El 8 de octubre de 2007, el Gobierno de Felipe Calderón envío al Gobierno de Coahuila el dictamen de la asociación civil FCCyT, actualmente bajo investigación judicial por presuntos malos manejos de dinero público, para cancelar toda acción de rescate de los 65 trabajadores atrapados desde el 19 de febrero de 2006.
Hill Mayoral, directora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación de Calderón, envió al Gobierno de Coahuila, el 8 de octubre de 2007, el dictamen de la asociación civil FCCyT, actualmente bajo investigación judicial por presuntos malos manejos de dinero público, para cancelar toda acción de rescate de los 65 trabajadores atrapados desde el 19 de febrero de 2006.
“Ante el escenario de peligro prevaleciente se recomienda no autorizar el ingreso a la mina, a fin de no comprometer la integridad física de las personas que participen en los trabajos de recuperación”, expresó Hill Mayoral al subsecretario de Protección Civil de Coahuila, Sergio Alberto Robles, a quien anexó el dictamen del FCCyT, según el oficio DGPC/0635/2007.
Tres días antes, el 5 de octubre de ese año, Javier Lozano Alarcón, Secretario del Trabajo de Calderón, también envió el dictamen del FCCyT a Humberto Moreira, Gobernador de Coahuila, para anticipar que se suspendería el rescate de los mineros, porque le recordó que la instrucción de su jefe era “privilegiar las labores del rescate hasta donde técnica y humanamente sea posible”.
En su “Informe de actividades junio 2006-junio 2008, Fernández Zayas detalló que para elaborar el dictamen el FCCyT convocó a un panel internacional de expertos en seguridad en minas que realizó los análisis y preparó el informe que fue revisado por un grupo multidisciplinario de académicos.
“Sus puntos de vista y observaciones fueron tomados en cuenta para la preparación de su dictamen. Una propuesta muy importante que se derivó de esos trabajos, fue el consenso respecto de la creación de un Centro Público de Investigación en el área de Minería”, escribió Fernández Zayas y concluyó:
“El proyecto posiciona a la ciencia y la tecnología en un lugar relevante. Ya no puede aceptarse la creencia del pasado, en el sentido de que la minería era una actividad en la que necesariamente tenían que morir cientos de personas. Ahora se habla ya de una nueva industria minera mejorada con la ciencia, la tecnología y la educación”.
Pero así como Fernández Zayas ocupó en el Gobierno de Enrique Peña Nieto los cargos de director del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt y director general de Investigación Científica y Tecnológica y Medio Ambiente de la Secretaría de Energía, Lozano Alarcón se adhirió al proyecto de Peña como Senador y luego como vocero del candidato priista José Antonio Meade.
Y Hill Mayoral es, desde el 24 de febrero de este año, la mano derecha del gobernador Barbosa Huerta, en la Secretaría de Gobernación, luego de que se incorporó a esa administración de Morena como titular de la Coordinación General de Protección Civil Estatal.
Ana Lucía Hill Mayoral, de origen sonorense, es hermana de Benjamín Hill Mayoral, quien este mes de septiembre fue designado “Chief Administrative Officer (CAO)” del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego de su paso por el Gobierno de Peña.
En noviembre de 2015, Benjamín Hill Mayoral fue designado titular de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuando el titular era su amigo Virgilio Andrade, quien exoneró a Peña Nieto por la compra de la Casa Blanca en las Lomas de Chapultepec.
Y antes de ese cargo en el Gobierno de Peña, Hill Mayoral fue asesor de Ernesto Cordero cuando era coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado.
En el Gobierno de Calderón fue secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción y jefe de la Unidad de Políticas para la Transparencia, mientras que su esposa, Alejandra Sota, era vocera del Gobierno federal.
Y como su marido, Sota Mirafuentes también encontró acomodo con Peña Nieto, cuyo Gobierno le otorgó millonarios contratos a la empresa de su propiedad, Integra Metas Estratégicas, S.A. de C.V.
Uno de los contratos de Peña a Sota, cuñada de la Secretaria de Gobernación de Puebla, fue por casi 20 millones de pesos para elaborar encuestas para el Sistema de Administración Tributaria (SAT) cuando Luis Videgaray era secretario de Hacienda.
Otro fue de 2 millones 757 mil 485 pesos de Pronósticos Deportivos, en 2016, y otro de 324 mil 800 de la Sedesol, cuando el titular era Meade, y uno más del Instituto Mexicano del Seguro Social, de casi 400 mil pesos.
Como consultora, Sota Mirafuentes trabajó en las campañas electorales de 2021 con Lía Limón, quien ganó la alcaldía de Álvaro Obregón y pretende ser candidata a jefa de Gobierno en 2024, y de Vidal Llerenas, alcalde de Morena de Azcapotzalco, que fracasó en su reelección…
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
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