En Aristegui en Vivo, Huett señaló que se trata de información preliminar y mencionó que dos personas, un hombre y una mujer quienes aparentemente son hermanos, realizaron la entrega de la caja. Indicó que el joven se encuentra grave en un hospital del gobierno estatal y se busca obtener por el momento la declaración de la mujer, quien tiene lesiones leves.
Mencionó que una de las hipótesis es que ambos fueron utilizados para llevar el paquete, que debía ser entregado en el exterior del local, por lo que se realizan las investigaciones correspondientes sin “criminalizar” a priori a los jóvenes. De las otras personas lesionadas, tres se encuentran graves.
Destacó que quienes enviaron el paquete tenían conocimiento del manejo de la cantidad de explosivos utilizados, así como del mecanismo para accionar la caja, ya sea desde el interior o a distancia mediante un dispositivo y lograr un daño focalizado.
Comentó que con la información que se tiene hasta el momento se puede hablar de una acción premeditada cuyo objetivo era el gerente del restaurante, dado que fue a quien entregaron el paquete con motivo del día de su cumpleaños.
Si bien no se puede descartar en la investigación la extorsión, de momento no existen elementos que permitan afirmarlos, ya que no existen antecedentes. La funcionaria aseguró que el gobierno estatal tiene claridad en “no politizar este tipo de temas” y destacó que este lunes se llevó a cabo una reunión con mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Guardia Nacional (GN), así como personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la fiscalía estatal. Será la Sedena la que realice el dictamen especializado sobre la bomba utilizada.
En el suceso fallecieron Mario Alberto Hernández Cárdenas y Mauricio Salvador Romero Morales. Ambos eran socios del restaurante Barra 1604, donde sucedieron los hechos la tarde del domingo.
La funcionaria aseguró que desde el gobierno guanajuatense no hay “miedo” o “preocupación” en tipificar lo sucedido como terrorismo, en tanto el artículo 245 del Código Penal local señala que se tipifica de esta forma el acto o los actos que realice cualquier persona con el objetivo de causar alarma, temor o terror en la ciudadanía y que la pena es de hasta 15 años de prisión.
En su conferencia matutina del lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó lo ocurrido y aseguró que es probable que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso por tratarse de uso de explosivos.
Además, pidió no especular sobre las causas de este hecho, tras ser cuestionado sobre la posibilidad de que se trate de un caso de extorsión por pago de derecho de piso.
“No queremos especular, vamos primero a conocer más sobre el caso, investigarlo, desde luego castigar a los responsables, que no haya impunidad”, señaló.
Sobre esta posibilidad de atracción, Sophía Huett aseguró que por parte del gobierno de Guanajuato “existe total apertura” y una plena coordinación con los tres niveles de gobierno, por lo que si la FGR decidiera atraer el caso, contraría con toda la colaboración del gobierno estatal, ya que se comparte el objetivo de esclarecer los hechos.
Defendió que Guanajuato se encuentra por debajo dela media nacional de muchos delitos como el robo a casa habitación, robo de vehículo, violación o extorsión, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“En el único delito que Guanajuato ha llegado a estar en los primeros lugares –hoy nos encontramos en el séptimo, octavo según sea el mes- por cada 100 mil habitantes es el homicidio” y que 9 de cada 10 estarían relacionados con la delincuencia organizada.
Consideró que, por lo tanto, el estado continúa recibiendo inversiones y es sede de eventos nacionales e internacionales. Sin embargo, existe la necesidad de invertir en la apertura de un nuevo penal, ya que los existentes enfrentan sobrepoblación.
Cuestionamientos a Zamarripa son un “tema político”
Por su parte, la Fiscalía General del Estado dijo en un comunicado que se inició una investigación forense y pericial y expresó “una enérgica condena” por los hechos.
Igualmente, mencionó que por instrucción del fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, una célula de Agentes de Investigación Criminal, especialistas criminalistas y forenses “recaban indicios para la elaboración de los dictámenes correspondientes y dar con los responsables de estos hechos”.
En torno a los cuestionamientos a la acumulación de poder y actuación del fiscal Carlos Zamarripa, Sophía Huett consideró que se trata de un “tema político” y que se debe brindar la confianza al personal que labora en la institución, que son un grupo de hombre y mujeres que actúan con profesionalismo.
También recordó que en su momento, los diputados que hicieron el cambio de ‘procuraduría’ a ‘fiscalía’, no encontraron elementos para no poder ratificar a Zamarripa en el caso.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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