En 2020, el primer año de la gestión de Rosario Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la dependencia emitió 103 instrumentos recomendatorios, un 14.87 por ciento menos que los hechos en 2019 (121), último año de Luis Raúl González Pérez.
La posición política que la Comisión ha tomado contrasta frente a la situación de violencia que se ha recrudecido en estados como Zacatecas, Michoacán y Tamaulipas, donde el principal derecho humano, la vida, ha sido violentado. Peso a esto, no se ha observado un posicionamiento que exija al Estado mexicano garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Sin embargo, la crisis de violencia no es el único tema en que ha faltado un discurso contundente por parte de este organismo autónomo. Defensores de derechos humanos y organizaciones civiles coincidieron en que el desempeño de la actual ombudsperson ha dejado qué desear en aspectos como la profundización de la militarización de la seguridad en México, el discurso y ataques contra la prensa y activistas, así como en temas de salud tras la pandemia de COVID-19 y el desabasto de medicamentos para niños con cáncer.
Leopoldo Maldonado, director de Articulo 19, organización de defensa y acompañamiento jurídico para periodistas y activistas, explicó en entrevista que la CNDH siempre ha sido una institución “cooptada por el poder político que no ha logrado, en su historia, desarrollar su potencial de autonomía e independencia».
«Tuvimos gestiones desastrosas con José Luis Soberanes, Raúl Placencia Villa Nueva y, bueno, ya después con Luis Raúl González Pérez mejoró en algún sentido, pero también dejó enormes deudas sobre todo con lo que pasó con el caso Ayotzinapa, fue decepcionante la recomendación que emitieron”.
Sin embargo, destacó el defensor, ahora el papel de la CNDH en el actual sexenio ha sido abiertamente a favor del Gobierno y no de las víctimas de violaciones a derechos humanos.
“Lo que estamos atestiguando es una Comisión claramente sometida al Poder Ejecutivo federal, antes era una simulación y había algunos aspectos positivos; pero en el caso de Rosario Piedra, abiertamente se han sometido a los designios del Gobierno federal, terminando de dar el tiro de gracia a la de por sí endeble autonomía e independencia de esa institución”, comentó.
Para Amnistía Internacional, durante los últimos años ha hecho falta un posicionamiento más claro y fuerte por parte de la CNDH en temas como la militarización del país o el manejo que las autoridades han dado a la pandemia.
“Por ejemplo, sobre el anuncio de la posible adscripción de la Guardia Nacional a la SEDENA, nos hubiera gustado escuchar la voz de la CNDH. Hay otros temas en que también nos hubiera gustado escuchar más la voz de la Comisión, por ejemplo: en el manejo de la pandemia, la CNDH no se ha escuchado tanto. Con el tema de las infancias con cáncer, nos gustaría escuchar también un poco más a la CNDH y en el tema de las violaciones a derechos humanos de las mujeres que protestan, nos gustaría que la Comisión fuera también un poco más firme”, dijo la maestra Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
Otras organizaciones han hecho hincapié en la falta de una respuesta de la Comisión particularmente en lo que respecta al uso de militares en las labores de Seguridad. El más reciente informe emitido por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, por ejemplo, alertó que es preocupante el silencio que ha mantenido la CNDH frente a presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.
«El silencio de la CNDH es especialmente grave, pues tratándose de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, claramente ha retrocedido en la práctica de emitir pronunciamientos para expresar preocupación por el uso excesivo de la fuerza y anunciar el inicio de expedientes de queja cuando hay casos públicos y notorios, práctica que sí mantiene respecto de otras autoridades y violaciones a derechos humanos. Esto, desde luego, impactará previsiblemente en una disminución de emisión de recomendaciones”, se lee en el informe Poder Militar. Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense, que advierte que la militarización de la seguridad alcanzó una profundidad legal no vista antes.
En ese sentido, Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, explicó que hay una «autoinhibición preocupante» por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto de las violaciones en la materia que son imputables a las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional cometidas en este sexenio.
“Hay una atención que privilegia los casos del anterior sexenio o de hace dos sexenios, pero que no está siendo rigurosa frente a las realidades que están pasando actualmente”, dijo el activista en entrevista con SinEmbargo.
