En un comunicado, el organismo aclara que el requerimiento enviado al semanario el 15 de septiembre para coadyuvar en la investigación referida deja a sus directivos y a los autores del reportaje a salvo la opción de hacer valer el secreto profesional en todo momento.
“De ninguna manera, la revista Contralínea está obligada a revelar sus fuentes del ejercicio periodístico que realiza; incluso, en el requerimiento, el Inai fue puntual en señalar que, si existía para el medio o alguno de sus periodistas, cualquier impedimento legal para proporcionar la información con la que le relacionó la Oficina de la Presidencia de la República, así lo debía hacer saber a este organismo garante. Esto, en pleno respeto al ejercicio de la libertad de expresión, la labor periodística y el secreto profesional”, subrayó.
Y abona a sus argumentos:
“También, se debe puntualizar que no existe ningún apercibimiento legal en el requerimiento formulado, que determine alguna consecuencia jurídica o legal en caso de que el medio de comunicación no proporcione la información requerida; por tanto, queda descartada la posibilidad de que el Instituto inicie algún procedimiento para imponer alguna sanción a la revista Contralínea, como se mencionó incorrectamente”.
El Inai, enfatiza, manifiesta absoluto respeto por el derecho a la libertad de expresión y refrenda su compromiso como aliado del ejercicio periodístico.
En el comunicado, el Instituto reconoce que, a partir de la denuncia presentada por MCCI por la presunta divulgación indebida de información confidencial, contenida en facturas electrónicas, en la conferencia mañanera del 7 de mayo último, inició una investigación contra la Oficina de la Presidencia –no contra el titular del Ejecutivo, acota--, y el SAT.
Además, añade que, en respuesta a sus requerimientos, la Oficina de la Presidencia respondió que la información difundida en la conferencia matutina la recibió de una reportera de Contralínea, mientras que el SAT negó haber transferido datos en su posesión.
Con base en ello, explica, el Instituto notificó a la revista Contralínea, el 15 de septiembre pasado, un requerimiento para que coadyuvara en la investigación aportando información sobre la manifestación formulada por el sujeto obligado federal, en su calidad de tercero, como lo prevén los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.
El requerimiento formulado a la revista Contralínea, subraya, deja a salvo la opción de hacer valer el secreto profesional en todo momento.
Finalmente, el Inai precisa que la investigación se encuentra en trámite en apego a las atribuciones de este organismo garante nacional y se sujetará, en todo momento y dentro del plazo legal correspondiente, a los escenarios procesales previstos en la normatividad aplicable, respecto al actuar de los sujetos obligados del ámbito público federal, a quienes la denunciante imputó hechos presuntamente contrarios a la protección de datos personales.
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— INAI (@INAImexico) September 17, 2021
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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