El expediente, junto con las evidencias recabadas, fue turnado directamente a la oficina del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, es decir, no se envió a alguna subprocuraduría o fiscalía especializada, informaron fuentes de la administración saliente.
De las oficinas de la FGE sacaron cajas con documentos y evidencias del caso Duarte, y fueron enviadas mediante camionetas a la Ciudad de México, según detalló a este medio personal de la Fiscalía estatal.
Esto ocurrió antes del término de la gestión de Corral, durante la etapa de entrega-recepción a la nueva administración encabezada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
Los expedientes turnados a la FGR servirán para complementar una investigación que la propia Federación está preparando en contra del exgobernador priista, de acuerdo con las fuentes consultadas.
La Fiscalía de Chihuahua estima que Duarte tuvo un enriquecimiento inexplicable que asciende a 190 millones de pesos; este expediente se encontraba en la etapa de integración, por lo que nunca fue girada una orden de aprehensión por este delito.
Actualmente, Duarte se encuentra detenido en Estados Unidos sujeto a un proceso de extradición con base en 20 órdenes de aprehensión que fueron giradas en el fuero estatal en su contra por los delitos de peculado, asociación delictuosa y uso indebido de atribuciones y facultades.
Esos asuntos siguen estando en manos de la FGE-Chihuahua en la gestión de la nueva gobernadora Maru Campos.
Uno de los casos que retiene la Fiscalía estatal es el que se ha denominado “Nómina Secreta”, por el que se acusa a Duarte y otros exfuncionarios de haber desviado mil millones de pesos para presuntamente pagar sobornos a políticos, entre ellos, supuestamente, la propia Campos Galván, como dio a conocer Animal Político.
Sobre Duarte también pesa una orden de aprehensión a nivel federal a petición de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la FGR, que lo señala por presuntas retenciones ilegales de salario de funcionarios públicos para financiar campañas del PRI (“peculado electoral”) por un monto de 14 millones de pesos.
A esa orden de aprehensión federal se sumaría la que la FGR prepare por enriquecimiento ilícito del exgobernador.
Disputan propiedades ilícitas de Duarte
La defensa del exgobernador priista y la FGE-Chihuahua emprendieron una disputa por el control de propiedades que se le habían asegurado a César Duarte mediante procedimientos de extinción de dominio.
Desde el martes, la defensa difundió en medios que la Fiscalía estatal se había “desistido” de dicha medida cautelar y que le había “regresado” 10 propiedades al exmandatario, sugiriendo que ello demostraba que, desde un inicio, los inmuebles habían sido adquiridos legalmente por Duarte.
No obstante, funcionarios de la FGE rechazaron el señalamiento y detallaron que dichas propiedades quedaron momentáneamente liberadas debido a que recientemente la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales ciertas hipótesis para ejercitar la acción de extinción de dominio, por lo que algunos aseguramientos previos tuvieron que quedar sin efectos.
Aclararon que la Unidad de Extinción de Dominio de la FGE puede solicitar ante el juez nuevamente los aseguramientos bajo otras hipótesis.
Además, refirieron que aún están vigentes embargos, aseguramientos y declaraciones de abandono a favor del Estado respecto de otras propiedades quitadas a Duarte.
Al exgobernador se le han asegurado al menos 50 inmuebles con un valor superior a los 500 millones de pesos.
Uno de ellos es el Rancho El Saucito, en el municipio de Balleza, que tiene un área de 4 mil 300 hectáreas y donde se hallaron 1 mil 500 cabezas de ganado, entre caballos pura sangre y especies exóticas como llamas y bisontes, así como un aviario, seis presones, maquinaria y autos todoterreno.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ZEDRYK RAZIEL.
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