Desde hace décadas, las prisiones mexicanas están llenas, también, de presos políticos bajo acusaciones distintas a las reales que motivaron su encarcelamiento. Se oponían a un megaproyecto, defendían derechos, territorio o medio ambiente o estorbaban a un político y terminan tras las rejas bajo procesos de delitos de alto impacto que no cometieron.
Los casos se cuentan por decenas de miles en reclusorios federales, estatales y municipales de las 32 entidades de la República. En todos, su verdadero delito es ser pobres y no contar con padrinos que les protegieran de un sistema judicial y carcelario no sólo corrupto e inepto, sino profundamente racista y clasista.
El fenómeno ha sido ampliamente documentado. Se institucionalizó y toda una burocracia política, policiaca y judicial lo hacen posible.
La coyuntura abierta en 2018 ha hecho florecer algunos esfuerzos para liberar a los injustamente presos. El gobierno federal y algunos estatales han impulsado leyes y progamas de amnistía con el fin de poner en libertad a estas personas provadas de su libertad. De reconocerse la intención de estos gobiernos aunque en todos los casos presentan grandes limitaciones.
De entrada, en el ámbito federal no está el principal problema porque la mayoría de los delitos que se les imputan a los injustamente presos no son del fuero federal, sino del fuero común. La sociedad mexicana logró el esfuezo más acabado en el Estado de México. Ahí se aprobó la más ambiciosa Ley de Amnistía estatal que supera los alcances de la federal, no sólo porque –naturalmente– beneficia a los acusados en el fuero comun, sino porque no fija restricciones al tipo de delitos que se les imputan sino en las irregularidades del proceso.
Sin embargo, la ley parece que quedará en letra muerta. Luego de tantas dificultades superadas en el Poder Legislativo estatal, parece sucumbir al chocar con la realidad de un Poder Judicial profundamente derechista, clasista, corrupto e inepto.
Llegamos al medio año después de que entró en vigor la Ley de Amnistía en el Estado de México y, según el micrositio del Poder Judicial, se han concedido 630 solicitudes de amnistía de 2 mil 171 solicitudes presentadas, es decir, sólo se ha otorgado la libertad al 29 por ciento de personas que han solicitado el beneficio de la Amnistía. El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero observa que si se compara la cifra con las investigaciones de algunas organizaciones de la sociedad civil que afirman que entre 13 mil y 19 mil personas podrían ser beneficiadas, hablamos de que menos del 1 por ciento de las personas potencialmente beneficiarias han tenido acceso a la amnistía.
El propio centro, y otras organizaciones con las que integra un observatorio que da seguimiento a la liberacion de los injustamente presos, señala que son varias las razones de que una ley tan importante tenga tan precarios resultados. Pero la mayoría y más precupantes son que jueces que rechazan las solicitudes o “niegan la amnistía por razones desde burocráticas hasta revictimizantes”.
De celebrarse cada una de las liberaciones; pero hasta ahora quienes han accedido a la amnistía son personas que estaban acusadas de delitos menores, cuando la ley debería beneficiar a quienes se les acusó de delitos graves a través de violaciones a derechos humanos o al debido proceso.
Nos referimos a casos donde se les acusa de delitos de alto impacto como asesinato, secuestro y otros, pero donde la detención se realizó sin orden de aprehensión, en su mayoría por la policía ministerial, y las víctimas suelen ser torturadas o extorsionadas y no son presentadas de manera inmediata ante alguna autoridad ministerial.
Además, quienes realizan la detención arbitraria suelen cometer actos de tortura ya sea psicológica (amenazas de desaparición, de lastimar a familiares), física (golpes, asfixia, toques eléctricos) e incluso sexual.
Luego, en el proceso se acredita la “legalidad” de la detención y no pueden acceder a una defensa adecuada pues se les incomunica y existe una indebida valoración de las pruebas.
Sí mi hijo fuera culpable que ahí se quede fue el nombre del primer informe sobre personas injustamente presas en el Estado de México elaborado por el Zeferino Ladrillero. Se daba cuenta de la convicción de las familias de la inocencia de sus presos, de las pruebas irrefutables y de la tragedia que enfrentan.
Desde que la Ley estaba en discusión las familias pedían “una amnistía que sirva” para que no sólo se beneficiarán quienes habían cometido delitos menores, sino para quienes nunca habían cometido delito alguno pero fueron criminalizados y convertidos en injustamente presos con acusaciones de delitos graves.
La decepcionante realidad es que los delitos graves como homicidio, secuestro, extorsión, y otros, no sólo tienen penalidades más altas, sino que también son más condenados socialmente. Y amnistiar a quienes se les acusa de ser perpetradores de estos delitos resulta “impensable”. Pero precisamente son estos delitos los que se les fabrican a los injustamente presos. Por eso la Ley de Amnistía se ha convertido para muchos de ellos la última posibilidad para obtener justicia y libertad.
Hay casos donde los injustamemnte presos han comprobado su inocencia y los que los mantiene presos es el el dicho de un juez lo que los mantiene privados de su libertad. Muchos de ellos ya con condenas de más de 30 años de prisión.
A medio año de que la Ley entrara en vigor, la Comisión de Derechos Humamos del Estado de México envió al Poder Judicial los primeros 23 pronunciamientos a favor de personas que fueron víctimas de violaciones a derechos humanos o a su debido proceso; sin embargo, las solicitudes de amnistía de estos 23 casos fueron negadas.
El argumento del Poder Judicial fue que la amnistía no aplica para casos que atenten contra la vida, la integridad o la libertad. Lo anterior a pesar de que la misma ley considera como excepciones los casos en los que exista un pronunciamiento de algún organismo público de derechos humanos por haber acreditado irregularidades. Se les está negando nuevamente la justicia a quienes criminalizados por su origen y color de piel, a quienes por cuestiones socioeconómicas no pudieron acceder a una defensa adecuada.
Atención al Poder Judicial. Que escuche el clamor social y, sobre todo, imparta justicia. Necesario demandar una aplicación valiente y justa de esta ley, el máximo esfuerzo que la sociedad logró en el Estado de México. Libertad para los injustamente presos.
AUTOR: ZÓZIMO CAMACHO.
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