El Comisionado Adrián Alcalá Méndez destacó que el caso “tiene una especial relevancia para el derecho de acceso a la información” y para fomentar la credibilidad de la sociedad en la rendición de cuentas.
Asimismo, el Instituto determinó que a fin de fomentar la credibilidad de la sociedad en la rendición de cuentas, la FGR deberá incluir los nombres de las personas servidoras públicas o exservidoras públicas imputadas que se mencionen en la carpeta de investigación, así como proteger los nombres de los denunciantes que no sean funcionarios, esto debido a confidencialidad derivada del derecho a la protección de datos personales.
Al exponer el caso durante la sesión del pleno del INAI, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez destacó que el caso “tiene una especial relevancia para el derecho de acceso a la información, ya que se ha comprobado en innumerables ocasiones que, con su ejercicio, se da la posibilidad a las personas de informarse sobre la forma en que las autoridades ejercen una función pública, así como el funcionamiento de las instituciones y, con ello, reforzar el rol fiscalizador por parte de la sociedad”.
La decisión del pleno fue resuelta en sesión pública, en la que se analizó un recurso de revisión promovido por un ciudadano que solicitó a la FGR todas las denuncias presentadas por la caída de la trabe de la Línea 12. No obstante, en su respuesta inicial, la FGR aseguró que era un asunto que no le competía, razón por la que el particular presentó el recurso.
🔶@FGRMexico debe entregar versión pública de la carpeta de investigación relacionada con el incidente en la línea 12 del Metro.@AdrianAlcala75#INAIalMomento https://t.co/jsBsxPckzh pic.twitter.com/LxtQmQ7vXp
— INAI (@INAImexico) August 26, 2021
Posteriormente, durante el análisis del recurso, la FGR indicó que había localizado una carpeta de investigación respecto a la información solicitada; sin embargo, la reservó bajo el argumento de que se encuentra en etapa de investigación ante el Ministerio Público y que en ella se encuentran los datos de los denunciantes y de los imputados.
Por otro lado, el Comisionado Adrián Alcalá dio a conocer que la Fiscalía indicó que los delitos por los que se abrió la carpeta de investigación son: ejercicio ilícito del servicio público y peculado.
En este sentido, el Comisionado explicó que, del análisis realizado por su ponencia, y tomando en consideración las manifestaciones expresas de la Fiscalía, se advirtió que en este caso se actualiza la excepción a la reserva de información prevista en el artículo 112, fracción II, de la Ley Federal, ya que los delitos investigados se encuentran en el apartado denominado como “Delitos por hechos de corrupción”, dentro del Código Penal Federal.
Así, al aplicar la excepción prevista en la ley, el INAI “garantiza que el derecho de acceso a la información cobre una relevancia trascendental para la sociedad en general, ya que a través de su ejercicio se puede conocer información relacionada con casos en los que se investiga a servidores públicos que presuntamente realizaron actos apartados de la legalidad o de la ley”, apuntó Alcalá.
Además, resaltó que la presente resolución trasciende en la importancia que la rendición de cuentas significa para la sociedad en el suceso de la Línea 12 del Metro, pues recordó que el pasado 23 de agosto se aplazó por segunda ocasión el dictamen final de la empresa DNV, “que contractualmente es responsable del Servicio de dictamen técnico del incidente ocurrido en la Línea 12, en el tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco, entre las columnas 12 y 13, y análisis causa-raíz”.
Por último, el Comisionado añadió que con la presente resolución se busca abonar a la rendición de cuentas en relación con los fondos asignados, en principio, al presupuesto y la construcción de la Línea y posteriormente, al mantenimiento y ahora a la reparación de la misma, así como para conocer las causas que dieron origen accidente que causó el fallecimiento de 26 personas y decenas de personas heridas.
AUTOR: REDACCIÓN.
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