UNA GESTIÓN DE CRÍTICAS
Rosario Piedra Ibarra tuvo un accidentado arribo a la CNDH. Desde entonces se ha enfrentado a diversas acusaciones por parte de organizaciones civiles y de víctimas que han cuestionado el cumplimiento de su responsabilidad de velar por la defensa de los derechos humanos, e incluso, hasta ha sido denunciada ante instancias como la Fiscalía General de la República (FGR).
Los señalamientos han llegado hasta los oídos de instancias internacionales, lo que ha provocado que por primera vez la situación de esa institución sea puesta a revisión por parte del Subcomité de Acreditaciones de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI, por sus siglas en inglés), un mecanismo internacional de supervisión de las instituciones públicas en la materia.
Durante el periodo de sesiones celebrado del 7 al 18 de diciembre de 2020, el Subcomité GANHRI acordó iniciar una revisión a la CNDH a partir de las preocupaciones planteadas por diversas organizaciones de la sociedad civil —en una carta enviada en noviembre de 2019— donde exponen un supuesto conflicto de intereses en el proceso de nombramiento de Piedra Ibarra y de la eficacia con la que ha dirigido la institución.
Leopoldo Maldonado destacó que, aunque el proceso de designación fue “desaseado y sin cubrir los mínimos requisitos”, los derechohumanistas en el país esperaban que Piedra Ibarra, emanada de un movimiento de víctimas de desaparecidos políticos, luego de tomar las riendas del organismo tuviera una sensibilidad y mirara a favor de las víctimas, pero —dijo— no ha ocurrido así.
Los cuestionamientos por la independencia política han pesado sobre la ahora Ombudsperson desde su designación y han sido llevados hasta mecanismos internacionales por medio de una carta firmada por organizaciones civiles y analistas expertos en derechos humanos, en la que se señaló su condición de militante de partido Morena, que fundó y al que pertenece el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Piedra Ibarra deja serias dudas a la sociedad y al parecer al Subcomité GANHRI, sobre la independencia política de la institución y el cumplimiento de la misma Ley de la CNDH que señala que la persona titular de esa institución no debe desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación”, informó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en un comunicado emitido en febrero pasado.
Aunque la CNDH ha respondido a solicitudes de información al GANHRI, no obstante, “el Subcomité es de la opinión de que esta explicación no responde plenamente a todas las cuestiones planteadas. En consecuencia, decidió iniciar un examen especial”, abundó el CMDPDH.
ACUSACIONES Y DENUNCIAS DE VICTIMAS
La Comisión también ha sido objeto de acusaciones y señalamientos de víctimas. El 1 de julio pasado, Adrián LeBarón, familiar de las nueve víctimas de la masacre ocurrida en Bavispe, Sonora, denunció que esta institución lo revictimizó al negarle su solicitud de ser reconocido como víctima, y por tanto no podía acceder al expediente de investigación del caso de su organismo.
Además, el pasado 15 de diciembre, los padres de niños y niñas con cáncer denunciaron ante la Fiscalía General a Rosario Piedra, por su presunta omisión e inactividad ante el desabastecimiento de fármacos oncológicos, pues aseguraron que el organismo no ha actuado sobre el tema a pesar de que se habían presentado al menos 552 quejas ante el organismo.
En días pasados, la FGR desestimó la queja y determinó el no ejercicio de la acción penal contra Piedra Ibarra, por lo que la representación legal de los padres ya prepara una queja contra la Fiscalía, informó una de los afectados, Andrea Rocha al periódico La Razón.
Leopoldo Maldonado, defensor de periodistas y activistas, afirmó que la titular de la CNDH se ha dedicado a defender al Gobierno y no a víctimas y la evidencia de ello es el caso de Notimex.
“La muestra más tremenda, más decepcionante y más condenable fue la defensa tan vehemente que hizo de la funcionaria pública Sanjuana Martínez, directora de Notimex, quien se dijo atacada luego de una investigación periodística realizada por Aristegui Noticias, SignaLab del Iteso y Artículo 19”, dijo.
En cambio, agregó, los periodistas no han recibido apoyo de la CNDH, quien cerró la queja que los comunicadores interpusieron desde el año pasado contra la Agencia de Noticias del Estado mexicano.
“Se cerró sin ningún motivo, simplemente diciendo que era un asunto laboral y después victimizaron a la funcionaria pública diciendo que estaba en peligro su integridad por culpa de quienes investigamos sus abusos de autoridad”.
