Las violentas acciones que emprendió el gobierno federal --a través del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN)-- contra caravanas de personas migrantes en Chiapas en días recientes, que incluyeron la separación de niñas y niños de sus padres, generaron un repudio generalizado entre la sociedad civil.
Hoy, el Consejo Ciudadano del INM (CCINM), instancia civil que supervisa las acciones del INM, exigió un “alto a la violencia” y a las acciones de “persecución, violencia, captura, así como separación familiar de niñas, niños y adolescentes”, y sostuvo que durante el operativo de ayer en Huixtla han generado “diferentes violaciones a los derechos humanos”.
La denuncia del CCINM se sumó a la ola de indignación que provocaron los operativos violentos, los cuales quedaron exhibidos en videos tomados por periodistas en Chiapas, los cuales evidencian cómo agentes del INM y soldados de la GN hostigan, golpean y corretean a personas indefensas, les separan de sus niños o les obligan a quedarse en Tapachula.
“La violencia ejercida por agentes de migración es insostenible”, condenó el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), a la par de que el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano sostuvo que las autoridades utilizaron la separación de familias como “estrategia de coerción contra las madres y padres”, que INM y GN “vienen desarrollando desde hace días”.
El colectivo denunció “detenciones arbitrarias y sin respeto a protocolos básicos”, y recalcó que la queja interpuesta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no frenó el “abuso de poder, represión, uso excesivo de la fuerza y violación grave y sistemática de derechos humanos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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