A partir de las visitas en la misión de observación y de los testimonios de las familias, las organizaciones reportaron en un comunicado aproximadamente 3 mil 205 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, infancias y personas de la tercera edad, además de personas defensoras de derechos humanos, en los municipios de Chenalhó, San Cristóbal de las Casas y San Juan Cancuc. Las víctimas de desplazamiento forzado, a pesar de haber salido de sus casas, continúan en riesgo y temen ser perseguidas y atacadas por los agresores que “siguen presentes y operando en la región”.
Comunicaron la urgencia de garantizar las necesidades básicas alimentarias e higiénicas de la población desplazada tras identificar un riesgo alto de inseguridad nutricional para las familias desplazadas, ya que dependen completamente de ayuda externa para su alimentación y se encuentran en riesgo de perder su cosecha si no regresan pronto a sus comunidades. Aclararon que los cultivos están en desarrollo y, de no atenderse, se perderá la producción de granos básicos para la alimentación de al menos un año.
Identificaron afectaciones a la salud mental y diversas enfermedades derivadas de estados nutricionales inadecuados, así como las condiciones de hacinamiento, infraestructura de saneamiento insuficiente y escasez de agua. Aseguraron que las condiciones actuales representan riesgos para la salud física y mental de las personas desplazadas, para la violencia de género y para el contagio de Covid-19.
Apuntaron que entre marzo y julio de este año se han registrado 12 personas asesinadas, entre quienes se encuentra un niño y el defensor comunitario Simón Pedro Pérez López, así como una persona desaparecida y una mujer y un niño heridos con armas de fuego. Afirmaron que los hechos fueron perpetrados por un grupo criminal de Pantelhó vinculado a funcionarios públicos municipales.
Denunciaron la presencia de grupos criminales que buscan el control del territorio e impiden el mantenimiento de la paz dentro de las comunidades, al igual que la violencia estructural en el Estado de Chiapas, su ausencia y falta de atención ante el aumento de la actividad criminal y sus altos niveles de corrupción e impunidad. Enfatizaron que el sustento de la vida comunitaria y salud de las familias se verá vulnerada, situación que agravará más la crisis imperante traída por la pandemia.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Médicos del Mundo Suiza, la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria A.C. (CORECO), Desarrollo Económico y Social De Los Mexicanos Indígenas (DESMI), el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), quienes firmaron el comunicado, rechazaron la falta de actuación del Estado de instalar albergues y mecanismos de atención integral a las personas desplazadas. Por otro lado, destacaron los procesos organizativos que han generado los pueblos con el objetivo de hacer frente a su contexto de injusticia histórica
Exigieron a los gobiernos federal y estatal que garanticen una atención integral ante la emergencia humanitaria de los desplazamientos forzados en acciones con pertinencia cultura, que propicien el retorno pronto y seguro a las comunidades con una acción planificada de reintegración comunitaria y, por último, que se atienda a las causas estructurales de la violencia para construir condiciones de paz y justicia en el territorio de Chiapas.
El comunicado completo:
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
a 15 de julio de 2021
Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil el 10 de julio de 2021 realizamos una misión de observación de derechos humanos en el municipio de Chenalhó, Chiapas, documentamos la situación de violaciones a los derechos humanos derivada de los impactos de la violencia suscitada durante los últimos días en los municipios de Pantelhó y los límites de Chenalhó.
Durante los últimos años, la presencia de grupos criminales que buscan el control del territorio ha impedido el mantenimiento de la paz dentro de las comunidades. Aunado a ello se encuentra la violencia estructural que se vive en el Estado de Chiapas, que ha llevado a los pueblos a generar procesos organizativos que tienen el objetivo de hacer frente al contexto de injusticia histórica.
Por lo menos de marzo de 2021 al 05 de julio se han registrado 12 personas asesinadas (entre ellas un niño y la ejecución de Simón Pedro Pérez López), una persona desaparecida y una mujer y un niño herido con arma de fuego, estos hechos han sido perpetrados por un grupo criminal de Pantelhó vinculado a funcionarios públicos municipales.
La ausencia del Estado y su falta de atención ante el aumento de la violencia hace que los pueblos vean a las autoridades más como partes del problema que de la solución, ello aunado a altos niveles de corrupción e impunidad en el Estado. Cabe destacar que es un hecho que para garantizar la construcción de la paz de manera sostenible es fundamental la voluntad y el compromiso real de todos los actores involucrados.
