El Instituto Nacional Electoral (INE) aún no logra aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el uso irregular de 22 millones 57 mil pesos en los ejercicios fiscales de 2016, 2017 y 2018. Las contrataciones presuntamente anómalas fueron para la renta de vehículos (con un posible daño al erario de 8 millones 557 mil pesos), el pago a supervisores electorales (cuyo mal manejo ascendería a 8 millones 374 mil pesos) y la producción de materiales para el equipamiento, operación y difusión de la consulta infantil y juvenil 2018 (con un monto observado como irregular de 5 millones 125 mil pesos).
En el caso del arrendamiento de automóviles, las anomalías no sólo fueron detectadas por el máximo órgano de fiscalización de México, sino también por la Contraloría General del INE que, incluso, concluyó que “el esquema de adquisición claramente supone una alternativa más económica en comparación con el esquema del servicio de arrendamiento que el Instituto contrató para 1 mil 96 vehículos”.
El asunto fue tan grave que incluso se discutió en la Cámara de Diputados: el 27 de septiembre de 2017 se presentó un punto de acuerdo para exhortar al Instituto a difundir la evidencia que sustentara las observaciones de la Contraloría interna. No obstante, en vez de comprarlos y ahorrar recursos públicos, a la fecha, el INE sigue rentándolos, consta en la convocatoria de invitación a cuando menos tres personas IA3P-INE-06JDE-TAB-001-2021, para el “servicio de arrendamiento de vehículos para el traslado de personas, documentación y materiales electorales”.
Consultado por Contralínea, el INE afirma las observaciones ya fueron “solventadas” con documentación enviada entre 2018 y 2020, y que el proceso de revisión está retrasado en la Auditoría. No obstante, el corte informativo de la ASF –de finales de mayo de 2021– apunta que el Instituto Nacional Electoral no ha solventado cinco pliegos de observaciones –correspondientes a esas contrataciones–, y que fueron emitidos en las revisiones a las cuentas públicas de 2016, 2017 y 2018. En estos señalamientos se identifican probables daños o perjuicios a la hacienda pública federal por 8 millones 374 mil pesos en 2016; 8 millones 557 mil pesos, en 2017; y 5 millones 125 mil pesos, en 2018.
Irregularidades en renta de vehículos
El perjuicio más oneroso al erario federal corresponde a la renta de automóviles. Al respecto, el Informe de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017 apuntaba que se revisó el contrato INE/SERV/012/2015 –del 18 de agosto de 2015, y sus convenios modificatorios del 15 de abril de 2016 y 12 de mayo de 2017–, amparados en la partida presupuestaria 32503 “Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos”.
De acuerdo con la “Relación de contratos elaborados 2015” del INE, esa contratación se otorgó mediante la licitación pública LP-INE-001/2015 y benefició a la empresa Jet Van Car Rental, SA de CV. Ésta tuvo por objeto el “servicio integral para arrendar y administrar el parque vehicular que requiere el Instituto Nacional Electoral 2015-2018”, y ejerció recursos en 2017 por 201 millones 625.8 mil pesos.
Al revisar los entregables de mayo y octubre de 2017 –que sustentaron pagos por 16 millones 485.3 mil pesos y 16 millones 898.1 mil, respectivamente, por el arrendamiento de 2 mil 214 vehículos– consistentes en la base de datos “Verificación mensual” y los formatos de “Verificación de cumplimiento del servicio arrendado”, la ASF descubrió que de los 2 mil 214 vehículos sólo se presentaron 1 mil 660 formatos por un total de 24 millones 825.8 mil pesos.
Por ello, advirtió que el INE no proporcionó “evidencia de la documentación que soporte los pagos realizados por concepto del arrendamiento de 554 vehículos por 8 millones 557.6 mil pesos”. Y emitió un pliego de observaciones en el que señaló que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública federal por un monto de 8 millones 557 mil 615.23 pesos, por falta de la documentación soporte que acredite los pagos realizados por concepto del arrendamiento de 554 vehículos correspondientes a los meses de mayo y octubre de 2017”.
