El juicio, por tanto, lo seguirían desde prisión.
Así lo consigna el resumen de la acusación de 92 páginas que la FGR envió en agosto pasado a un juez federal para solicitar las órdenes de aprehensión en contra de los científicos y académicos. Aunque el juez ha negado en dos ocasiones concederlas, la Fiscalía anunció ayer que las solicitará por tercera ocasión consecutiva.
Animal Político tuvo acceso a este documento en el que los fiscales aclaran que, si bien aun no se puede “prejuzgar” a los académicos, estos son probables responsables de ilícitos que conllevan penas que van de una a varias décadas de cárcel, y sin derecho a fianza.
Y aunque en un comunicado emitido ayer la FGR dijo que se trata de un caso de delitos patrimoniales (como sería, por ejemplo, el robo), en el escrito enviado al juez lo que les imputa a los académicos son, en realidad, cuatro delitos considerados coloquialmente como graves: delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades.
Los investigadores arman la acusación basada en una premisa: los imputados participaron en un esquema para aprobar recursos que se destinaron al denominado Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC (FCCyT), que era una asociación privada financiada ilegalmente por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con dinero que debió destinarse exclusivamente para desarrollar proyectos de investigación.
La premisa de la FGR, construida a partir de la denuncia de la actual administración del Conacyt y complementada con otras 38 pruebas, sostiene que la Ley de Ciencia y Tecnología no justificaba la constitución de una asociación privada para financiar los proyectos de investigación, sino solo la puesta en marcha de un órgano colegiado que debió funcionar siempre desde el Conacyt. A partir de ahí, considera que todo lo desarrollado por esta asociación se convierte en una operación criminal y las pruebas que esgrime son sus actas, nombramientos y peticiones de presupuesto.
Se desglosan los puntos clave de esta acusación de la FGR construida directamente por su Fiscalía Especializada en combate a la Delincuencia Organizada, conocida anteriormente como la SEIDO.
¿Quiénes están acusados?
La Fiscalía General de la República señala a 31 académicos e investigadores en total, que provienen de instituciones como la CIDE, de la UAM, del Tec de Monterrey, entre otros. De ellos 25 son exfuncionarios de Conacyt durante la anterior administración mientras que seis son personas vinculadas al Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC: los 3 excoordinadores generales, 2 secretarías técnicas y el abogado.
Alfredo Higuera, fiscal especializado en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que no se pretende atropellar a la comunidad científica, y recordó que todo servidor público está bajo el escrutinio de instancias revisoras de presupuesto.
“No se cuestiona ni la calidad profesional de las personas que puedan estar contempladas en esto, no se pretende atropellar a la comunidad científica, de ningún modo, esto es un tema de manejo de recursos que se considera al margen de la ley”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para el noticiero Por la mañana de Radio Fórmula.
Explicó que la FGR replanteará la acusación para lograr que la autoridad judicial analice integralmente los hechos y los elementos probatorios con los que cuentan.
“Un juez emite un criterio que consideramos nosotros no atiende la totalidad de los planteamientos que se hicieron”, añadió Higuera.
¿Qué delitos se atribuyen a los científicos?
De acuerdo con el resumen de la carpeta de investigación presentado ante el juez, los 31 académicos son probables responsables de cuatro delitos: operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), delincuencia organizada, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Ello, como resultado de una presunta “organización criminal” formada por los académicos y liderada por Enrique Cabrero Mendoza, Julia Tagüeña Parga, Adriana Ramona Guerra Gómez, José de Jesús Franco López, Gabriela Dutrenit Bielous, Patricia Zúñiga Cendejas, David García Junco Machado, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez y Francisco Salvador Mora Gallegos.
“Conformaron una organización criminal estructurada, la cual entre 2013 y por lo menos hasta 2019, desplegó en forma permanente y reiterada conductas cuya finalidad fue la de cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues fueron desviados recursos del presupuesto público asignado al organismo público descentralizado Conacyt dándoles destino distinto de aquel para el cual debían ser dispuestos, con la única finalidad de beneficiar indebidamente a la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C”, dice el escrito.
¿Qué penas podrían afrontar?
