Fuentes enteradas me dicen que el operador de la sangrienta guerra a las drogas de Felipe Calderón y su abogado de oficio, Cesar de Castro, en este momento están revisando detenidamente más de un millón de páginas de pruebas incriminatorias para finalmente decidir si se van a un juicio con desenlace incierto o negocian una salida con los fiscales.
La semana pasada, Iván Reyes Arzate, quien formaba parte del círculo más cercano del ex secretario de Seguridad Pública de Calderón, llegó a un acuerdo con los fiscales en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, para testificar contra García Luna a cambio de salir libre en el corto plazo. El Departamento de Justicia espera que el sometimiento de Reyes Arzate ejerza presión sobre García Luna.
Se espera que Reyes Arzate, ex titular de la Unidad de Investigaciones Sensibles (SIU) de la Policía Federal, revele los nombres de sus cómplices políticos, lugares y fechas. El exjefe del grupo de élite operacional y de espionaje creado y financiado por la Administración de Control de Drogas (DEA), estaría en posición de demoler los cimientos sobre los que se construyó la edificación de la narcorrupción en México en el sexenio de Calderón. Sería el testigo estrella del juicio de García Luna como “El Rey” Zambada fue del juicio de “El Chapo” Guzmán.
Reyes Arzate y García Luna conocían sus mutuas componendas secretas con los cárteles desde que trabajaron juntos cuando el segundo dirigía la Agencia Federal de Investigación (AFI) en el Gobierno de Vicente Fox. No conviene a García Luna enfrentar a un testigo cooperante que conoce de primera mano el tejemaneje de sus presuntos tratos criminales.
La semana pasada, por enésima vez, la Corte Federal del Distrito Este pospuso la audiencia de procedimiento de García Luna que estaba programada para el 25 de agosto. A petición de los fiscales federales y de la defensa del encarcelado, que solicitaron prorrogarla 60 días, el juez federal Brian Cogan la reprogramó para el 26 de octubre de este año a las 9:30 de la mañana.
El 19 de octubre, una semana antes, se celebrará en la misma corte y ante el mismo juez, la audiencia sobre el arreglo preliminar con Reyes Arzate que incluye testificar contra García Luna.
Como parte de los preparativos del juicio, en el otoño se celebrarán audiencias secretas. En ellas, las partes discutirán y decidirán qué materiales secretos podrán presentarse ante el jurado en un juicio público.
Está por verse si, de haber juicio, saldrá a relucir evidencia sobre los presuntos nexos con el narco de otros integrantes del Gobierno de Calderón, si darán a conocer videos que corroboren que Calderón no sólo sabía, sino que solapó los presuntos tratos con el narco de su operador en la guerra a las drogas, o grabaciones de conversaciones entre Reyes Arzate con los Beltrán Leyva, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Eduardo Pequeño García y García Luna, y de éste con el expresidente panista.
Pequeño, ex titular de la División Antidrogas de la SSP, y Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Privada de la SSP detenido en julio por el delito de tortura en México, fueron sumados como cómplices en la demanda criminal actualizada contra García Luna en julio de 2020. Ambos son prófugos de la justicia estadounidense. Se asume que EEUU pidió su extradición.
Lo que seguramente se ocultará es información de inteligencia que comprometa a agentes de la DEA con el narcotráfico. Dirán que es tema de “seguridad nacional”. Quedará sin respuesta la pregunta de cómo es posible que la DEA no sabía que sus más estrechos colaboradores compartían lealtades con los cárteles.
Reyes Arzate, apodado “La Reina”, hacía lo que la DEA le ordenara. Era parte de su inventario mexicano. Gozaba de su plena confianza. Aprobó todos los exámenes y polígrafos que le aplicaron y tomó dos cursos en la Academia de la DEA en Quántico, Virginia. Si las órdenes ahora son mandar a la cárcel de por vida a García Luna, eso hará.
Reyes Arzate sobrevivió el cambio en Los Pinos de Calderón a Enrique Peña Nieto. Se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses en 2017, luego de ser confrontado por agentes de la DEA en México. Se disponía a regresar, tras cumplir una leve condena en Chicago por filtrar información a los Beltrán Leyva, cuando la Corte en Brooklyn lo acusó en enero de 2020 de haber recibido cientos de miles de dólares del narco a cambio de información “sensible” cuando era titular de la SIU.
No es inusual que los preparativos de casos complejos, como ha sido denominado el de García Luna, avancen con lentitud, sin considerar que la pandemia los ha prolongado todavía más. Con excepción de la audiencia donde se declaró no culpable, el resto de vistas ha sido virtual.
De ahí que lo más pronto que podría empezar el juicio, de haberlo, sería la primera mitad de 2022. Marcaría un hito. El hombre fuerte del calderonismo, a quien su desleal ex jefe finge apenas conocer, pasaría a la historia no como el súper policía “visionario” que describen sus defensores, sino como el primer Secretario de Estado mexicano en ser sometido a un juicio criminal en Estados Unidos por complicidad con el narcotráfico.
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