Además, luego de su intervención, el 30 de mayo de 2018, el director de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Nacional Electoral instruyó al subdirector de Transporte y Administración de Riesgos fortalecer los mecanismos de control y supervisión, “a fin de que se cuente con copia adicional digitalizada de toda la documentación de los ‘formatos de verificación de cumplimiento del servicio de arrendamiento’ que remiten los órganos centrales, delegaciones y subdelegaciones, correspondientes a los recursos ejercidos en la partida 32503”.
Al respecto, el INE asegura a Contralínea que ha entregado documentación y se ha mantenido en contacto con el órgano superior de fiscalización, pero que ha sido el personal de la Auditoría el que informó que habría retrasos porque “su revisión de auditorías contemplaba ejercicios fiscales desde 2014, por lo que el pliego de 2018 iba a demorar meses”.
La última entrega de documentos para atender el requerimiento de la ASF, se hizo el 21 de julio de 2021, pero “a la fecha no se ha recibido respuesta, información o petición adicional por parte de la ASF”, afirma el INE.
Adicionalmente, de este mismo contrato y sus dos convenios modificatorios suscritos con Jet Van Car Rental, la Contraloría General del Instituto observó que “en el expediente del proceso de contratación no se localizó documental que acreditara la realización de una detección de necesidades que justificara el número de vehículos considerados en el proyecto de contratación del servicio; ni la existencia de un estudio previo de factibilidad para determinar la conveniencia de la contratación, ni un diagnóstico de las condiciones que presentaban los vehículos propiedad del Instituto”.
La Contraloría agregó que de las siete unidades responsables auditadas, “ninguna utilizó el servicio de ‘call center’ para la administración de los vehículos, no obstante que fueron informadas de su disponibilidad. Por su parte, de la verificación física realizada a una muestra de los vehículos asignados a éstas, se detectaron casos en los que, habiendo recorrido más de 40 mil kilómetros, sus neumáticos no fueron sustituidos conforme a lo dispuesto en el contrato. En ese sentido, se observó que los enlaces y/o coordinadores administrativos no vigilaron el cumplimiento del contrato y no hicieron valer las condiciones pactadas para su aprovechamiento”.
El caso de los supervisores electorales
La segunda observación más onerosa es la correspondiente a la contratación de funcionarios electorales, y tiene que ver con sobrepagos y contrataciones no contempladas en el Manual de Contratación de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales.
Dicho daño al erario estaría compuesto por un monto de 6 millones 88 mil pesos en pagos realizados a 720 técnicos capacitadores electorales (cuyas plazas no forman parte de la normatividad), y por un monto de 42 mil 520 pesos en pagos en exceso a siete supervisores electorales y 14 capacitadores-asistentes electorales.
Al respecto el INE afirma que ya aclaró ante la Auditoría Superior (con documentación actualmente en proceso de revisión) que la contratación de “técnicos de capacitación electoral” no se norma por el Manual, sino por “otra normatividad relativa al personal con que debe contar el INE para el cumplimiento de sus fines constitucionales”. El Instituto aseveró que dio atención a los requerimientos de la Auditoría sobre esta observación en abril de 2018 y que complementó la información solicitada en febrero de 2019.
Sobre este caso, el Informe de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 señalaba que se revisó el ciento por ciento de la partida presupuestal 37901 “Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales”, que ejerció 226 millones 805.9 mil pesos. De éstos, 226 millones 704.2 mil pesos se pagaron vía nómina en los conceptos de PGC00 “Gastos de campo” y RPGC00 “Gastos de campo retroactivo”; mientras que la diferencia, por 101.7 mil pesos, se ejerció conforme al procedimiento establecido en los manuales de normas administrativas en materia de recursos financieros y de procedimientos vigentes en el ejercicio 2016, para el otorgamiento de gastos de campo (transportación y alimentación).