Para aquellos a los que la FGR ubica en condición de dirigentes de la presunta organización criminal la FGR sugiere penas que podrían ir de entre 20 y 40 años de cárcel, mientras que para quienes los considera parte de la trama, entre 10 y 20 años. En ninguno de los casos se trata de sentencias que, eventualmente, alcancen fianza.
“Es importante hacer la aclaración que este razonamiento en ningún momento implica un adelantamiento de la pena y consecuentemente no es contrario al derecho de la presunción de inocencia, pero se trata del análisis en referencia al quantum del marco penal previsto pro el legislador (…) y pone de relieve que incluso la pena mínima que podría imponerse, constituye razón suficiente para pretender sustraerse de la misma”, dice la acusación de la fiscalía.
Además, por tratarse de delitos relacionados con posibles hechos de corrupción y delincuencia organizada, aun cuando apenas arranque el eventual proceso los académicos serían sometidos a prisiones preventivas de forma automática.
¿Por qué FGR quiere llevarlos a la prisión donde están “El Marro” o “El Mochomo”?
Si las órdenes de aprehensión se conceden bajo los términos que lo pide la FGR y los académicos son sometidos a un proceso penal, automáticamente deberán permanecer en prisión. Un encarcelamiento que teóricamente deberían realizarse en el penal más cercano a los juzgados de la circunscripción en donde ocurrieron los hechos, es decir, en Ciudad de México.
Sin embargo, en su escrito la Fiscalía desestima esta posibilidad y pide al juez, en cambio, que los académicos sean llevados al penal federal del Altiplano en Almoloya de Juárez, estado de México, una cárcel de máxima seguridad. Argumenta que “el hecho que se atribuye implica la recepción y adquisición de enormes cantidades de dinero”.
“Al tener las personas investigadas una capacidad económica obtenida de forma ilícita, podrían realizar actos de corrupción en algún centro con medidas de seguridad bajas o medias; o incluso poner en peligro la seguridad interna de las prisiones, por tener medios económicos para favorecer para sí un trato diferenciado o eventualmente ser auxiliados por miembros de la organización criminal que conforman”, dice. También cree la FGR que su vida podría estar en peligro en caso de que terceras personas afectadas por la investigación quisieran atentar contra su vida.
En el penal del Altiplano, los académicos eventualmente detenidos tendrían como vecinos de celda a algunos de los reos considerados como de mayor peligrosidad en el país. Entre ellos figuran, por ejemplo, José Ángel Casarrubias Salgado alias “El Mochomo”, líder del grupo delictivo conocido como Guerreros unidos, al que se ha señalado de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
En el ismo centro penitenciario se encuentra recluido desde el año pasado José Antonio Yepes alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa rosa de lima, organización criminal dedicada al robo de combustibles y narcotráfico, y ala que se responsabiliza de buena parte de los asesinatos ocurridos en los últimos años en Guanajuato.
En el Altiplano también están recluidos desde hace varios años algunos de los líderes de Los Zetas, uno de los grupos mas sanguinarios de las últimas dos décadas. Entre ellos figura uno de sus máximos líderes: Miguel Treviño Morales alias “El Z-40”, y su hermano Alejandro Treviño Morales “El Z 42”.
¿Por qué ordenes de arresto y no citatorios voluntarios?
En términos generales, la ley en México contempla que una persona que va a ser imputada de un delito debe ser citada de forma voluntaria para comparecer ante el juzgado. En caso de que no asista pueden girarse en su contra órdenes de presentación o de aprehensión.
Solo en casos excepcionales se contemplan desde el inicio el girar órdenes de captura en vez de otras medidas. De acuerdo con la fiscalía este caso es una de esas excepciones. Sus argumentos: que los científicos podrían ocultar o destruir evidencia que los incrimina, que cuentan con recursos para pedirle a terceros que lo hagan, o que incluso pueden darse a la fuga.
“Esta Fiscalía de la Federación estima que existen circunstancias que evidencian, con un alto grado de probabilidad, que los imputados pretenderán evadirse de la acción de la justicia”, indica la FGR.
