Los tres expresidentes figuran en la denuncia presentada por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, ante la FGR. A Salinas de Gortari, lo acusó de presionar a funcionarios de Pemex para indemnizar a una empresa de su hijo. A Calderón de favorecer ilegalmente a Braskem, filial de Odebrecht, y a Peña Nieto de ser el artífice del “aparato organizado” para la corrupción.
Las operaciones bancarias y financieras de Salinas, Peña y Calderón han sido revisadas por la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como parte de la investigación contra todos los implicados por Lozoya en la denuncia que presentó hace un año, el 11 de agosto de 2020, que incluye los sobornos que presuntamente recibieron exlegisladores para votar a favor la Reforma Energética, en 2013.
La información obtenida por la UIF es de carácter confidencial y forma parte de las al menos 25 denuncias que por uso de recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal y asociación delictuosa, entre otros posibles delitos, presentó ante la FGR, que encabeza Alejando Gertz Manero, como en el caso del exsenador Jorge Luis Lavalle Maury.
Lavalle Maury es el único exsenador del PAN preso por los sobornos que Lozoya entregó y en el mismo caso está implicado el excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien desde el sábado dio a conocer que fue citado ante un Juez, por lo que prefirió huir de México por tratarse, dijo, de una “persecución política” del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que no sea candidato otra vez en 2024.
Según Lozoya, los sobornos los entregó por instrucciones de Peña Nieto, a quien identifica como el artífice del “aparato organizado” para la corrupción y cuyo operador principal era Luis Videgaray Caso, exscretario de Hacienda y excanciller en la pasada administración.
Otros implicados en los sobornos, que también han sido investigados por la UIF, son los exsenadores panistas Ernesto Cordero, Salvador Vega Casillas, Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, estos últimos gobernadores de Querétaro y Tamaulipas.
También han sido indagados el presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priista David Penchyna, así como los exdirectores de Pemex Carlos Treviño Medina y José Antonio González Anaya, concuño del expresidente Carlos Salinas.
A Salinas de Gortari, Lozoya lo acusó a su vez de presionar a funcionarios de Pemex para indemnizar con 15 millones de dólares a la empresa “Trese”, relacionada con su hijo Emiliano.
Al panista Calderón, el exdirector de Pemex lo denunció por favorecer ilegalmente a Braskem, filial de Odebrecht, en el contrato de abastecimiento de gas y construcción de la planta de Etileno XXI, una trama que involucra al excandidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña.
A pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera ha revisado las operaciones bancarias de todos los denunciados por Lozoya y ha presentado al menos 25 denuncias por uso de recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal y asociación delictuosa, entre otros posibles delitos, la FGR no ha podido judicializar los expedientes, salvo en el único caso de Lavalle Mauri.
Ni siquiera en el caso de Anaya la FGR ha informado si solicitó a un juez librar la orden de aprehensión en contra de ese político, a quien Lozoya señaló de haber recibido 6.8 millones de pesos cuando era Diputado federal para aprobar la Reforma Energética.
El caso de Emilio Lozoya Austin ha provocado fuertes críticas a la Fiscalía. El exdirector de Pemex fue detenido el 12 de febrero de 2020 en España, en donde se escondía en un “paraíso” residencial para magnates. El exfuncionario peñista dejó España y fue extraditado el 17 de julio de 2020 sin que se le haya visto a la fecha. Desde entonces, no ha pisado la cárcel.
Posteriormente se daría a conocer que se apegaría a la figura de testigo colaborador, mientras los jueces de control ante los que compareció vía remota por los casos Odebrecht y la compraventa irregular de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, casos por los que fue extraditado, le otorgaron la libertad condicional a cambio de no dejar el país, de presentarse ante el Reclusorio Norte de la capital dos veces al mes y de portar un brazalete electrónico.
Desde su posición de colaborador, denunció en agosto pasado ante la FGR al expresidente Peña Nieto y a Luis Videgaray de organizar los sobornos que fueron utilizados para la supuesta compra de votos en el Congreso.
No obstante, así como Lozoya nunca ha pisado la cárcel por el acuerdo que alcanzó con la FGR para acreditar la corrupción en las altas esferas del poder político, tampoco han sido llamados a rendir cuentas la mayoría de quienes ha implicado.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO GÓMEZ.
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