que escribamos y difundamos la razón que poderosos intereses han querido silenciar. Les pedimos que estemos atentos a la palabra de nuestra comunidad para participar en la campaña de solidaridad que hemos emprendido para evitar que se cometa una nueva injusticia, ya que sería el inicio de una nueva escalada violenta, cuyas consecuencias pueden ser peores que la estela de sangre que hemos vivido estos doce años.
A 29 de junio de 2021.
Nunca Más Un México Sin Nosotros
Comunidad Indígena de Santa María Ostula
AUTOR: REDACCIÓN.
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