Alfredo Higuera aseguró, en entrevista en Radio Fórmula, que se hizo un examen muy parcial y limitado de los elementos que presentó la Fiscalía y por eso se insiste ante el juez en la petición de órdenes de aprehensión. Aunque éstas son solo un medio de conducción del proceso y los jueces podrán dictar las medidas que ellos consideren pertinentes, aclaró.
¿Qué es el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. y por qué la FGR lo considera delictivo?
Se trata de una asociación civil constituida ante notario el 27 de septiembre de 2002. Su creación está avalada por la Ley de Ciencia y Tecnología y debería ejercer como organismo autónomo de consulta. Sin embargo, la FGR considera que sus atribuciones son una duplicidad del Conacyt y que esta debería haber constituido un organismo interno de apoyo y no una asociación privada.
En su escrito, los fiscales introducen un elemento de sospecha sobre la constitución del Foro: “inexplicablemente la asociación civil fue constituida tres meses antes de que fuera publicado el Estatuto que indebidamente permitía su constitución como persona moral”. Esto fue en 2002, sin embargo la denuncia solo abarca lo sucedido a partir de 2013, once años después de que el Foro fuese creado.
“Se trata de una entidad privada que se creó con la única finalidad de realizar las funciones públicas que le corresponden a un órgano de la administración pública”, dice la FGR.
La acusación no hace referencia a que el caso ya había llegado previamente a la Suprema Corte de la Nación, que en su sentencia MI/SS/D/9941/2021 determinó que la entrega de fondos estaba avalada por ley y que no existió irregularidad alguna. A pesar de ello, la FGR sostuvo que quienes solicitaron y aprobaron los presupuestos del Foro entre 2013 y 2019 forman parte de una organización delictiva para distraer activos.
Pero entonces, ¿se desviaba dinero? ¿Dónde fueron esos fondos?
Lo que la FGR convierte en delito son los 244 millones de pesos de los presupuestos del Foro Consultivo entre 2013 y 2019. “El destino de los recursos solicitados al Conacyt sería por conceptos como gastos personales, Infonavit, sueldos y asimilados a salarios, artículos de construcción, aguinaldos, impuestos de 3% a la nómina, IMSS y SAR, vacaciones, estacionamiento, energía eléctrica, celulares, etcétera, no así el de financiar proyectos de actividades directamente vinculadas con el desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación y modernización tecnológica” entre otros gastos que la FGR considera que deberían ser atribuibles al Foro.
“Los recursos que recibió la asociación civil en comento, fueron dispuestos y gastados en rubros completamente alejados e incompatibles, con el objeto social del Foro (…) pues se identificó que los recursos fueron operados para el pago de servicios personales como telefonía celular, estacionamiento, gasolina e incluso para la compra de un inmueble por parte de la asociación civil”, describen los fiscales.
En la denuncia de Conacyt se indicaba que el Foro recibió más de 471 millones desde su creación, aunque no se precisa por qué solo trata de judicializar los 244 del último sexenio. A pesar de ello, FGR afirma que “la finalidad de la organización criminal compuesta por los imputados tuvo como finalidad el echar a andar un esquema de lavado de activos, es decir, ejecutar conductas que la ley señala como delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita”:
¿Cuáles son las pruebas?
La Fiscalía presenta 39 datos de prueba, aunque la base de la acusación es la denuncia presentada por Conacyt en 2020. La mayoría de “pruebas” son nombramientos públicos y actas de reuniones en las que se solicitan y se aprueban presupuestos. En uno de los oficios se reclama la declaración patrimonial de Julia Tagüeña Parga, del que solo se desprende que fue nombrada directora adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt el 1 de abril de 2013, “teniendo entre sus funciones principales el manejo de recursos financieros”.
En su relato de hechos, la FGR considera que la decisión original de constituir una asociación privada como órgano consultivo de Conacyt es de por sí delictiva. Y, a partir de ahí, todas las acciones realizadas por sus integrantes se convierten en pruebas que refuerzan la tesis criminal.
Y ahora, ¿qué?
La FGR anunció que presentará por tercera vez cargos contra los académicos, por lo que la decisión volverá a estar en manos de un juez.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA, ARTURO ÁNGEL.
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