Así lo da a conocer este lunes el diario El Universal, que señala que, a pesar de que la carpeta de investigación se inició en octubre de 2020, no fue sino hasta el 21 de junio de este año que la FGR solicitó la documentación al juez Gabriel Regis López, quien realizó la denuncia contra la funcionaria.
Los integrantes del FCCyT denunciaron a la titular de Conacyt por haber desconocido el vínculo jurídico entre ambos organismos. En septiembre de 2019, el juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, admitió el juicio y concedió al Foro una suspensión con el fin de que Conacyt continuara con la entrega de recursos para su operación, en tanto resolvía el amparo.
No obstante, el Consejo no hizo entrega de los recursos durante varios meses, por lo que en marzo de 2020 el juez dio vista al Ministerio Público de la Federación, para que investigue la responsabilidad de María Elena Álvarez-Buylla, en su calidad de directora del organismo.
“La FGR inició la carpeta de investigación hasta octubre de ese año, pero no fue sino hasta junio de 2021 que solicitó al juez enviar copias del expediente de amparo, el incidente donde se determinó que el Conacyt incumplió con la suspensión concedida y un informe sobre el estado procesal de dicho juicio”, señala el reporte de la periodista Diana Lastiri.
El juez de Amparo solo remitió el incidente de suspensión requerido por la Fiscalía, en tanto que los autos originales del juicio fueron remitidos al Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito “para la substanciación de los recursos de revisión interpuestos contra la sentencia terminada de engrosar el 31 de diciembre de 2019, en la cual, por un lado, se sobreseyó en el juicio, y por otro se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa”.
Los recursos de revisión fueron resueltos el pasado 14 de julio por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó la legalidad de que el Conacyt entregara recursos al FCCyT hasta el ejercicio 2019, ya que en 2020 la normativa fue modificada y la partida fue eliminada.
El miércoles de la semana pasada, la FGR aseguró que volverá a solicitar una orden de aprehensión contra 31 exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por la presunta comisión de delitos de carácter patrimonial.
A través de un comunicado, anunció que, en su nueva solicitud, explicará lo que considera un hecho delictivo patrimonial imputable a 31 académicos y exfuncionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, luego de que un juez federal con sede en el penal federal de Almoloya, Estado de México, negara en definitiva las órdenes de aprehensión solicitadas.
“El Ministerio Público de la Federación no coincide con ese criterio y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas”, enuncia el comunicado.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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