Los recursos presuntamente desviados, de acuerdo con la denuncia presentada este 16 de julio ante la Fiscalía General de la República (FGR), se habrían triangulado en múltiples operaciones hacia las empresas fachada para luego ser retirado en efectivo en varios estados del país. Todo esto habría ocurrido entre 2012 y 2016 principalmente.
Animal Político publicó en octubre del año pasado que la UIF había encontrado indicios de que Odebrecht tejió en México una red de empresas fachada – similar a la que uso a nivel internacional – para desviar una buena parte de los recursos que se le entregaron a través de la firma de contratos con Pemex y sus subsidiarias.
Dichos trabajos de inteligencia financiera concluyeron a finales de junio pasado con la confirmación de que existía una red de por lo menos 38 compañías que se habrían utilizado para ir dispersando recursos provenientes del erario. Se trata de posibles operaciones de lavado de dinero.
El que estos recursos se hayan desviado hacia empresas fachada y finalmente salieran del sistema bancario a través de múltiples retiros en efectivo es relevante porque confirma que el sobreprecio que se pagó en diversos contratos a Odebrecht (y que ya también fue denunciado por la Auditoría Superior de la Federación) habría sido premeditado.
Lo anterior con la finalidad de obtener dinero “extra” que la constructora brasileña se prestó a desviar y que podría tener como destino otros fines ilícitos que van desde el enriquecimiento de los implicados, hasta el pago de otro tipo de sobornos, o incluso el financiamiento ilegal de campañas electorales.
Entre las empresas denunciadas por esta trama están la propia constructora Norberto Odebrecht y sus filiales, así como diversas empresas factureras entre ellas Blunderbuss Company de México, una empresa fantasma constituida en Veracruz a la que la constructora brasileña transfirió millones de dólares.
De acuerdo con un reportaje publicado por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad, los desvíos a través de los traspasos de Odebrecht se habrían implementado en por lo menos seis estados del país: Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Nuevo León y Ciudad de México.
Autoridades federales confirmaron que también se detectó la salida de recursos al extranjero a través de transferencias bancarias. Se trata de acciones de lavado de dinero similares a las que se identificaron en el caso de Isaac Gamboa -exfuncionario de Hacienda cercano a Luis Videgaray – y en el caso de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte.
De hecho, y como parte de las investigaciones que aun no concluyen, la Fiscalía y la UIF también indagan la presunta corrupción del gobierno de Javier Duarte con la constructora Odebrecht.
Cabe recordar que los primeros proyectos de gran envergadura de Odebrecht en México se formalizaron durante la administración de Duarte en Veracruz, a través de inversiones como la de la planta Etileno XXI en la que participa la compañía Braskem.
Se complica situación de Lozoya
La presentación de esta nueva denuncia en contra de Lozoya, que derivará en la apertura de una nueva carpeta de investigación en su contra, complica la situación legal del exdirector de Pemex el cual ya se encuentra vinculado a proceso por los presuntos sobornos que recibió de la constructora brasileña, así como de la empresa Altos Hornos de México.
En la nueva denuncia, la UIF responsabiliza a Lozoya de haber sido pieza clave para la entrada de la constructora brasileña en México a través de incentivos ilegales. Lo anterior se sustenta en declaraciones de los propios exdirectivos de Odebrecht que reconocen haber pagado millones de dólares al exfuncionario para que los orientara sobre la apertura de negocios en nuestro país.
La situación es que mas allá del soborno pagado a Lozoya, su gestión permitió poner en marcha una amplia red de lavado de dinero en los que se habrían operado la entrada y salida de más de tres mil millones de pesos.
En ese contexto, la FGR está obligada a indagar el rol de Lozoya en calidad de probable responsable de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y diversos de corrupción.
Esto al mismo tiempo en que Lozoya a través de sus abogados intenta negociar con la misma Fiscalía la concesión de un criterio de oportunidad que le permita suspender los procesos que ya se le iniciaron desde hace casi un año por los mencionados sobornos.
Animal Político adelantó el pasado lunes que los abogados del exdirector de Pemex consiguieron por tercera vez una prórroga de un juez para intentar reunir más elementos que le permitan cerrar la negociación con la Fiscalía. La definición de esto deberá tomarse en audiencias programadas para mediados de agosto.
Sin embargo, aun cuando el exfuncionario lograra obtener el referido criterio, eso no lo protege de las posibles responsabilidades penales que podrían fincársele por la nueva denuncia promovida en su contra por la UIF.
A todo esto, se suma que diversas autoridades federales aun mantienen en curso tras indagatorias que podrían derivar en mas denuncias en contra del exdirector de Pemex.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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