Ese es uno de los testimonios que recabó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de la mujer salvadoreña Victoria Esperanza Salazar Arriaza, de 36 años, quien murió a manos de la policía el pasado 27 de marzo de 2021, en Tulum, Quintana Roo.
La Comisión incluyó las voces de diferentes testigos de los hechos al emitir una recomendación (con fecha del 24 de agosto) al ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, para que haya una reparación del daño e incluso una disculpa pública, por la brutalidad policiaca de cuatro elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de Tulum, en contra de Victoria.
De acuerdo con un testigo, del que no se da su nombre, cerca de las 18:00 horas de ese 27 de marzo vio a Victoria corriendo en el estacionamiento de una tienda de conveniencia. Al ver una patrulla, “se subió a un coche que se encontraba abierto y estacionado en el exterior de ese negocio, por lo que los policías municipales, los cuales eran 3 hombres y 1 mujer, la sacaron del automóvil para detenerla”.
Después, otro testigo narró el momento en que ya cuatro policías tenían “sometida y esposada” a Victoria, y que una de las agentes puso su rodilla sobre su cuello, uso excesivo de la fuerza que a la postre provocaría su deceso.
Aunque no se detalla su identidad, se infiere que la CNDH incluso obtuvo el testimonio de policías. Uno de ellos contó que:
“Siendo aproximadamente las 19:20 horas… escuchamos vía radio que unos compañeros solicitaban un auxilio para el traslado de una femenina detenida, y requerían una patrulla con batea…. De inmediato nos trasladamos al lugar, tardamos aproximadamente 10 minutos en Ilegar. Yo me quedé a bordo de la camioneta… ella (una agente) estaba agachada, tenía sus rodillas y sus manos sobre la espalda de la mujer, la cual supuse que era la detenida”.
Otros dos policías, continuó, “estaban parados junto de la patrulla… y no hacían nada, solo estaban parados, esperé un momento y me quedé en la patrulla”.
Luego “vi que mis compañeros comenzaron a cargar a la detenida, pude ver entonces que se trataba de una mujer… tenía las manos hacia atrás, estaba esposada, entonces me bajé de la patrulla para abrir la tapa de la batea”.
Otro testigo coincidió en señalar que aquella tarde “me encontraba en la base de seguridad pública de la Ciudad de Tulum, cuando solicitó apoyo de una compañera policía para la detención de una femenina, que estaba escandalizando en la avenida selva con calle Faisán, de la colonia Tumben Kah”.
Ya en el sitio, refirió que pudo ver “claramente”, por las condiciones de la detenida, cómo se hacía un uso excesivo de la fuerza”, y otros elementos “no hacían nada para ayudar a la detenida o impedir que la siguieran lastimando”.
En su recomendación, la CNDH señaló que cuenta con elementos suficientes para determinar que hubo violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a Ia integridad y seguridad personal, al trato digno y a Ia vida en agravio de Victoria, atribuibles a servidoras y servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de Tulum, Quintana Roo.
En un caso, apuntaron, con agravantes como las de que se hayan violentado los derechos de una persona en condiciones de vulnerabilidad, por el género, la condición migratoria de refugiada y Ia calidad de víctima de delito.
La agente que puso su rodilla sobre el cuello de Victoria, refirió la CNDH, “es responsable por la violación al derecho a la seguridad jurídica, a la integridad personal, al trato digno y a la vida de V, por el uso excesivo de la fuerza durante su detención”.
Los otros tres agentes, “son responsables de haber omitido brindar auxilio a V”, ya que es su responsabilidad garantizar los derechos a la seguridad e integridad personal, y Ia vida de las personas.
Mientras uno de los policías sujetaba los pies de la víctima, otra agente realizaba Ia maniobra que causó la muerte de Victoria, “por lo que, AR2, AR3 y AR4 (policías) dejaron de actuar con la debida diligencia y consecuentemente, por omisión, incumplieron con su deber de velar por la vida de V”.
De acuerdo con la CNDH, existen evidencias suficientes para concluir que los cuatro agentes involucrados “incurrieron en acciones y omisiones susceptibles de ser investigadas por la Coordinación de Asuntos Internos del Municipio Tulum, Quintana Roo, o la autoridad con facultades para ello”.
El pasado 3 de abril se informó que cuatro policías implicados en el asesinato de Victoria fueron vinculados a proceso por el delito de feminicidio. En la audiencia, el juez fijó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por el término de que dure el proceso y otorgó 4 meses de investigación complementaria a los fiscales.
Salazar Arriaza tenía nacionalidad salvadoreña, era madre de dos hijas menores de edad y vivía en México como refugiada. Agencias internacionales como ONU Mujeres condenaron su asesinato y exigieron a las autoridades “llevar a cabo una investigación pronta e imparcial y en línea con los estándares de derechos humanos en la materia, como el Protocolo de Minnesota para la investigación de muertes potencialmente ilícitas”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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