Así lo da a conocer este lunes el diario Milenio, que tuvo acceso a las declaraciones de Rodrigo Arteaga Santoyo, quien era secretario particular de Lozoya, y Francisco Olascoaga Rodríguez, ex jefe del Departamento Administrativo en la Dirección de Pemex.
En la denuncia de hechos realizada por Lozoya en agosto de 2020, ofreció al Ministerio Público de la Federación presentar el testimonio de Arteaga y Olascoaga. Lo anterior para que Aretaga “aportara los recibos que se firmaban para la entrega de los recursos mencionados” y Olascoaga entregara “un video en el que se apreciará el momento exacto de una de las entregas de dinero al enlace de (Partido) Acción Nacional”.
De acuerdo con el rotativo, Arteaga Santoyo negó tener recibos de entrega de dinero firmados por Rafael Jesús Caraveo Opengo. Por su parte, Olascoaga Rodríguez rechazó tener en su poder un video con la entrega de dinero a Caraveo.
En agosto de 2020 se dio a conocer un video en el que se observa a Rafael Caraveo y a Guillermo Gutiérrez Badillo, colaboradores de los exsenadores panistas Jorge Luis Lavalle y Francisco Domínguez -actual gobernador de Querétaro-, recibir fajos de dinero como presuntos sobornos para la aprobación de la reforma energética.
Lozoya aseguró en sus declaraciones ministeriales que el video había sido grabado por Francisco Olascoaga, lo que éste negó ante las autoridades al señalar que no le “tocó participar de ninguna manera en las gestiones o actividades relacionadas” con la reforma energética, pues no era su función.
“Tampoco tuve interacción alguna con las personas que desde fuera de Pemex participaban en las actividades de la promoción de la reforma, o sea, no tuve trato ni con senadores, ni con empresarios, ni con diputados o cualquier otra persona que estuviera metida en la reforma (energética), ni siquiera como acompañante del director general”, dijo en enero de este año, de acuerdo con el reporte del periodista José Antonio Belmont.
Sin embargo, Caraveo admitió que el encuentro sucedió en agosto de 2014 y que fue Olascoaga Rodríguez quien le entregó el dinero. De acuerdo con lo reportado en noviembre de 2020 por Reforma, el panista dijo que el dinero fue recibido por órdenes del entonces senador Jorge Luis Lavalle Maury y que el destino fue para campañas electorales panistas.
En el caso de Rodrigo Santoyo, negó tener conocimiento de que el expresidente, Enrique Peña Nieto, o el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, instruyeran a Lozoya a “entregar dinero en efectivo a legisladores” entre 2013 y 2014.
“Este par de entrevistas fueron presentadas en el caso del ex senador Lavalle, quien hasta el momento es el único con acusación formal de la FGR en la denuncia de Lozoya”, menciona el reporte de Milenio.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que los testigos fueron “amenazados” y desestimó sus declaraciones, en tanto fueron tomadas por abogados particulares y no por agentes ministeriales. Ambos promovieron recursos para no comparecer frente al Ministerio Público de la Federación.
De acuerdo con la FGR, “ambas personas se encontraban en la disposición de acudir como testigos ante esta Fiscalía y corroborar los hechos denunciados por Emilio Ricardo Lozoya Austin, siendo que posteriormente, probablemente al advertir las posibles consecuencias que tendrían, por declarar en los hechos en los que se vieron involucrados, atendiendo al poder político, social y económico que tienen todas las personas denunciadas por Emilio Ricardo Lozoya Austin, decidieron adoptar una conducta reticente, concretándose a responder de manera negativa a las preguntas inducidas”.
“…Francisco Olascoaga Rodríguez y Rodrigo Arteaga Santoyo, guardan vínculos con el grupo que participó en el hecho delictivo del que existe la presunción de que ya fueron coaccionados, inducidos o amenazados, para no corroborar el esquema manifestado por Emilio Ricardo Lozoya Austin, quien al presentar su denuncia y solicitar el criterio de oportunidad, es natural que se ha enfrentado con todo ese grupo, lo que lleva a considerar que podría encontrarse aislado, por virtud de haber realizado manifestaciones de todos ellos, por lo que la imparcialidad en las declaraciones de Francisco Olascoaga Rodríguez y Rodrigo Arteaga Santoyo, está afectada”, señala un oficio a que tuvo acceso el rotativo.
Emilio Lozoya Austin, quien se acogió a un criterio de oportunidad por parte de la FGR, fue acusado de los delitos de asociación ilícita, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por supuestamente haber recibido sobornos por más de 10 millones de dólares por parte de la compañía brasileña Odebrecht y 3.5 millones de dólares por parte del empresario Alonso Ancira, quien fuera propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de contratos y de la compra de la planta Agro Nitrogenados a un sobreprecio injustificado.
En el caso de AHMSA, la FGR sostiene desde el principio que Ancira entregó un soborno de 3,5 millones de dólares a Lozoya en 2012, para que una vez que éste llegara a la dirección de Pemex, le comprara a sobreprecio la planta de Agro Nitrogenados, como ocurrió en 2014. La paraestatal pagó 275 millones de dólares por una planta que valía 58, según los avalúos.
Esta cantidad se entregó a través de la empresa Tochos Holding Limited, constituida en las Islas Vírgenes Británicas, consideradas por varios países como un paraíso fiscal.
Con este dinero, triangulado a través del banco suizo UBS AG, Lozoya compró un inmueble ubicado en el fraccionamiento “Residencial la Retama”, en la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Todo ello sin que existiera una relación comercial de por medio entre ambas empresas.
El caso de Odebrecht tiene que ver con la relación entre Lozoya y Luis Alberto de Menesses, director superintendente de la constructora. Esto llevó al pago, en marzo de 2012, de 4 millones de dólares a empresas vinculadas con el ex funcionario, supuestamente para apoyar la campaña del PRI en las elecciones en las que fue electo presidente Enrique Peña Nieto.
No obstante, parte de este dinero fue destinado en agosto de 2013, a la compra de un inmueble en el estado de Guerrero, por un valor de 1 millón 900 mil dólares. En esta operación está involucrada la esposa de Lozoya, Marielle Helen Eckers, según señala la documentación de la extradición.
Por lo pronto, un juez federal aplazó por tercera vez las audiencias programadas para esta semana en las que se decidiría si Lozoya irá a juicio por los casos pendientes o si se confirmará la suspensión de los mismos y el otorgamiento del criterio de oportunidad negociado con la Fiscalía.
De acuerdo con Animal Político, el aplazamiento fue solicitado por la defensa del exfuncionario, que pidió más tiempo para reunir datos de peritajes sobre cuentas en Europa y para concluir los trabajos con la FGR. Las audiencias fueron reprogramadas para mediados de agosto.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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