En el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador entregado al Congreso de la Unión, dicha secretaría precisa que tales irregularidades también fueron encontradas por la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, así como por la captación de ingresos no concentrados en la Tesorería de la Federación y la falta de acreditación de registros contables.
“En las auditorías financieras y de cumplimiento se determinó un monto observado de 17,019 millones de pesos por presuntas irregularidades relacionadas con la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto; captación de ingresos no concentrados en la Tesorería de la Federación; falta de acreditación de registros contables; pagos de compensación a elementos de seguridad no justificados, así como adquisición de medicamentos a sobreprecio”, señala la SFP.
En el Registro de Servidores Públicos Sancionados se señala que del 1 septiembre de 2020 al 30 de junio de este año, se recibieron 227 expedientes de responsabilidad administrativa, de los cuales se concluyeron 122 procedimientos, que significaron imponer 43 sanciones.
Mientras que en el Sistema Integral de Responsabilidades Administrativas (SIRA), la Función Pública precisa que se recibieron 9 mil 082 expedientes de procedimientos de responsabilidades administrativas, de los cuales se resolvieron 5 mil 800.
En el rubro del Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, en el informe presidencial la SFP indicó que se recibieron 5 mil 395 alertas, de las cuales 3 mil 753 fueron determinadas como incompetencias; 840 están en proceso de construcción con las personas alertadoras o solicitando información a otras áreas de la SFP y/o dependencias de la APF; mientras que 747 se remitieron a investigación (62 concluidas por autoridades investigadoras y cuatro en substanciación) y 55 se encuentran en proceso de análisis.
Por otro lado, la SFP detalló que del 1 de septiembre del año pasado al 30 de junio de 2021, se recibieron 874 alertas, de las cuales 259 fueron determinadas como “incompetencias”; 566 están en proceso de construcción con las personas alertadoras o solicitando información a otras áreas de la SFP y/o dependencias de la APF; mientras que 47 se encuentran en investigación y dos fueron concluidas por las autoridades investigadoras.
“Entre octubre de 2020 y junio de 2021 se han implementado medidas de protección en 13 casos, las cuales han permitido garantizar la integridad laboral y psicosocial de las personas alertadoras; en nueve casos se encuentran solicitados y tres en proceso de implementación”, indica el informe presidencial.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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