A partir de las visitas que realizamos en la misión de observación de derechos humanos escuchamos los testimonios de las familias y el sufrimiento por el que están pasando fuera de sus comunidades. Según los datos con los que contamos hasta el momento son aproximadamente 3205 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, ancianas, ancianos, niñas y niños, en los municipios de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y San Juan Cancuc.
Estas víctimas de desplazamiento forzado han enfatizado durante la misión: “Tenemos miedo y estamos preocupados por nuestras vidas y la de nuestros familiares”. Así, el hecho de haberse visto forzadas a salir de sus casas no elimina el riesgo al que se encuentran expuestas, pues temen ser perseguidas y atacadas por sus agresores que siguen presentes y operando en la región.
Se ha podido constatar que, ante la falta de actuación del Estado de instalar albergues y un mecanismo de atención integral a desplazados, la sociedad civil, el pueblo creyente y las iglesias, impulsaron campamentos para atender la grave crisis humanitaria. Preocupa el aislamiento en el que se encuentran estos campamentos ya que la falta de señal telefónica aumenta su situación de riesgo frente a una probable agresión.
Cabe destacar que dentro de las víctimas de desplazamiento se encuentran personas defensoras de derechos humanos como la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal quienes han sufrido amenazas constantes por su labor a favor de la paz y la no violencia.
Es necesario y urgente garantizar las necesidades básicas de alimentos, sobre todo: maíz, frijol, arroz, chayotes, papas, sal; así como de productos de higiene: jabón, toallas femeninas, pañales, etc., para sostener a las familias, así como el abastecimiento de leña para la cocción de alimentos en los campamentos de desplazados.
Identificamos un riesgo alto de inseguridad alimentaria pues las familias desplazadas dependen totalmente de la ayuda externa para su alimentación y se encuentran en un riesgo alto de perder su cosecha si no retornan pronto a sus comunidades. Existe preocupación por el abandono en el que se encuentran los cultivos de milpa, frijolar, traspatios y cafetales. Dichos cultivos están en desarrollo y, si no se atienden, se perderá la producción de granos básicos para la alimentación de al menos, un año. Lo mismo ocurrirá con los animales que no se están alimentando y morirán de hambre, vulnerando de esta manera la sustento de la vida comunitaria y salud de las familias. Esta situación llevará a agravar aún más la crisis alimentaria imperante desde el COVID-19.
Durante la visita, las principales enfermedades identificadas fueron casos de diarreas, deshidratación aguda, enfermedades respiratorias y fiebres. Estos padecimientos pueden complicarse en personas con un estado nutricional inadecuado y en menores de 5 años, poniendo en riesgo su vida por complicaciones como la neumonía y la insuficiencia respiratoria. Se identificaron afectaciones a la salud mental de la población: llanto, tristeza y ansiedad.
Las condiciones de hacinamiento, la infraestructura de saneamiento insuficiente y la escasez de agua representan un riesgo muy alto para el aumento de enfermedades infecciosas y diarreicas que, en niños y niñas menores de 5 años, puede ser mortal si no se asegura su adecuado estado de hidratación.
También documentamos que dos mujeres dieron a luz en la montaña, mientras huían de sus comunidades. Es urgente asegurar que tanto ellas, como sus bebés, se encuentran fuera de peligro. Las familias han sido separadas y se reportan al menos dos menores desaparecidos en la montaña.
Adicionalmente, las condiciones actuales de hacinamiento y falta de privacidad representan un riesgo para la salud física y mental, para la violencia de género y para la aparición de casos de COVID-19.
Por tal situación, las organizaciones que emitimos este pronunciamiento exigimos a los gobiernos federal y estatal una atención integral ante la emergencia humanitaria de los desplazamientos forzados en acciones con pertinencia cultural; se propicie el retorno pronto y seguro a las comunidades con una acción planificada de reintegración comunitaria y, por último, se atienda a las causas estructurales de la violencia que posibilite el seguir construyendo condiciones para que la Paz y la Justicia sean una realidad en el territorio de Pantelhó, Chenalhó y de los Altos de Chiapas.
Todas estas peticiones se realicen de acuerdo al marco nacional e internacional de protección de derechos humanos conformado, entre otros, por: los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de Las Naciones Unidas, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobres los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley para la Atención de los Desplazamientos Internos en el Estado de Chiapas, así como las obligaciones internacionales del Estado mexicano.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)
Médicos del Mundo Suiza
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria A.C. (CORECO)
Desarrollo Económico y Social De Los Mexicanos Indígenas (DESMI)
Con el acompañamiento internacional del Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ)
AUTOR: REDACCIÓN.
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