El extitular de Gobernación en el Gobierno de Enrique Peña que no sabía de la compra de Pegasus, software usado para el espionaje.
El actual coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado aseguró que las labores del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se enfocaban en el seguimiento a “criminales” y la dependencia solo intervenía conversaciones telefónicas con una orden judicial.
“No te reconozco ningún sistema de espionaje, te reitero, nosotros seguíamos a criminales y siempre se pedía la autorización de un juez para poder hacer el seguimiento respectivo, y lo hacía el Cisen o lo hacían las áreas correspondientes. Desde entonces, no hay lugar comentario de espionaje de mi parte, no tengo conocimiento de nada”, dijo ante medios de comunicación luego de concluir un evento en la antigua sede del Senado de la República en el Centro Histórico.
El priista aseguró que él no supo de la compra de Pegasus porque el Cisen operaba con otro sistema.
“No tengo ningún conocimiento de haber adquirido este sistema, en el Cisen tenían otro sistema en el que se trabajaba. Tuve varias reuniones allá pero que se trabajaba obviamente en el marco de la ley y con órdenes judiciales, solo así. Los sistemas que se han ocupado cuando yo estuve en el Secretaría fueron en ese sentido y no tuve ningún conocimiento de compra de algún otro diferente o de la compra de este sistema al que hace referencia”, agregó.
Osorio Chong se convirtió en el súper Secretario del Gobierno de Enrique Peña Nieto desde enero de 2013, cuando gracias a cambios en el reglamento interno de la Secretaría de Gobernación le dio al exgobernador de Hidalgo 41 atribuciones, incluyendo las que correspondían a la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), creada en el sexenio de Vicente Fox Quesada, y el control del Cisen.
Además, Osorio asumió también el liderazgo más importante en el Gabinete federal, pues de acuerdo con las facultades que se le otorgaron entonces se convirtió en el encargado de “coordinar, por acuerdo del Presidente de la República, a los secretarios de Estado y demás funcionarios de la administración pública federal.
La Segob, a cargo del priista y hoy Senador de la República, tenía todo el control sobre los organismos de seguridad del país. Sin embargo, ahora, el hidalguense niega que el Cisen espiara a civiles no relacionados con crimen organizado ni que el ese organismo usara el polémico software Pegasus.
GOBIERNO ESPÍA
En el 2017, se denunció que diversos periodistas, activistas y defensores de derechos humanos fueron espiados mediante Pegasus, un programa que había sido comprado por oficinas del Gobierno federal y media docena de estados del país.
Ante las críticas y las denuncias de diversas organizaciones sociales, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a la Procuraduría General de la República (hoy FGR) investigar el supuesto uso de este tipo de programas, aunque aseguró que su Gobierno no los ha usado para espiar a ciudadanos comunes.
La exfiscal general Arely Gómez, ahora secretaria de la Función Pública, reconoció que la PGR contaba con el programa pero sostuvo que durante su gestión siempre su utilizó conforme al marco legal.
Según las condiciones de venta del programa Pegasus, los gobiernos solo lo pueden utilizar para espiar en casos de sospecha de terrorismo y para perseguir criminales, como el caso de los cárteles del narcotráfico.
Personalidades como la periodista Carmen Aristegui y el director del Centro Prodh, Mario Patrón, son algunos de los que fueron espiados por Pegasus.
ESPIONAJE CON FCH Y EPN: SANTIAGO NIETO
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dijo esta mañana que el espionaje con equipo y software sofisticados empezaron con Felipe Calderón Hinojosa y continuaron con Enrique Peña Nieto, y que también se registraron compras de gobiernos como el de Veracruz y el del Estado de México.
Desde Palacio Nacional, Nieto Castillo presentó una amplia investigación de la Unidad que apunta a que al menos dos empresas recibieron recursos públicos y los transfirieron a cuentas en el extranjero, mayoritariamente en Israel y Estados Unidos.
Primero, señaló que “Grupo Tech Bull es una empresa con características de fachada”, la cual fue constituida por Balam Seguridad Privada S.A. de C.V. y que “contrató durante el año 2014, con la Procuraduría General de la República, particularmente con el licenciado Tomás Zerón de Lucio [hoy prófugo en Israel], director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, el software Pegasus, el malware Pegasus, para efecto de espionaje telefónico”.
“Este es un contrato de 32 millones de dólares, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, a quien terminó transfiriéndole los recursos. Cabe señalar que no es el primer caso que se tiene reportado en México de adquisición de malware. El primer caso se remonta a la administración de Felipe Calderón y tiene que ver con la contratación que Genero García Luna [hoy preso en Estados en espera de su juicio por narcotráfico] hizo de las empresas de los señores Weinberg para poder contratar el software de NiceTrack”, reveló el funcionario.
En conferencia de prensa, explicó que las contrataciones con la serie de empresas vinculadas a Grupo Tech Bull y Balam Seguridad Privada se remontan en México al año 2012, también durante la administración de Felipe Calderón. No detalló si se contrató en ese entonces el servicio Pegasus.
“Grupo Tech Bull es una empresa con poco tiempo de constitución que empieza a recibir fuertes montos de recursos provenientes de cuentas concentradoras del Gobierno federal, a partir de empresas reconocidas en el ramo se seguridad”, indicó Santiago Nieto.
A través de una red de empresas, continuó Nieto, se enviaban recursos a Israel e Italia.
“No solamente se trata de montos incongruentes, sino también que estas cuentas operan con cuentas concentradoras del Gobierno federal con montos muy superiores, lo cual implica o por lo menos se presume la existencia de actos de corrupción al venderlas a sobreprecio al Gobierno de la República del año 2012 al 2018”, apuntó.
Sobre los periodos de contratación, añadió que van del 2012 al 2018 y pertenecen tanto a la PGR, pero también a órganos desconcentrados de prevención y gobiernos estatales como el de Veracruz.
AUTOR: REDACCIÓN.
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