La ASF comprobó que con los 226 millones 704.2 mil pesos se pagó a 19 mil 371 prestadores de servicios; sin embargo, se determinaron inconsistencias:
“1. Se realizaron pagos a 720 técnicos capacitadores-asistentes electorales por 6 millones 88.9 mil pesos; sin embargo, no se proporcionó la documentación que acredite la autorización de dichos pagos.
“2. Se efectuaron pagos en exceso por 13 mil pesos a siete supervisores electorales, y por 29.5 mil pesos a 14 capacitadores-asistentes electorales.
“3. En relación con los mecanismos implementados por parte de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas para la asignación de los montos establecidos en los contratos celebrados con los prestadores de servicios por concepto de gastos de campo, el INE proporcionó los lineamientos y criterios para la determinación de Zonas de Responsabilidad Electoral y Áreas de Responsabilidad Electoral, así como las bases de datos de los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes electorales obtenida del Multisistema ELEC que sistematiza los trabajos realizados por los prestadores de servicios, y la de distancia en kilómetros y tiempo, para la asignación de los montos establecidos.”
Por ello, emitió un pliego de observaciones en el que “presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública federal por un monto de 6 millones 131 mil 378.86 pesos, por concepto de pagos por 6 millones 88 mil 858.42 realizados en los meses de enero a julio, octubre, noviembre y diciembre de 2016 a 720 técnicos capacitadores electorales en 13 entidades federativas consideradas en el proceso electoral y en seis estados adicionales (Coahuila, Colima, Distrito Federal ahora Ciudad de México, Estado de México, Nayarit y Tabasco), plazas que no se encuentran establecidas en el Manual de Contratación de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales; y por 42 mil 520.44 pesos por pagos en exceso a siete supervisores electorales y 14 capacitadores-asistentes electorales de acuerdo con los montos regulados en el citado manual”.
Consulta infantil y juvenil 2018
El tercer daño patrimonial corresponde a irregularidades en la producción de materiales para la consulta infantil y juvenil 2018. Sobre este punto, la ASF emitió un pliego de observaciones en el que “presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública federal por un monto de 5 millones 125 mil 504.09 pesos, por la falta de documentación que acredite que los proveedores entregaron los 2 mil cuadernos del contrato INE/082/2017, por 112 mil pesos; así como los 9 millones 390 mil 6 materiales del contrato INE/100/2018 por 5 millones 13 mil 504.09 pesos, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, así como el Reglamento del IFE en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios.
Respecto del contrato INE/082/2017, la ASF señaló que “no se proporcionó evidencia de la distribución de 782 mil 136 materiales a 147 embajadas y consulados en el extranjero del material adquirido que ingresó al almacén de la Deceyec [Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica], no obstante que era el objeto por el cual se efectuó la contratación del servicio, en incumplimiento del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”.
Otras irregularidades fueron que el informe pormenorizado de las inspecciones físicas no contiene fecha de emisión, ni nombre, firma y cargo del personal que lo elaboró; y que “en dos requisiciones que amparan 2 mil cuadernos por 112 mil pesos emitidas por el proveedor, no se incluyó el sello de recibido por parte de la Deceyec del INE, por lo que no se acreditó la entrega de los bienes”.
Acerca del contrato INE/100/2018, indicó las mismas anomalías en el informe pormenorizado; agregó que no se acreditó la entrega de los bienes, porque las remisiones emitidas por el proveedor correspondientes al material entregado en la Ciudad de México no contaron con el sello de recepción de 9 millones 390 mil 6 materiales, por 5 millones 13.5 mil pesos, por parte de la Junta Local Ejecutiva.
Del contrato INE/ADQ-0232/2018, la ASF aseguró que a la fecha de la auditoría (julio de 2019), el Instituto no proporcionó la documentación que acredite la distribución de un total de 520 ejemplares en las cuatro entidades federativas por 20.2 mil pesos, correspondiente a material adquirido que entró a los almacenes de las Juntas Locales Ejecutivas de Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán.
FUENTE: CONTRALÍNEA.
AUTOR: REDACCIÓN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario