Según la denuncia, de la que Salvador García Soto da cuenta este jueves en su columna de El Universal, por esos hechos la fiscalía capitalina inició la carpeta de investigación CI-FICUH/STCPM/UI-3 C/D/00045/05-2021.
La denuncia, escribió el columnista, fue presentada por Ausencio López Ramírez, apoderado legal de DNV Energy Systems México, quien narró que dentro de las investigaciones y peritajes que llevaba a cabo su empresa para determinar las causas del derrumbe de trenes en Tláhuac, el pasado 3 de mayo, un paquete con muestras de la obra fue enviado a su filial en Estados Unidos para que se analizara.
El pasado 30 de agosto, a las 12:50, se recibió ese paquete de regreso en México a través de la empresa de paquetería FedEx, remitido desde territorio estadunidense por DNV GL USA Inc., conteniendo las muestras ya analizadas y la respectiva cadena de custodia judicial con la que fue enviado para su análisis al país vecino, por tratarse de evidencia de una investigación judicial en curso.
Un día después, el 31 de agosto, según la narración del abogado, la señora Milagro Trinidad González Santiago procedió a tomar fotografías del momento en que se abrió la caja, lo cual hizo en presencia de la señora Enoé Carmen Cao Fraga, quien presta servicios para DNV México como coordinadora de Servicios Marinos.
“Cuál no sería la sorpresa de ambas que una vez abierta la caja recubierta con los sellos de FedEx, pudo confirmarse que el registro de cadena de custodia no se encontraba en la misma y que el embalaje de las muestras (de la zona colapsada de L-12) había sido violado, estando una de ellas aún abierta, por lo que de inmediato avisaron a los directivos de mi representada, quienes me instruyeron a proceder de inmediato a informar lo ocurrido a usted”, dice en su denuncia el abogado de DNV en México, Ausencio López Ramírez.
Con base en la copia de la querella, Salvador García cita que el abogado informó luego al MP que ya se había solicitado a la empresa de paquetería FedEx la búsqueda de dicho registro judicial, y aclaró que la empresa DNV y su personal “actuaron perfectamente apegados a Derecho en el manejo del multicitado registro de la cadena de custodia”, por lo que son ajenos a la desaparición del documento judicial y solicitaron que sea el Ministerio Público quien investigue el paradero de la misma y que se sancione a quienes resulten responsables de este delito grave contra la administración de justicia.
Además, señala que, sin mencionar directamente al personal de la FGJ o a algún otro actor involucrado en las investigaciones solicitadas por el gobierno capitalino, la empresa DNV se deslinda de las responsabilidades penales y judiciales que puedan resultar de la ruptura de la cadena de justicia y la violación de sus muestras, lo que representaría un hecho que puede invalidar y alterar cualquier investigación judicial sobre el colapso de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México.
A partir de estos hechos, el columnista se pregunta: ¿A quién le conviene alterar y violentar el proceso judicial por el que se busca castigar a los responsables de la tragedia del Metro del pasado 3 de mayo?
Y ahí, dice, entran muchos actores, desde las empresas constructoras de la obra, las administraciones que contrataron y ejecutaron la obra, pero también la actual administración del gobierno capitalino que era responsable del mantenimiento de la obra que se derrumbó, causando la muerte de 26 personas.
“¿Quién quiere alterar el debido proceso para evitar que se sepa la verdad sobre la tragedia del Metro? ¿A quién le conviene que no se haga justicia ni se castigue a los verdaderos responsables de este hecho que enlutó a la capital de la República? Seguro a los que violentaron las pruebas de DNV y se robaron evidencias clave para el descubrimiento de la verdad y la administración de la justicia que todavía reclaman, cuatro meses después, los familiares de las víctimas de aquel derrumbe fatal la noche del lunes 3 de mayo pasado”, concluye.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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