“Nos quieren intimidar, acallar, y cuando no lo logran, nos asesinan”, denunció León Fierro, integrante del colectivo Mexicali Resiste, y exigió un alto a la persecución y criminalización del actual gobierno contra activistas que se oponen a la instalación de la cervecera Constellation Brands en Baja California.
La organización Mexicali resiste señaló en un comunicado que tras un proceso de represión en el 2017, en el que algunos integrantes del colectivo fueron acusados de despojo por parte del Congreso del Estado de Baja California, los cargos fueron desestimados y la investigación cerrada; pero la actual legislatura retomó el caso y programó una audiencia para el 8 de julio.
“Vemos esto como una medida intimidatoria por la defensa del agua que hemos impulsado desde el 2017, viene otra oleada de represión y continúa lo que ocurría con un gobierno panista, pero ahora con un gobierno morenista”, señaló Fierro.
Integrantes de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, así como normalistas de la Normal Rural de Mactumactzá e integrantes de Mexicali Resiste, exigieron el cese de la persecución a los activistas que defienden el agua la mañana de este miércoles frente al Palacio Nacional.
Las autoridades acusan a los defensores de motín, sedición, privación de la libertad y daños del patrimonio por la toma del congreso en 2017, denunciaron integrantes de la comunidad otomí, y señalaron que “es clara su decisión de detenerlos por delitos calificados como graves”.
La comunidad otomí exigió el desistimiento de la acción penal contra los defensores del agua. Además, demandó a los tres niveles de gobierno que garanticen los derechos de los activistas, así como de sus garantías individuales. Consideraron esta acción un “cobro de factura” por oponerse a la cervecera Constellation Brands.
“Que se extienda esta solidaridad con otras luchas, queremos tejer y conectar la digna rabia que desde Mexicali estamos gritando y resistiendo a estos intereses capitalistas”, dijo Fierro, quien, al igual que las activistas Diana Aranguré y Tania Gaya, es uno de los acusados por las autoridades.
Durante la protesta repudiaron la represión contra personas defensoras en distintos estados del país y denunciaron la continuidad de una “política represiva” por parte del actual gobierno federal.
AUTOR: REDACCIÓN.
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