Las familias denunciaron que desde 2015 las autoridades han sido omisas en implementar un programa de protección y reparación que les permita regresar a sus hogares, de los que tuvieron que huir por la operación de grupos del crimen organizado que buscan apropiarse de sus tierras, la siembra de drogas y la tala ilegal de árboles.
Las audiencias constitucionales en las que se resolverá si los amparos son procedentes se llevarán a cabo los próximos 7 y 25 de octubre. Allí, las autoridades deberán pronunciarse sobre la reparación integral del daño, el acceso a la justicia, las condiciones de seguridad para el retorno a casa, las medidas de restitución del patrimonio en las comunidades y las providencias de no repetición, las cuales están ligadas al establecimiento de una Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado Interno, regulación al momento inexistente.
En conferencia de prensa, integrantes de las familias afectadas narraron las amenazas de las que han sido objeto por parte de los grupos criminales, sin que las autoridades den respuestas efectivas para su seguridad. Por ejemplo, Nubia Sánchez acusó que el crimen organizado le arrebató sus propiedades y asesinó a uno de sus hermanos por negarse a colaborar con sus integrantes.
Por su parte, Gabino Gómez reiteró que desde hace años los desplazados han exigido respaldo gubernamental para pacificar a la Sierra Rarámuri, sin que hayan tenido respuesta.
Frente a la omisión de los gobiernos federal y estatal, una de las familias desplazadas interpuso un amparo en mayo de 2021, por el que se le concedió una suspensión provisional para garantizarle vivienda, alimentos y otras necesidades básicas.
Un mes después, las familias Sánchez Lagarda y Soto Contreras interpusieron otro amparo por el que se les concedió una suspensión de plano, con la que se reconocieron las omisiones que han vulnerado su seguridad e integridad.
AUTOR: REDACCIÓN.
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