En entrevista con Cimacnoticias, Elisa relató que en noviembre de 2001 su entonces pareja y padre de su hijo le aventó ácido sulfúrico en el cuerpo y la torturó repetidas veces. Ella tardó en ser atendida por un hospital porque entonces ninguno estaba especializado para atender ese tipo de quemaduras.
Elisa fue atendida finalmente en el Hospital 20 de Noviembre, donde llevó un tratamiento quirúrgico para atender las quemaduras en la cara, los brazos, la espalda y el pecho, así como la amputación de un dedo en la mano derecha.
Dada su condición de salud, la madre de Elisa fue quien tuvo que firmar la denuncia que se presentó ante la Fiscalía desconcentrada de la alcaldía Benito Juárez, donde se integró la averiguación previa FDALVARO/43/USD01/00200/2001-11 contra su agresor, Javier Edilberto “N”, quien también era habitante del pueblo de San Luis, en Xochimilco, y se dio a la fuga.
Tras salir del hospital, Elisa decidió enfocarse en su recuperación. Cuando recobró las fuerzas para dar seguimiento a la denuncia, se enteró por parte de los MP de Álvaro Obregón, Benito Juárez, y la propia (entonces) Procuraduría de Justicia de la CDMX, de que no existía registro de su primera denuncia. Sin defensa legal ni recursos económicos para pagarlo, Elisa decidió dejar esa batalla.
No obstante, en 2019 su agresor regresó para intimidarla, agredirla y amenazarla de que intentaría matarla de nuevo. Frente a la posibilidad de vivir nuevas agresiones, Elisa decidió denunciar nuevamente ante la ahora Fiscalía General de Justicia de la CDMX, quien abrió la carpeta de investigación por violencia familiar y no por intento de feminicidio.
Ha sido gracias al acompañamiento de otras mujeres feministas que Elisa ha logrado dar a conocer su caso y continuar con las diligencias en la Fiscalía, quien fue detenido en febrero de este 2021 por el delito de violencia familiar.
De acuerdo con Elisa, la Fiscalía ha solicitado a varias instancias la carpeta de averiguación de 2001 pero nadie responde; sólo una oficina dice que sí existió la denuncia, con nombre de la víctima y fecha de la agresión, pero no aparece ningún registro sobre el agresor.
El pasado 18 de agosto, los juzgados del Reclusorio Oriente ya llevaron a cabo una audiencia para el desahogo de pruebas; lo que sigue ahora es que se lleve a cabo la audiencia del juicio oral, cuya fecha podría darse a conocer en próximos días.
Cuando el agresor fue vinculado a proceso, la familia de él (con solvencia económica) propuso a Elisa un acuerdo económico que ella rechazó. Esto derivó en que el hijo de ambos fuera agredido físicamente por esa familia y que ella recibiera más amenazas.
La defensa legal del agresor, aseguró Elisa, ha sido muy violenta incluso contra otras personas de la comunidad. Por ejemplo, un integrante de la familia del agresor buscó a uno de los testigos (también integrante de la comunidad) que apoyan a Elisa y le arrancó una oreja. Estos hechos constan también en una denuncia penal.
“La familia está haciendo un conflicto comunitario, que ya no nada más es la agresión hacia mí sino también a las personas cercanas, familia, amigos, conocidos. Es muy complicado acceder a la justicia y más desde una comunidad por la distancia. Influyen muchos factores, yo no tengo estudios (…) pero me doy cuenta de cómo es el sistema, llegar a que una carpeta pueda judicializarse es muy complicado para nosotras las mujeres”, detalló.
Para Elisa, lo más importante ahora es que se dicte una sentencia justa, que deje algún precedente. “El mensaje es claro, qué mensaje se le deja a los hombres de mi comunidad: ¿que un hombre puede matarte, quemarte, irse, regresar, sin algún castigo? Eso es lo que quiero que sepan los hombres de aquí en mi pueblo, que si te agreden y aunque se vayan y regresen 10, 15 años, que sepan que va haber una actuación por parte de las autoridades, que van a tener un castigo porque es lo menos que se merecen estos tipos.
AUTOR: ANGÉLICA JOCELYN SOTO ESPINOSA.
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