El titular de Artículo 19 en México agregó que otro ejemplo fue la Acción de Inconstitucionalidad que presentó la CNDH contra la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR), mejor conocida como #LeyGertz, legislación que no se establece una obligación clara de esta dependencia frente a los mecanismos de derechos humanos, que no garantiza el derecho de las víctimas a coadyuvar activamente con el Ministerio Público, ni cumple con los estándares internacionales en la materia, ni con el principio de progresividad.
“Es una acción que presentó nada más para salir del paso y no ser criticada, pero que en realidad no va a tener ningún efecto relevante en dado caso que la SCJN le dé la razón”, expresó.
RECOMENDACIONES
En 2020, el primer año completo del ejercicio de Rosario Piedra, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 103 instrumentos recomendatorios, de los cuales, 90 fueron Recomendaciones particulares, 11 Recomendaciones por violaciones graves y dos Recomendaciones Generales, de acuerdo con datos de la propia CNDH obtenidos en su portal de internet.
La cifra significa una disminución de 14.87 por ciento en comparación con las giradas en 2019 (121), último año de Luis Raúl González Pérez. Las recomendaciones por violaciones graves hechas el año pasado bajaron 26.66 por ciento, con respecto a las 15 de 2019.
Maldonado Gutiérrez resaltó que las Recomendaciones a nivel federal son por denuncias que se giraron en contra de autoridades de sexenios anteriores y no de la actual administración, o bien, son instrumentos que tienen que ver con el fuero local o estatal, cuando se trata de casos que llegan al organismo por las vías de impugnación o atracción.
“La CNDH no es un contrapeso contra este Gobierno como lo debería de ser. Como el Presidente ya decretó que no hay masacres, torturas ni violaciones a derechos humanos en este Gobierno, pues al parecer la Comisión está en el mismo entendido y no ejerce con amplitud sus facultades para investigar, impugnar leyes inconstitucionales y tener una posición política más fuerte en un país donde hay casi 90 mil desaparecidos y más de 300 mil personas asesinadas desde el inicio de la guerra contra el narco. Por lo visto tendremos que seguir padeciendo durante dos años más una administración que no tiene ningún rumbo en la CNDH”, insistió.
El 14 de septiembre, senadores cuestionaron la gestión de Piedra Ibarra en una comparecencia en la que le recordaron que obtuvo su puesto en medio de una votación llena de polémica y en donde incluso solicitaron su renuncia. “Le exhortamos a que tenga dignidad y que renuncie”, espetó en ese momento la Diputada sin partido, Ana Lucía Riojas.
Geraldina Herrera, de Movimiento Ciudadano (MC), criticó que Rosario Piedra alguna vez fue militante de Morena y la instó a cuestionarse sobre su capacidad para dirigir al organismo. En tanto que el Senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, también reprochó los silencios que ha tenido la Comisión en el tema de la pandemia por la COVID-19 y con las violaciones a derechos que han sufrido los migrantes en México.
“Me parece que, dada las irregularidades de su nombramiento, yo creo que hay un fallo de origen. Lo que mal empieza, mal acaba. Y considerando los escándalos que ha vivido la institución en tan solo meses, la CNDH se ha dado a conocer más por sus escándalos que por su trabajo de defensa, y considerando la omisión y los silencios que ha tenido por ejemplo de los migrantes centros americanos, lo que pasa con las mujeres y con la Covid , yo considero que la titular debería renunciar”, dijo Icaza.
Uno de los eventos que también ha marcado a la CNDH, fue la toma de sus instalaciones por parte de feministas y víctimas, quienes protestaron movidas por el hartazgo ante la inseguridad, la violencia de género, las malas investigaciones en los casos y la deficiente atención a las víctimas.
Se trató de un acto histórico. La protesta feminista inició en apoyo a un par de madres de San Luis Potosí, Silvia Castillo, madre de Alán, un joven asesinado y calcinado presuntamente por sus amigos, y Marcela Alemán, madre de Lya, una menor que fue víctima del delito de violación, quienes protestaban en el interior del inmueble para exigir que la CNDH interviniera en sus casos y las apoyara en el desplazamiento y justicia.
Sin embargo, luego de reunirse con María del Rosario Piedra Ibarra para denunciar la indiferencia de las autoridades estatales, las madres no se sintieron atendidas a plenitud por la Ombusperson por lo que se amarraron a unas sillas y solicitaron apoyo a los grupos feministas para mantener la protesta que se convirtió en la toma de las instalaciones que se extendió medio año.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.
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