En diciembre de 2019, el INM adjudicó un contrato por 112.9 millones de pesos a la razón social Comercializadora Antsua S.A. de C.V. para el arrendamiento y soporte técnico de equipo de cómputo. Además, dicho contrato fue reservado durante 5 años para que su contenido no se dé a conocer al público por supuestas razones de seguridad nacional.
Animal Político corroboró que, a través de su apoderado legal, Comercializadora Antsua está vinculada al grupo de 12 empresas fachada que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acusaron de colaborar en operaciones de lavado de dinero con Grupo Tech Bull S.A. de C.V., que vendió el software espía Pegasus a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Santiago Nieto, titular de la UIF, y Rosa Icela Rodríguez, de la SSPC, denunciaron públicamente la “red Pegasus” en las conferencias mañaneras del 21 y el 28 de julio. Allí, los funcionarios ventilaron que ese grupo de razones sociales simuló contratos millonarios con instituciones públicas en sexenios pasados. La información sobre las empresas fachada y los presuntos contratos fraudulentos fue entregada a la FGR.
#Pegasus | La secretaria @rosaicela_ señala que durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto diversas dependencias otorgaron 31 contratos por mil 970 mdp para la compra de sistemas de espionaje. pic.twitter.com/LIy2F8PQ6V
— Animal Político (@Pajaropolitico) July 28, 2021
Tanto la UIF como la SSPC enfatizaron que la “red Pegasus” fue beneficiada con contratos públicos exclusivamente en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, y aseguraron que ninguna institución de la actual administración tiene relación con las razones sociales denunciadas.
No obstante, Animal Político estableció que el INM adjudicó un contrato a Comercializadora Antsua, empresa perteneciente al grupo denunciado por el propio gobierno federal. También el gobierno de Oaxaca, encabezado por el priista Alejandro Murat, asignó un contrato de 17.7 millones de pesos a la misma compañía.
INM reserva contrato 5 años
El 13 de diciembre de 2019, el Instituto Nacional de Migración adjudicó el contrato CS/INM/136/2019 a Comercializadora Antsua S.A. de C.V. por 112 millones 999 mil 999 pesos para el arrendamiento y soporte de equipo de cómputo.
En la conferencia mañanera del 28 de julio, la SSPC denunció que esa misma razón social había simulado un contrato millonario de venta de medicamentos al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) —que administra las cárceles federales— en 2018, aún durante el sexenio peñista.
El INM no solo adjudicó este contrato a la compañía de la “red Pegasus”, sino que también lo reservó durante 5 años para que no se conociera su contenido.
En una sesión del 7 de mayo de 2020, el Comité de Transparencia del INM señaló que dar a conocer el nombre y firma del representante legal del proveedor representaba un riesgo de seguridad nacional, pues ello lo volvería identificable, y, por lo tanto, mediante él se podría intentar obtener información delicada contenida en las computadoras de la institución.
Aunque el Comité de Transparencia solo avaló censurar los datos del representante legal de Comercializadora Antsua, todo el contrato fue borrado de la red y no se localiza en Compranet ni en la Plataforma Nacional de Transparencia, según constató este medio.
A través de su dirección de comunicación social, se le preguntó al INM sobre la contratación de un proveedor señalado por el propio gobierno federal como posible empresa fantasma y que presuntamente está involucrado en actividades de lavado de dinero, pero, tras varios días de espera, la institución declinó responder a la consulta.
Empresa millonaria en colonia popular
Aunque reporta tener oficinas en Polanco, Comercializadora Antsua S.A. de C.V. fue constituida en febrero de 2017 con domicilio en la calle Mayas número 28, en la popular colonia Acueducto Tenayuca, Tlalnepantla, Estado de México. Allí se ubica una modesta casa de dos pisos que, a su vez, es la dirección de uno de los accionistas de la empresa, Omar Guadalupe Ramírez Carrillo.
En junio de 2018, poco más de un año después de su creación, y sin tener experiencia previa en el rubro, la compañía recibió, por adjudicación directa, un contrato de 145.1 millones de pesos del OADPRS para vender medicamentos para las cárceles federales, aun cuando proveer dichos bienes no se encontraba previsto entre los objetivos de la sociedad mercantil. La titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que ese contrato fue una simulación.
De acuerdo con documentación del Registro Público y directorios de proveedores del gobierno consultados por este medio, el apoderado de Comercializadora Antsua es Marco Antonio Suárez Cedillo, quien, al mismo tiempo, es representante legal de Artículos Textiles, Equipos y Accesorios MV S.A. de C.V., empresa a la que la UIF identificó como fachada de Grupo Tech Bull.
El pasado 21 de julio, la UIF denunció que esta última compañía recibió 1,265 millones de pesos en contratos con diversas dependencias durante el peñismo, incluida la SSPC, y que entre 2016 y 2019 envió 2.7 millones de dólares a cuentas de Estados Unidos y China.
Este medio envió mensajes a los correos de Comercializadora Antsua registrados en los directorios de proveedores del gobierno para solicitar a los representantes de la empresa una postura aclaratoria, pero no se recibió respuesta respuesta.
También le da contrato el gobierno de Murat
El gobierno de Oaxaca, encabezado por el priista Alejandro Murat, contrató en septiembre de 2019 a Comercializadora Antsua S.A. de C.V. para la adquisición de uniformes para las instituciones de seguridad del estado y los municipios.
Esta empresa es la misma que, en 2018, contrató el OADPRS para la compra de medicamentos y, luego, ya en esta administración, el INM para que le arrendara equipo de cómputo.
Como parte de la licitación pública LPN-SA-SE-0025-08/2019, en la que participaron seis proveedores, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca seleccionó a Comercializadora Antsua, a la que se le pagaron 17.7 millones de pesos.
La dirección de comunicación social del gobierno de Oaxaca y la Contraloría estatal señalaron a Animal Político que Comercializadora Antsua cumplía con los requisitos de contratación y ofrecía las mejores condiciones, y destacaron que el procedimiento se efectuó mediante una licitación pública. A su vez, la Contraloría aseguró que el proveedor cumplió con los servicios contratados –aunque no ofreció pruebas de ello–, por lo que descartó el inicio de alguna indagatoria de responsabilidades administrativas.
El contrato fue pagado con recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que año con año se reparte a los estados.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ZEDRYK RAZIEL.
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