El método pareciera ser simple. El protocolo que el INE elaboró para este fin establece que las fiscalías deben enviarle las huellas o fotos de los cuerpos sin identificar, en formatos acordados previamente; el Instituto hace una revisión automatizada del padrón y devuelve a las fiscalías cuáles son las huellas y fotos del padrón que resultaron coincidentes. Sólo cuando las autoridades estatales confirman con un análisis pericial la identidad de las personas, el INE entrega los datos adicionales con los que cuenta.
Lograr una identificación depende de algunas variables: una es la calidad del trabajo que hicieron los Semefo, al momento de obtener las huellas de los cuerpos, y otra es que la técnica utilizada sea la misma que la del padrón electoral.
Maximilian Murck, director del programa de Fortalecimiento del Estado de Derecho de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ), sostiene que las huellas dactilares son uno de los tres identificadores primarios para devolver la identidad a las personas y, a diferencia de otros procedimientos, como la confronta de perfiles genéticos, es de bajo costo, además de ser seguro y ágil.
La razón para utilizar este método la explica el doctor Diego García Ricci, investigador de la Universidad Iberoamericana y especialista en privacidad y protección de datos personales: “Las huellas dactilares son únicas e irrepetibles”. Y añade, “los datos biométricos revelan ciertas características humanas, las cuales no sólo nos distinguen, sino que sirven para identificarnos y autentificarnos. El más común y el más utilizado en el mundo siguen siendo las huellas dactilares”.
Ambos expertos coinciden en que la identificación de personas fallecidas, a través del cruce masivo de huellas dactilares entre el padrón electoral y las muestras tomadas a los cadáveres no identificados, podría ayudar a paliar la crisis forense mexicana que asciende a más de 38 mil 500 cuerpos anónimos, de acuerdo con datos de una investigación de Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos.
Atender la crisis forense del país es urgente, sobre todo si se toma en cuenta que en las morgues podrían estar los cuerpos de personas que han sido reportadas como desaparecidas. Hasta el pasado 18 de agosto, en México se tenían 90 mil 769 personas desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con los datos públicos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Aunque la identificación por huellas dactilares parece prometedora, por su bajo costo y tiempo de ejecución, “ningún método es mágico”, advierte Volga de Pina, investigadora del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México. En la práctica, las autoridades forenses han encontrado obstáculos para utilizar este método que tienen que ver con la técnica y la calidad de los registros de huellas que, para algunos cuerpos, se realizaron hace más de una década.
Cruces de huellas
Desde 2016 las instituciones forenses del país, albergadas casi todas en las fiscalías estatales, firmaron un convenio con el INE para el intercambio de datos biométricos que permita identificar posibles coincidencias entre los cadáveres sin nombre y el padrón electoral, pero apenas quince estados han utilizado esta vía —además de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) y la extinta Comisión Nacional de Seguridad—, cuatro comenzaron a hacerlo en el último año: Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala.
En cinco años, el instituto recibió 53 mil 888 solicitudes de distintas autoridades federales y estatales para confrontar con el padrón, pero apenas hubo posibles coincidencias con 14 mil 444, es decir el 26.8%, y de estos, apenas se confirmaron vía dictamen forense 2 mil 385 (4.4%), respondió el INE a peticiones de información realizadas por el Proyecto A dónde van los desaparecidos.
En el padrón electoral también es posible buscar información sobre personas que actualmente están desaparecidas: las fiscalías e instituciones federales han enviado 26 mil 507 solicitudes al INE y este, a su vez, les ha devuelto 18 mil 773 posibles coincidencias. La limitante es la edad: el padrón sólo cuenta con datos de personas mayores de 18 años que hayan realizado el trámite.
Sin embargo, desde 2017 que inició en la práctica el intercambio de los datos biométricos, las solicitudes que recibe el Instituto han caído en picada: de 46 mil 781 en 2018 —casi la mitad realizadas por la Comisión Nacional de Seguridad y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas— a mil 736 entre enero de 2020 a marzo de 2021.
De hecho, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas pasó de enviar 19 mil 823 datos durante la gestión de Roberto Cabrera, el primer comisionado, a sólo 23 en la actual gestión de la comisionada Karla Quintana. Para este texto, se solicitó entrevista a la oficina de prensa de la comisión, pero no se tuvo respuesta.
Obstáculos para identificaciones masivas
“Los procedimientos forenses han sido de tan baja calidad y se ha dejado pasar tanto tiempo que ningún método por sí mismo es capaz de hacerlo todo. Es lo que no han entendido las autoridades. Así como a muchos cuerpos no se les tomó ADN antes de enterrarlos y por tanto no tenemos match, lo mismo puede haber pasado con las huellas dactiloscópicas”, explica la abogada Volga de Pina, quien también formó parte del Consejo Nacional Ciudadano, órgano independiente que vigila el cumplimiento de la Ley General en materia de Desapariciones.
Además, de acuerdo con García Ricci, de la Universidad Iberoamericana, existe un obstáculo técnico: algunos servicios médicos forenses continúan tomando las huellas dactilares con tinta sobre papel y rodando los dedos, de forma distinta a como lo realiza el INE, que recoge las huellas de manera plana.
La falta de la homologación de formatos para obtener estos datos y los posibles errores de los peritos a la hora de levantar y procesar los cadáveres sin identidad podrían limitar el cruce masivo de las huellas dactilares, coinciden ambos expertos.
Un obstáculo más ha sido la falta de actualización de los registros forenses, como fue el caso del ejercicio de confronta masiva liderado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en 2018. Las huellas provenían del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS), que manejaba la entonces Procuraduría General de la República pero que, al regresarle a las procuradurías y fiscalías estatales los resultados positivos, las autoridades se dieron cuenta de que varios de esos cuerpos ya habían sido identificados y entregados a sus familiares.
“Nosotros nos abocamos a la búsqueda de esa información acá, nos dimos cuenta de que en su gran mayoría ya eran personas que habían sido identificadas y que habían sido entregados a sus familiares y que por una causa u otra no fue alimentado el sistema y aparecían como no identificadas todavía”, esto fue lo que afirmó, en una entrevista con el proyecto A dónde van los desaparecidos en agosto de 2019, José Luis Leyva Rochín, entonces agente del Ministerio Público especializado en desaparición forzada de la Fiscalía de Sinaloa.
Al preguntarle sobre el mismo tema, la Comisionada de Búsqueda en el Estado de México, María Berenice Salgado —quien para el 2018 fungía como fiscal especializada en desapariciones en ese mismo estado—, recordó que las personas “habían sido identificadas en Semefo, entregadas, restituidas y todo, pero ese registro no había sido cerrado como correspondía, que era dándole el nombre y entonces lo que hicimos varios estados fue actualizar, y en otros tantos sí restituir”.
Para Maximilian Murck, de la GIZ, los casos de intercambio de datos biométricos exitosos muestran que se puede realizar identificaciones a corto plazo, sin obviar que es necesario mejorar la organización y coordinación del sistema forense.
Más allá de ello, el especialista reconoce que para mitigar la profunda crisis forense por la que atraviesa el país “hay que construir un consenso político y técnico sobre cómo llevar a cabo la identificación masiva en México”.
FUENTE: PROCESO/A DÓNDE VAN LOS DESAPARECIDOS.
AUTOR: REDACCIÓN/EFRAÍN TZUC.
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