Sin embargo, hay todavía muchas cuestiones pendientes de resolver. Como dijo en el acto Jessica Molina, esposa de Daniel Trejo, una de las personas que siguen sin ser localizadas, la disculpa es importante para las familias porque confirma la tesis que siempre mantuvieron: que los marinos se llevaron a sus seres queridos. Sin embargo, queda por conocer el paradero de las víctimas, saber quiénes fueron los responsables y establecer mecanismos de reparación para los afectados.
Verdad
La disculpa de Marina supone el reconocimiento de la responsabilidad de la institución en las desapariciones del primer semestre de 2018. Previamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya había señalado a la institución en su recomendación 36VG/2020. Lo que no se sabe es dónde están las personas que faltan, qué hicieron con ellas y quién dio las órdenes para poner en marcha el operativo.
Las familias han solicitado que se reactiven las búsquedas pero evitando exponerse a las altas temperaturas de julio y agosto, que en Nuevo Laredo superan los 40 grados. Está previsto que la FGR realice alguna prospección pero sin la participación de los allegados de los desaparecidos, que alegan motivos de salud y piden que se posponga hasta que la climatología sea más favorable. En 2018, cuando se registraron las desapariciones, se encontraron en fosas clandestinas de Tamaulipas y Nuevo León los cuerpos de 12 personas que habían sido sustraídas por Marina. Las familias quieren volver a explorar las zonas donde fueron hallados los restos ya que consideran que no se revisaron suficientemente. Existe el compromiso de la Comisión Nacional de Búsqueda para retomar estos trabajos.
Para conocer dónde se encuentran los desaparecidos podría ser clave el testimonio de los 30 marinos que actualmente se encuentran en prisión acusados de cuatro de las desapariciones. Sin embargo, a día de hoy ninguno de los elementos navales ha reconocido haber cometido delito alguno y, por lo tanto, tampoco han dado pistas sobre el paradero de las víctimas.
Hay otros elementos que están pendientes. Por un lado, dar seguimiento a la denuncia contra el alcalde con licencia de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, a quien se señala por el uso de camionetas cloradas de la Marina. Por otro, la ampliación de la investigación a otros casos que todavía la FGR no ha atraído. En especial la desaparición de Miguel Ángel Rodríguez, de 20 años y al que buscan desde abril de 2018. Hasta el momento, la FGR tiene abiertas 34 carpetas por 47 desapariciones, pero el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que acompaña a las víctimas, siempre sospechó que podían ser más.
Justicia
En abril la FGR solicitó el arresto de 30 marinos acusados de cuatro desapariciones: las de Julio César Viramontes Arredondo, José Luis Bautista Carrillo, Jorge Antonio Hernández Domínguez y Juan Carlos Zaragoza González. Todos ellos se encuentran en prisión al menos hasta octubre, cuando finaliza el plazo de investigación complementaria autorizado por el juez. Entre los marinos encarcelados se encuentra Alfredo Reyes Mondragón, capitán de fragata que estaba al frente del operativo de Nuevo Laredo hasta junio de 2018. Sin embargo, las familias quieren que se siga la cadena de mando y apuntan a un elemento que ya fue señalado por la CNDH: el almirante Marco Antonio Ortega Siu, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina hasta que los señalamientos por las desapariciones le llevaron a ser relegado en Ciudad de México. Por el momento no hay conocimiento de que este mando haya sido llamado a declarar ni que se encuentre entre los sospechosos, a pesar de ser quien estaba al frente de la unidad.
En la disculpa, el contralmirante Ramiro Lobato Camacho destacó la acción de la justicia y la detención de los 30 marinos. Hasta el momento no han trascendido sus declaraciones pero Animal Político ha podido saber que ninguno se inculpó y que lo máximo que llegó reconocerse fue estar presente en una persecución que derivó en la desaparición de Viramontes Arredondo. La esperanza de las familias era que durante el encierro los marinos decidiesen colaborar con la justicia para saber dónde están sus seres queridos y quién ordenó los operativos, pero hasta el momento solo hay silencio.
Por ahora las investigaciones se centran en las desapariciones forzosas. Sin embargo, hay al menos 12 víctimas de ejecución extrajudicial y ninguno de estos casos ha sido judicializado, por lo que no hay uniformados acusados de los asesinatos.
Las víctimas se quejan también de que reciben información con cuentagotas de sus asesores legales y que ni siquiera son invitadas a las audiencias, lo que limita su conocimiento sobre cómo avanzan las investigaciones.
Reparación
La recomendación de la CNDH solo incluye 27 víctimas de desaparición, de las que 12 fueron encontradas muertas y otra liberada. Entre los mandatos de la institución se encuentra la reparación integral a las víctimas, que debería llegar en forma de indemnización. Este pago todavía no se ha realizado. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presente en el acto de Nuevo Laredo, anunció que se iba a conformar un equipo de trabajo para resolver la cuestión, pero esta sigue todavía pendiente.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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