En comunicado, el Movimiento Estatal De Mujeres lamentó que la gobernadora electa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, haya enviado al Congreso de su estado una iniciativa para modificar la Fiscalía Especializada de las Mujeres Víctimas del Delito por razones de Género (FEM).
Las defensoras de los derechos de las mujeres agrupadas en el Movimiento Estatal también lamentaron que las y los diputados acuerden la votación de esta iniciativa sin que haya un análisis de por medio.
Con la reforma que propuso la gobernadora electa se pretende extender el título de “Fiscalía Especializada de las Mujeres Víctimas del Delito por razones de Género” a “Fiscalía Especializada de las Mujeres Víctimas del Delito por razones de Género y atención a la Familia”. Con esta modificación también se busca que los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM) queden a cargo de esta fiscalía.
De acuerdo con las defensoras, ambas modificaciones son un “error de dimensiones mayúsculas”, ya que esa fiscalía fue creada tras reconocer el aumento de la violencia contra las mujeres en la entidad. Según sus reportes, sólo en lo que va del 2021 se han registrado 14casos de feminicidio y 162 homicidios dolosos contra las mujeres.
“Pretender que se atienda a la familia es un retroceso, ya que, al cambiar a las sujetas de atención, es cambiar el paradigma”, expresaron las defensoras.
Es de recordar que la FEM fue resultado del Acuerdo para el Cumplimiento de las Recomendaciones en el Informe de Fondo No. 87/10, Caso 12.551 “Paloma Angélica Escobar Ledezma y Otros”, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en agosto de 2001.
El objetivo de especializar una fiscalía, recordó el Movimiento Estatal, fue hacer frente a las desapariciones, el feminicidio y la impunidad presente en Chihuahua desde décadas atrás. De cumplirse este acuerdo, México evitaría que el caso sea litigado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), facultada para emitir sentencias internacionales; no obstante, cambiar las facultades de esta institución podría contravenir el acuerdo de la CIDH.
Por otro lado, el hecho de que los Centros de Justicia dependan de esta Fiscalía contradice la exigencia que se ha hecho desde sociedad civil para que éstos cuenten con mayor autonomía de gestión y ampliación financiera.
De acuerdo con lo que explicó el Movimiento Estatal, los Centros de Justicia fueron pensados desde el paradigma de la seguridad ciudadana y un modelo de articulación de las redes de colaboración, atención integral a mujeres e hijas e hijos víctimas de violencia, en un mismo techo sin revictimizar. No obstante, estos Centro siempre han sido una unidad administrativa de la Secretaría de Gobierno.
A fin de fortalecer las capacidades de estos Centros, se planteó y entregó al Congreso una iniciativa para lograr su descentralización y, a partir de esta figura jurídica, garantizarle autonomía de gestión y ampliación presupuestaria.
No obstante, con la iniciativa de la electa gobernadora los Centros no sólo no alcanzarían esta autonomía sino que bajarían de nivel, ya que pasarían de ser una unidad a depender de la fiscalía especializada de las Mujeres Víctimas del Delito por razones de Género, que funciona como otra unidad.
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