Pegasus Project, un trabajo periodístico realizado por 80 periodistas de 17 organizaciones de medios, reveló que, entre 2016 y 2017, el gobierno mexicano utilizó Pegasus contra 25 periodistas, así como contra activistas y defensores de derechos humanos, entre ellos, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“A seis años y nueve meses todavía no encontramos a nuestros hijos, todavía no sabemos qué les pasó, pero tenemos que alcanzar la verdad. El gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) todo lo hizo mal, el mundo entero lo sabe, manipularon las investigaciones y construyeron su verdad histórica, pero fue destruida y ya no pudieron engañarnos, lo demostramos científicamente gracias al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a nuestros abogados”, señala, y agrega que “da tristeza, porque fue el Estado quien desapareció a nuestros hijos, aunque no lo quiso aceptar”.
En entrevista telefónica, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, señala que las revelaciones de Pegasus Project “confirman que lo que publicamos hace cuatro años era la punta del iceberg, nos habla de un esquema sistemático de espionaje por parte del gobierno de Peña Nieto contra personas que le resultaban incómodas, activistas, defensores y hasta oposición política”. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), SocialTIC, Citizen Lab, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh) y Artículo 19, exhibieron en 2017 la vigilancia ilegal contra personas defensoras y periodistas durante el gobierno de EPN con la investigación #GobiernoEspía.
Pegasus es un software desarrollado por la empresa NSO Group, que permite revisar los mensajes, las aplicaciones, la geolocalización, el historial, así como escuchar llamadas y activar la cámara y el micrófono del dispositivo.
Maldonado explica que, con una lista de 15 mil objetivos, México es el país donde más se ha utilizado el malware Pegasus, pero no bajo el objetivo al que está circunscrito, que sería, en teoría, para combatir al crimen organizado y al terrorismo, sino que se le ha dado un uso político, y considera, esto tiene que ver con una falta de controles en la compra y venta de este tipo de productos.
En el 2017, Artículo 19 presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que, asegura Maldonado, no ha avanzado, y considera, “es una oportunidad para que se transparente por parte del actual gobierno qué fue lo que pasó en aquel entonces”.
“El uso desproporcionado de este malware es una violación grave a la intimidad y privacidad de las personas, que tiene como efecto inmediato el ataque a la libertad de expresión y de derechos de participación ciudadana, así como del derecho a defender derechos humanos”, explica el director de Artículo 19, y añade que resulta absolutamente injustificado que personas sean espiadas por su trabajo periodístico, su activismo o la defensa de derechos humanos. “Esto nos habla de un gobierno profundamente autoritario como fue el de EPN. No es una práctica nueva, tiene que ver con un proceso histórico del régimen priista que mantiene el autoritarismo».
Actualmente, se tienen indicios de que en la Fiscalía General de la República (FGR) se ha adquirido este tipo de software, señala Maldonado, y asegura que se desconoce si esta adquisición está sujeta a un estricto control judicial, por lo que la FGR tendría que rendir cuentas al respecto. En el caso de gobiernos estatales, explica que recientemente se reveló un entramado de espionaje y suplantación de identidad a periodistas en Guanajuato y también se tendría que investigar qué pasó y cómo ocurrió esta situación.
Maldonado considera que el gobierno federal debe abrir la información sobre si se siguen utilizando este tipo de herramientas, y que “no basta con que se diga en las conferencias matutinas que ya no hay espionaje. Hay una oportunidad para avanzar en medidas de no repetición y tener mayores controles”, dice. Además hay una oportunidad de generar investigaciones complejas a nivel global, y que instancias internacionales se sumen. Agrega que en Artículo 19 documentarán los nuevos casos de periodistas y personas defensoras afectadas que quieran acercarse.
Por su parte, Luis Fernando García, director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), señala que estas revelaciones son muy preocupantes y destaca el caso de Cecilio Pineda, un periodista de Guerrero que fue asesinado en 2017, y fue espiado con Pegasus. “Esto levanta muchas sospechas, nos dice que el sistema de inteligencia del Estado guarda una relación con otros crímenes, con la guerra, con lo que ha sucedido en México en los últimos 15 años”. García considera que para comenzar a entender los crímenes de los últimos años en el país, es necesario esclarecer qué se hizo con esa información.
Para García, el hecho de que tantos funcionarios, incluido el actual presidente, fueran objetivo de espionaje, “compromete la integridad de las instituciones”, por lo que es un “asunto urgente de esclarecer”. También, asegura que la “promesa del actual gobierno de no espiar es insuficiente”, y agrega que debe haber una manera de verificar estos dichos.
Señala que las organizaciones y periodistas que han dado a conocer esta información han tenido que litigar en el poder judicial “porque el gobierno actual nos sigue negando el acceso a la información”. Y considera que tiene que haber transparencia sobre el espionaje del pasado.
García señala que la actual FGR adquirió equipos para acceder a datos y a geolocalización. “Se necesita un marco legal que restrinja el uso de estas herramientas, además de mecanismos institucionales verificables que aseguren que esto no siga pasando”, considera.
El director de R3D agrega que aún hay mucho por esclarecer en cuanto al uso de Pegasus en México y es “una cuenta pendiente” de las autoridades investigar y dar a conocer cómo se utilizó la información obtenida con este malware.
AUTOR: ERIKA LOZANO.
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