El pasado 27 de septiembre se venció el plazo de tres días hábiles con el que contaba la FGR para presentar la apelación sin que ello ocurriera. Esto significa que la decisión del juez de no conceder las órdenes solicitadas en esta ocasión queda firme y es definitiva.
Autoridades de la FGR confirmaron a Animal Político que se optó por no presentar la apelación, pero aclararon que eso no significa que el caso esté cerrado. Por el contrario, continuará en integración la investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEDO) para, en su momento, volver a pedir órdenes de arresto.
La apelación que la Fiscalía decidió no presentar hubiera enviado el caso sin ningún cambio a manos de un magistrado federal para que este lo revisara y decidiera si ratificaba la negativa de conceder las órdenes de arresto del juez Salazar Hernández, o si lo modificaba y las otorgaba.
Sin embargo, ante las críticas hechas por el juez el cual encontró problemas tanto de fondo como de forma en el resumen de la acusación presentada por los fiscales, la Fiscalía optó por revisar el expediente y continuar perfeccionándolo para, a la postre, hacer otro intento.
Autoridades judiciales explicaron que no existe ningún plazo límite para que el Ministerio Público resuelva si cierra o no el caso, pues es su facultad constitucional ejercer la acción penal cuando así lo considere. No obstante, cualquier solicitud que se presente nuevamente ante este mismo juez u otro será revisada tal como ya ocurrió en los primeros intentos.
Prevén modificar lista de delitos
En sus dos primeros intentos la FGR solicitó al juez federal que ordenara la aprehensión de los 31 académicos por cuatro delitos: delincuencia organizada, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y peculado. Además, intentó que los implicados fueran recluidos en el penal de alta seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Sin embargo, los jueces encontraron múltiples fallas, desde la falta de argumentos con los cuales se pretendía detener con órdenes de arresto a los científicos (en vez de citatorios voluntarios) para recluirlos en un penal de este tipo, hasta la inexistencia de delitos que perseguir en el caso.
En ese contexto, y ante la hipótesis que la FGR mantiene de que hubo malos manejos por más de 200 millones de pesos, se está revisando la carpeta de investigación y se prevé realizar cambios importantes con miras a proceder de nuevo en contra de los supuestos implicados.
En una entrevista concedida al periodista Joaquín López Dóriga, el fiscal especializado en Delincuencia Organizada, Alfredo Higuera Bernal, adelantó que, si bien se pretende solicitar de nuevo las órdenes de captura, es posible que se intente por delitos distintos a los requeridos inicialmente. También se evaluará si se solicita en contra de una lista más reducida de académicos.
La finalidad, explicó el funcionario ministerial, es tratar de solventar el cúmulo de observaciones que el juez federal planteó para negar las órdenes de captura.
“Se está revalorando todo lo que hay en el expediente, y teniendo en cuenta las estipulaciones que hizo el juez en su decisión, y más bien, lo que resulte como producto de este análisis, y lo que determine hacia dónde se va a dirigir la acción institucional”, señaló el fiscal Higuera.
Hasta ahora la Fiscalía no ha esclarecido qué delitos intentaría imputar a los académicos que considere probables responsables, aunque en el comunicado que la FGR difundió la semana pasada dijo que se trataba de un caso de “delitos patrimoniales”. Dichos ilícitos son los que se definen en el ámbito del derecho penal como aquellos que afectan el patrimonio, y entre ellos figura, por ejemplo, los robos, los fraudes, diversas estafas, entre otros.
No obstante, por el momento las indagatorias del caso continúan a cargo de la Especializada en Delincuencia Organizada, que antes se conocía como la SEIDO.
Caso contra Álvarez-Buylla en seguimiento
Respecto a la carpeta de investigación que la FGR inició en contra de la actual titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, por una denuncia de desacato presentada por el juez federal Gabriel Regis López, autoridades federales indicaron que el caso continúa en integración, pero hasta ahora no se ha tomado una determinación.
De acuerdo con lo informado por medios de comunicación a principios de esta semana, se trata de un caso relacionado con la asignación de recursos al denominado Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., en el que laboraron varios de los académicos que fueron denunciados por el propio Conacyt.
Desde el año pasado el juez Regis López había concedido una suspensión en favor del denominado Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. –como parte de un juicio de amparo– que obligaba al Conacyt a continuar dotándole de recursos a esta asociación civil. Sin embargo, la administración de Álvarez-Buylla no atendió dicha petición.
En ese contexto el juez presentó la denuncia penal en octubre del año pasado, lo que dio paso a la apertura de la indagatoria. De acuerdo con las autoridades consultadas, el Ministerio Público aún continúa recabando elementos para determinar si existe o no un delito que perseguir.
La investigación de este caso en específico está a cargo de la oficina del subprocurador Juan Ramos, considerado mano derecha del fiscal Alejandro Gertz Manero.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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