Durante su aprehensión, Mónica Cuevas fue brutalmente torturada, incluso recibió un disparo en la pierna. Después de que unos oficiales la amenazaran con violar a sus hijas, se declaró culpable. Fue detenida en noviembre de 2010 acusada de secuestro y delincuencia organizada.
“(Cuevas) está muy mal porque va a cumplir casi 11 años encerrada y no le han hecho ni una sola audiencia, sigue todo parado como cuando entró”, dijo a Efe Issa Monzón, madre de la mujer.
Mónica, quien ahora tiene 39 años, fue detenida en noviembre de 2010 en el central Estado de México acusada de secuestro y delincuencia organizada.
Durante su aprehensión fue brutalmente torturada e incluso recibió un disparo en una pierna, pero después de que los oficiales la amenazasen con violar a sus hijas, se declaró culpable.
Entonces, y sin sentencia hasta el momento, la trasladaron a una prisión en el sureño estado de Oaxaca.
“Mi hija no lo hizo, la torturaron para decir que lo había hecho”, relató Monzón, cuyo relato coincide con el dado por su hija desde el reclusorio en varias ocasiones, en el que aseguró que firmó varios papeles cuyo contenido desconoció durante mucho tiempo.
A pesar de haber declarado en varias ocasiones haber sido víctima de tortura, no fue hasta 2020 cuando le aplicaron el protocolo de Estambul, un manual internacional para la investigación de tortura, cuya conclusión dictaminó que sí había recibido ese tipo de tratos.
Por esto, su madre y otros allegados realizaron esta semana una protesta frente al palacio de Bellas Artes, en el centro histórico de la Ciudad de México, y finalmente fue recibida por varios funcionarios del Gobierno local, quienes le aseguraron que mantendrían una reunión formal el domingo.
“Nos atendieron y nos dieron muchas esperanzas de que van a atender nuestro caso”, explicó Monzón.
ESPERAN PROMESA DEL GOBIERNO
La mujer expresó tener “mucha fe” ante la posibilidad de que la Ley de Amnistía pueda ayudar en el caso de Mónica.
En abril de 2020 el Gobierno federal promulgó la Ley de Amnistía con el objetivo de liberar a unas 6 mil personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas.
Asimismo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto el 25 de agosto para excarcelar a adultos mayores de 75 años, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, presos con 10 años sin sentencia y torturados.
Sin embargo, asociaciones civiles han denunciado que el decreto federal se queda corto porque crea un comité entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), pero sólo pide aplicar las leyes existentes.
Asimismo, un informe del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado reveló en agosto que el Gobierno mexicano sólo ha liberado a cinco personas tras más de un año de aplicación de la Ley de Amnistía.
El 6 de agosto, las autoridades liberaron en la capital a María Isabel San Agustín, mujer indígena que pasó más de 10 años de prisión en Ciudad de México, acusada de secuestro tras sufrir tortura, con lo que se considera la primera beneficiada a nivel nacional por los criterios.
“El caso de mi hija esta aquí en Ciudad de México y la trasladaron a Oaxaca, tenemos que ir y venir y ya no tenemos económicamente para movernos y estar allí. (…) Pero tenemos mucha fe en que ahorita sí nos escuchen”, terminó Issa Monzón.
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