Los recursos que ha recibido el Foro Consultivo se encuentran en la mira, ya que, por una parte, el Conacyt ha denunciado la comisión de supuestas irregularidades; por otra, la Fiscalía General ha presentado una acusación contra 31 investigadores por supuesta “delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades”. A la par, los miembros de esta asociación han denunciado ser víctimas de una persecución.
Los recursos que ha recibido el FCCyT se encuentran en la mira, ya que, por una parte, el Conacyt ha denunciado la comisión de supuestas irregularidades; por otra, la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado una acusación contra 31 investigadores por supuesta “delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades”, a la par que los miembros de esta asociación han asegurado que durante años el Gobierno le ha dado el visto bueno al empleo de su presupuesto.
“Cuál es el meollo, no lo sé, no puedo entender esta magnitud tan exagerada de crimen organizado. Que nos revisen las cuentas, yo no tengo ningún problema, tengo la conciencia totalmente tranquila”, comentó en días pasados Gabriela Dutrénit, coordinadora del Foro entre 2012 y 2014, en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado para el programa Los Periodistas que se transmite en SinEmbargo Al Aire.
El Foro Consultivo es un órgano autónomo de consulta permanente del Poder Ejecutivo Federal, del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación y de la Junta de Gobierno del Conacyt y que además colabora con el Congreso en la elaboración de leyes.
En 2019 promovió un amparo contra la administración del Conacyt porque no se le dieron los recursos para operar. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que sobreseyó el juicio a la par que reconoció que sí existía “una relación de colaboración” de esta asociación, a la que dotó de legalidad su funcionamiento.
A decir del Conacyt, la disputa legal entre ambas partes inició cuando el Foro Consultivo “exigió” recursos anuales por 50 millones de pesos, los cuales el Consejo negó “bajo los principios de la austeridad republicana” y, en su lugar, “ofreció apoyar a esta asociación con un monto modesto”, el cual dio paso a la disputa legal.
“Durante el proceso judicial y defensa del Conacyt, se hicieron evidentes posibles irregularidades ejecutadas a través de asignaciones directas millonarias a favor del FCCyT A.C., desde distintos fideicomisos del Conacyt. Como consecuencia, la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt presentó una denuncia de hechos, sin señalar a persona alguna, ante el Ministerio Público y el Órgano Interno de Control”, precisó el Conacyt.
Seis excoordinadores señalaron el viernes que son infundadas las acusaciones de ilegalidad de la FGR y precisaron que es el propio Conacyt el que por Ley debe proporcionar los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Fondo.
No obstante, a la par de estos señalamientos, en marzo de 2020 la organización PODER reveló una serie de gastos que realizaban los coordinadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico en los gobiernos pasados, como compras de carnes frías, desayunos en restaurantes lujosos como el Saks de Polanco, gasolina para autos, servicios de estacionamiento, equipos celulares, tintorería y líneas telefónicas particulares, así como la adquisición de un inmueble.
En julio de 2019, en medio de los señalamientos del Conacyt, el Foro indicó que en el último año y medio había invertido 0.36 por ciento en telefonía celular “en apoyo de las actividades, no de la operación”; 0.67 por ciento en bocadillos, 7 por ciento en servicios generales, 18.92 por ciento en servicios personales para la administración y operación, y, en contraste, 70.7 por ciento en el desarrollo de proyectos.
Además señaló que como parte de su producción académica en el primer semestre de 2019 se publicaron seis números de la revista Fórum, realizaron ocho programas de comunicación pública de la ciencia transmitidos por Foro Tangible en colaboración con El Universal, además de realizar “notas INCYTU” para proporcionar a tomadores de decisiones información objetiva, pertinente y basada en conocimiento.
Sin embargo, la compra de una propiedad ubicada en el domicilio Melchor Ocampo, Casa #305 (antes 107), en una zona residencial del centro de la colonia Coyoacán, en la Ciudad de México, contraviene a la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Conacyt, pues en ningún momento se establece que el FCCyt debería tener personalidad jurídica, sin la cual es imposible realizar compras y contrataciones, entre otros actos.
“Lo que nosotros encontramos es que este dinero [que percibe el Foro] había sido utilizado para promover el paquete tecnológico de la industria transgénica, específicamente lo relacionado a Monsanto, que dicho sea de paso tiene demandado actualmente al Estado mexicano, y que internacionalmente ha sido multada al comprobarse que sus sustancias son causantes de cáncer, o probablemente cancerígenas que es el término científico que se utiliza. También encontramos que el recurso público de Conacyt estaba siendo utilizado por cierta cúpula científica de Sonora que estaba apelando a favor de Grupo México”, comentó Ricardo Balderas, periodista de investigación en PODER, en entrevista con la periodista Romina Gándara, co-conductora de Café y Noticias, programa de SinEmbargo Al Aire.
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico está integrado por una Mesa Directiva, conformada por 20 representantes de la academia y del sector empresarial, aunque los recursos con los que opera, según lo establece la Ley, son otorgados por el Gobierno.
De hecho, los recursos para adquirir la propiedad, de la cual da cuenta PODER, 30 millones de pesos aproximadamente, provinieron de un contrato para investigar lo ocurrido con el desastre minero en Pasta de Conchos, propiedad de Grupo México.
“El dinero para comprar esta casa lo obtuvieron con unos negocios que obtuvieron por la catástrofe de Pasta de Conchos. Uno de los abogados de los mineros me comentaba que, efectivamente, el Foro Consultivo era este grupo de académicos que estaban en contra del rescate de los mineros atrapados […] Ellos recibieron dinero por la aprobación de los dictámenes técnicos”, comentó Balderas.
Esta misma situación fue denunciada el viernes pasado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia de prensa matutina, la directora del Conacyt, la doctora María Elena Álvarez-Buylla, leyó uno informe en el que se señaló precisamente que esta Asociación Civil “adquirió un inmueble de lujo en el centro de Coyoacán […] con recursos que no justificó ante el Conacyt”, a la par que indicó que fue “la instancia responsable de emitir el dictamen en 2007 que justificó las omisiones de las autoridades federales en relación con el rescate de los cuerpos y la ampliación de investigaciones relacionadas con la mina de Pasta de Conchos”.
“O sea, un grupo predilecto del régimen anterior y entonces, como ya no se puede mantener estos privilegios, pues ahora se sienten perseguidos”, expresó el Presidente.
LA ‘EMPRESARIZACIÓN’ DE LA CIENCIA
Las mismas prácticas y la relación que han denunciado con el sector privado en gobiernos pasados fue exhibida en agosto pasado por un grupo de académicos, quienes emitieron un posicionamiento conjunto en el que advirtieron que la actual Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en el año 2002, mismo año en el que se fundó el Foro, “ha sido objeto de ocho reformas que permitieron una galopante privatización y liberalización de los recursos públicos”.
Los alrededor de 600 académicos de diversas casas de estudio de todo el país indicaron que el patrón común desde 2002, en el Gobierno de Vicente Fox, “fue la empresarización, la mercantilización de los sujetos del conocimiento, de los productos del conocimiento, de la administración de los fondos a través de 65 fideicomisos”.
“El 1 por ciento de los sujetos de apoyo de los fideicomisos recibió el 40 por ciento de estos recursos; con el dinero de estos fideicomisos se construyeron 46 edificios no aptos para fines de investigación, que quedaron en obra negra y que le costaron al país cerca de 739 millones de pesos. También de las formas de participación, pues el Foro Consultivo Científico y Tecnológico se transformó en una Asociación Civil que recibió recursos anuales por más de 50 millones de pesos”, denunciaron en ese sentido.
Uno de los firmantes, Víctor Manuel Toledo, extitular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, escribió el 24 de agosto pasado en el diario La Jornada cómo este “contubernio entre gobierno neoliberal y corporaciones” fue el nombramiento que en 2013 hizo el Presidente Enrique Peña Nieto de Francisco Bolívar Zapata como titular de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia.
“Es el científico que lideró la defensa e introducción de los cultivos transgénicos en México y a quien se debe que las secretarías de Agricultura y del Ambiente se aliaran con Monsanto, Syngenta, Dow y Phil para sembrar maíz y soya transgénicos. Esos intentos fueron detenidos por una demanda legal que una colectividad de 53 personas y 20 organizaciones logramos el 5 de julio de 2013 y contra la cual el gobierno neoliberal litigó a favor de las corporaciones usando recursos públicos”, expuso el exfuncionario y académico.
Una relación entre esta asociación y el sector privado, indicó a su vez PODER, es la de José Luis Fernández Zayas, coordinador del Foro Consultivo entre 2004 y 2008 durante el Gobierno de Felipe Calderón, quien para el Gobierno peñista prestó su firma para impulsar la Reforma Energética. De hecho, fue con Fernández Zayas que la Asociación Civil recibió aproximadamente 30 millones de pesos para investigar lo ocurrido con el desastre minero en Pasta de Conchos.
En la relación entre el Foro Consultivo y el Congreso, Gabriela Dutrénit, coordinadora del Foro entre 2012 y 2014, comentó a SinEmbargo Al Aire cómo desde esta asociación se han impulsado algunos cambios en la Ley como que las multas que impone el Instituto Nacional Electoral (INE) a los partidos políticos van al Conacyt, así como otras en materia de Ciencia y Tecnología. En reciprocidad, se dan cursos a los legisladores que integraron las comisiones en la materia.
No obstante, Dutrénit fue enfática en señalar que ella y sus compañeros son víctimas de una persecución y calificó como un exceso que la FGR busque privarlos de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, Estado de México, una cárcel de máxima seguridad.
“Yo no tengo problema que revise mi cuenta, ¿pero tengo que hacerlo estando presa en un penal de alta seguridad? Es un exceso. Que metan presos a los que tienen que meter presos, que sí los hay y que no están en la cárcel”, sentenció.
AUTOR: OBED ROSAS.
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